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viernes, 6 de noviembre de 2020

#NadieSinAgua

 NADIE SIN AGUA EN LA COMUNIDAD DE MADRID



La Asamblea de Madrid aprobó ayer, por unanimidad, una Proposición No de Ley para la prolongación de la prohibición de los cortes de agua en la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, Más Madrid y Podemos, surge a iniciativa de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II que nos sugirió llevar la propuesta a la Cámara Regional. Es bueno recalcar que la medida consiste en prolongar la prohibición.

Es una buena noticia que todos los Grupos Parlamentarios se adhirieran a la propuesta. Después de un intercambio propositivo de ideas surgió la posibilidad de aprobar un nuevo texto a través de una enmienda transaccional al dispositivo original. Y no dejamos pasar la oportunidad. 



La mejor noticia es que nadie se va a quedar sin agua en la Comunidad de Madrid mientras la emergencia sanitaria esté vigente. 

A continuación os dejo tanto el texto de la intervención que tenía prevista como el enlace al video de la sesión. 

Los socialistas de Madrid seguimos trabajando en conseguir que nadie quede atrás en la salida de esta crisis sanitaria y social. 




5.4 Expediente: PNL 255/20 RGEP 24989

Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a impulsar las medidas necesarias para: 1.- Prolongar la prohibición de cortes de suministro de agua en los hogares de la Comunidad de Madrid donde presta los servicios de abastecimiento la empresa pública Canal de Isabel II. 2.- Que esta medida se mantenga hasta el 31-01-21. 3.- Que se considere la posibilidad de prorrogar esta medida si las condiciones de emergencia sanitaria continúan.

 

 Gracias Sr. presidente, Señorías,

Hemos hablado mucho de las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

La emergencia sanitaria, la más importante sin duda, no debe impedir observar el deterioro social que se añade a la ya insostenible situación de miles de madrileños y madrileñas.

Tal y como reflejamos en el expositivo de esta Proposición No de Ley, en España, según el Informe sobre exclusión y desarrollo social de la Fundación FOESSA, es decir, CÁRITAS, de 2020, la crisis del COVID-19 ha supuesto la paralización de la relativa recuperación de la crisis financiera de 2008 que se había experimentado desde mediados de la década, de forma que situaciones de alta vulnerabilidad pueden convertirse en pobreza y en un agudo empeoramiento de las condiciones de vida, por lo que es previsible que esta fractura social se traduzca en mayores niveles de desigualdad.

En la Comunidad de Madrid la desarticulación progresiva del estado social programada por el PP, y ahora CS, ha llevado a que más del 16% de la población este en condiciones de exclusión social. Caída de ingresos de la población más pobre mientras crecen los ingresos de las clases más acomodadas, con cerca de un millón de personas en situación de exclusión, moderada o severa.

La exclusión de la vivienda es la más preocupante y, junto al empleo, son las más excluyentes para nuestros vecinos y vecinas, sobre todo mujeres, población inmigrante extracomunitaria y familias numerosas y monoparentales.

Especial atención deberían tener los denominados trabajadores pobres.

En este contexto, la empresa Canal de Isabel II S.A. asumió plenamente el compromiso de no realizar cortes de suministro durante la vigencia establecida en los decretos ley que se promulgaron al efecto, siendo coherentes con el derecho humano al agua, tal y como se refleja en el informe A/75/208 del Secretario General de Naciones Unidas y su relator especial sobre los derechos Humanos al Agua potable y al saneamiento, Leo Heller,  del pasado 21 de julio de 2020, siguiendo la estela de la resolución A/HRC/RES/42/5 del Consejo de Derechos Humanos del pasado 3 de octubre de 2019.

Por lo tanto, y aunque será otro debate, el reconocimiento del Derecho Humano al AGUA y al SANEAMIENTO está en la Agenda 2030 y en los ODS y así debemos tenerlo en cuenta, en un futuro muy cercano, en nuestra legislación autonómica.

Se trata, por tanto, de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se puso de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Señorías,

Disponemos de un escudo social configurado entorno al Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por lo que continuar con la prohibición de los cortes es sencillo.

Todo parece indicar que la pobreza y exclusión social puede aumentar en nuestra región y, en esa situación, en el margen de nuestras competencias, el agua y el saneamiento deben estar garantizados para todos y todas, y en todo momento.

Estamos convencidos que este razonamiento lo compartimos todos y todas en esta cámara.

El agua, además, es un recurso más que necesario para combatir el COVID-19 en las mejores condiciones. Incluso está sirviendo para la trazabilidad del SARS-COV-2.

El CANAL YII, en la medida que es la principal empresa pública de esta Comunidad, debe ser mandatada por este poder legislativo para que, en la gestión del agua de todos los madrileños, prohíba los cortes en las fechas marcadas por esta proposición no de Ley. 

Esta medida ya fue tomada con anterioridad. Debemos continuar con ella.

Agradecer a la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II su trabajo constante no sólo para blindar el carácter público del agua en esta Comunidad, sino su afán en hacer del acceso al agua un Derecho Humano.

Gracias Señorías, Gracias Sr. presidente.






 


lunes, 1 de junio de 2020

Aprobado el INGRESO MÍNIMO VITAL



Ingreso Mínimo Vital, una cuestión de justicia social


Con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital se produce en nuestro país un hecho histórico que responde a la necesidad económica de redistribución de los ingresos y de erradicar la pobreza severa en nuestra sociedad.



Con la reciente aprobación, en Consejo de Ministros extraordinario, del Real Decreto que pone en marcha en nuestro país el Ingreso Mínimo Vital, se produce un hecho histórico que responde a la necesidad económica de redistribución de los ingresos y la obligación ética de erradicar la pobreza severa en nuestra sociedad. Pero, además, es una medida que se muestra imperativa ante las extraordinarias consecuencias que está generando la crisis sanitaria.

Esta disposición beneficiará en nuestro país a unos 820.000 hogares, de los cuales 100.000 son familias que recibirán ya en junio la prestación de oficio por su condición de extrema gravedad. Son colectivos que se encuentran abocados a la exclusión en un escenario de riesgo sanitario asociado a la pandemia. Esta prestación dará cobertura y mejorará la protección a la infancia garantizando una base homogénea de ingreso mínimo.

En la necesidad de fundamentar ese suelo uniforme, la prestación prioriza una actuación estatal sobre un campo que hasta ahora estaba cubierto por las comunidades autónomas en el marco de sus competencias asistenciales. Las ayudas en el conjunto del país son muy diversas y desiguales. En este contexto tan descentralizado como lo es nuestro país el Estado tiene capacidad de actuación en el marco de la Seguridad Social.

La pobreza severa en los Estados desarrollados es una “realidad oculta”. Se esconde y se ignora porque es la vergüenza que no se quiere mostrar. Su existencia sólo se entiende desde el desinterés o el egoísmo patológico de opciones políticas que han impedido abordar el tema con resolución. Son las mismas ideologías que han tachado de “broma”, “paguita”, “regalo”” la medida propuesta por el Gobierno de Sánchez.

Sin embargo, hay sectores conservadores que dan por hecho que el ingreso mínimo vital es una herramienta adecuada de protección a los más vulnerables. Son conscientes de que las transferencias monetarias son instrumentos útiles frente a la pobreza, pero la circunscriben al tiempo necesario para salvar la actual crisis producida por el COVID 19.

La pobreza severa sólo se entiende desde el desinterés o el egoísmo patológico de opciones políticas que han impedido abordar el tema con resolución, las mismas que han tachado de “broma”, “paguita” o “regalo” la medida propuesta por el Gobierno de Sánchez.

 

Pero ésta no puede ser una herramienta coyuntural al contexto de la pandemia. España es uno de los países de la OCDE con mayores tasas de pobreza severa y una peor distribución de la renta. La pobreza y la exclusión social distan mucho de ser fenómenos coyunturales en nuestro país. El Ingreso Mínimo Vital aprobado es un paso decidido en el camino de la justicia social y ha venido para quedarse.

Y es que la medida tiene una poderosa racionalidad económica. Recientemente María Luisa Carcedo, secretaria General de Sanidad y Consumo del partido socialista ha sido clara al escribir en un conocido medio digital que “Todos los recursos que se coloquen en las rentas bajas se vuelcan de hecho en la economía productiva del país, lo que no ocurre con las de rentas con grandes capacidades de ahorro”.

La cuestión es que “las decisiones del gobierno del PP en la gestión de la última crisis llevaron a nuestro país a cotas de desigualdad que lo situaban entre los más desiguales de la UE”. En este sentido los gobiernos de Rajoy no nos dejaron en la mejor situación para afrontar futuras crisis y menos la gigantesca crisis social y económica subsiguiente a la pandemia del coronavirus que ha agudizado de manera dramática esta realidad. Esta “situación compromete a los niveles de justicia social y cohesión del país”.

Vivimos tiempos acelerados por las constantes medidas adoptadas para doblegar el frente de batalla contra el coronavirus. En este contexto cualquier actuación puede parecer precipitada o poco meditada, pero no es el caso. Ya en julio de 2015, el presidente Pedro Sánchez prometió en Mérida crear “un Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que proporcione unos ingresos mínimos para las personas en situación de pobreza y que refuerce y extienda las prestaciones por hijos a cargo para eliminar la pobreza infantil en este país.

El futuro gobierno socialista, va a destinar y va a multiplicar por seis los recursos destinados hasta ahora a paliar la pobreza en nuestro país hasta alcanzar los 6.000 millones de euros al año. Como presidente del Gobierno mi compromiso será acabar con la pobreza infantil en cuatro años. Ese será el compromiso del Partido Socialista”.

Lo que se recogió en Programa electoral que el PSOE presentó en la convocatoria a Elecciones Generales del año 2019. En la página 99 puede leerse el compromiso de “Poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital estatal, de carácter no contributivo, que asegure a las personas un nivel básico de ingresos ante posibles contingencias con el fin de evitar que ninguna persona u hogar caiga en situaciones de absoluta desprotección, que dificulten su reincorporación a la vida normalizada”.

El Ingreso Mínimo Vital formaba parte del programa electoral socialista y también del partido político socio del gobierno de coalición. Se incorporó al acuerdo de gobierno y la crisis del COVID 19 ha adelantado su diseño definitivo y su implementación porque la crisis generada está produciendo mucho dolor y sufrimiento. Situaciones críticas entre los más vulnerables. Era necesario reforzar la capacidad redistributiva de las políticas públicas y consolidar esta red de protección social. Nadie se puede quedar atrás, todos somos necesarios.

Para ver la noticia en La Socialista, pinchar aquí .