Discurso de Ángel Gabilondo #DER18

Discurso de Ángel Gabilondo en el Debate del Estado de la Región 2018 

14 de septiembre de 2018

Partimos de la consideración de que usted, señor presidente, a pesar de sus silencios, ha insistido en varias ocasiones en que su política busca ser una continuación, e incluso, la culminación de la gestión desarrollada por el Gobierno de la señora Cifuentes.

No compartimos esa orientación de su política, inconsistente e insostenible, sin horizontes, que está desorientada, que es pura inercia de lo que se impone, y es apática respecto de sus resultados para el bienestar general de la población.

Su política se sostiene en un modelo falso, en un espejismo. Su ensoñación consiste en considerar que la vida cotidiana y las posibilidades son singularmente boyantes en nuestra Comunidad por su potencial económico. Pero la política de su Gobierno carece de otro horizonte que la pura continuidad, que no aborda con seriedad los problemas. Su modelo no es ni justo ni sostenible, aunque haya servido para mantenerles en el poder.

Habla de tender puentes, pero cree que lo más interesante para la Comunidad de Madrid ha sido ignorar a los grupos que no suscriben explícitamente sus postulados. Excluye a media Comunidad. Un grave error que le impide presentarse ahora como consensuador o dialogante. Y, en su caso, ha tratado de rentabilizar los apoyos con una visión, a nuestro juicio, de muy poco alcance y de poco compromiso con los problemas de la población.

Conocemos su estrategia habitual de desviar la atención del asunto de que se trata, de hablar de otros, de los otros, de lo otro, de otras regiones, de otras personas, de otras instituciones. Todo menos afrontar su responsabilidad con una valoración ecuánime de la situación. No estaría mal que debatiéramos, como la convocatoria exige, acerca de la Orientación Política General del Consejo de Gobierno. Toca hablar de ustedes, de su labor.

Limitarse a compararse con los demás es ratificar la mediocridad; sin embargo, compararse con lo que uno puede y debe hacer es buscar la excelencia. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha confundido la estabilidad con el estancamiento, y el realismo con la resignación. Y lo que es peor, ha confundido la libertad con la actuación sin miramientos de quien más poder y recursos tenga, dada su concepción de la participación y de la democracia, por su forma de gobernar, en definitiva, por su cultura política de apropiación del poder. 

No basta con descalificar a lo que llama la izquierda y sus destrozos para sostener que solo puede haber estado de bienestar y crecimiento económico si gobierna el Partido Popular. Este no puede ser el juicio del presidente de la Comunidad.

Parecen haber demostrado que entienden las políticas, los servicios y los recursos públicos como un ámbito más con el que proporcionar ventaja al ya aventajado, riqueza al ya enriquecido, y poder al ya empoderado. Y no conciben institucionalmente que su política se ha de dirigir a todos, piensen lo que piensen y voten lo que voten.

El asunto es especialmente grave si precisamente ahora, en el proceso final de la legislatura, comienzan a exhibir planes de todo tipo y macroproyectos plurianuales que comprometerán a posteriores gobiernos, sin acordar con las fuerzas parlamentarias, endeudando próximas legislaturas, y dejando constancia en cierto modo de que a última hora se pretende concebir lo que no se ha realizado ni a su tiempo ni en el modo adecuado. Planes que son una autoenmienda y subraya lo que ni siquiera han abordado.

Y ahora enumera más actuaciones que harán con el presupuesto. Parece grandilocuente llamarlas proyectos.

Sería improcedente no reconocer hasta qué punto el Gobierno ha actuado distraídamente, ocupado en despejar las reiteradas constataciones de modos de proceder irregular, y en no pocos casos corruptos, que ha afectado al corazón mismo de las instituciones, alcanzando a la Presidencia de la Comunidad. Creo que al respecto no es necesario hacer un listado ni un relato. Pero es elocuente su silencio, señor presidente. Y en lugar de afrontar esa situación, el Gobierno se ha limitado a ir supeditado y al remolque de la fuerza incontestable de los hechos y de la posición exigente de determinados grupos parlamentarios.

El Gobierno habría de haber cumplido con tres objetivos:

1. Regeneración democrática y recuperación de la confianza en las instituciones de nuestra Comunidad.

2. Impulso a un crecimiento y desarrollo económico justo.

3. Calidad de los servicios públicos prestados por la Administración regional.

Un Gobierno que pusiera en el centro de la vida política de nuestra Comunidad a las personas. 

En su lugar, nos encontramos con el pacto de la resignación, que consolida un viejo modelo dañino para los servicios públicos, para la igualdad de oportunidades, para las instituciones y el fortalecimiento de nuestra democracia, tal y como tristemente se ha demostrado estos años. Y muy en singular en este último.

Una vez más, ha quedado patente que estamos ante la legislatura de la pérdida de oportunidades, de la no transformación social y de la parálisis política.

Con sus políticas continuistas se resiente la equidad, al no apostar por los servicios públicos decididamente. Su Gobierno reduce la política a economía. A una economía mal entendida, sin transición ecológica ni alcance de transformación de la sociedad, cuyo termómetro se limita a los avatares del Producto Interior Bruto y sin que ello haya incidido de modo decisivo en el desempleo. Las mejoras del PIB no llegan de igual forma a las familias. El crecimiento en nuestra región, con su política, no es un crecimiento inclusivo.

La economía crece en Europa, en España y en Madrid, pero la calidad de vida empeora y, a pesar de tener un crecimiento de un 3,7% en los últimos tres años, no hemos sido capaces de aumentar la tasa de actividad.

En 2015 había 3.408.500 personas activas frente a los 3.397.700 del segundo trimestre de 2018. El mercado de trabajo madrileño refleja cierta expulsión y falta de atractivo para los trabajadores. Y además ¿qué tipo de trabajo crean? No con calidad e igualdad.

En 2007 había 209.400 parados frente a los 410.000 que recoge el segundo trimestre de 2018 de la EPA.

En nuestra Comunidad hay 398.292 autónomos y emprendedores. Según su estrategia de empleo 2018-2019, de 400 millones, 17 millones y medio (17.547.280) beneficiarán a 27.590, un escaso 6,67% del total.

La población activa en un sector estratégico de primer orden, como debía ser la industria, ha bajado sustancialmente y apenas ocupa al 6,76%, y el índice de producción industrial, de junio de 2018, muestra una variación interanual de menos 7,8%.

 Y, como a su juicio acrítico, señor presidente, la región está razonablemente bien, no parece encontrar necesario fijarnos en que una economía como la madrileña, que representa el 20% del PIB nacional, supone solo el 11% de las exportaciones del país en 2017.

Dice que su modelo es de éxito. ¿Sabe cuál es su mayor logro?: consolidar nuestra región como una región desigual, con 1.349.295 personas en riesgo de pobreza y de exclusión social, que sube del 15,1% en 2015 al 16,9% en 2017; con salarios devaluados; con precariedad laboral, sin una Renta Mínima de Inserción suficiente (sigue pendiente la reforma de la Ley 15/2001 aquí demandada reiteradamente); con demoras excesivas en la prestación a las personas dependientes, -34.171 con derecho reconocido sin recibirla-; con el traspaso de gastos sociales y educativos a las familias; sin apoyo efectivo a las empresas para internacionalizarse y digitalizarse, o a la industria madrileña para modernizarse.

Sin una política activa de igualdad que ha terminado por consolidar la brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres (el 56,6% de los contratos indefinidos son para hombres y solo el 43,4% para mujeres) y con muchos menores en situación de vulnerabilidad en nuestra Comunidad, en la que por cierto hay 56.300 desempleados con menos de 25 años.

¿Qué crecimiento es ese incapaz de redistribuir y universalizar el bienestar? En definitiva, ¿para quién gobierna? El objetivo habría de ser conseguir el mayor nivel de bienestar para el conjunto de la población y luchar eficazmente contra la precariedad, la desigualdad y, especialmente, contra la pobreza. Y más en concreto contra la pobreza infantil, termómetro de la injusticia del modelo. Su reducción significativa ha de ser uno de nuestros objetivos primordiales.

Así que su Gobierno no solo carece de voluntad transformadora, ni siquiera tiene ambición reformista, ni es capaz de generar ese crecimiento inclusivo. Madrid crece, pero crece mal.

¿De qué sirven las grandes cifras macroeconómicas positivas si no evitan el sufrimiento y la discriminación?

A su vez, la falta de presencia institucional en Europa y, la poco exitosa y tan anunciada captación de empresas tras el Brexit, supone ignorar que ser de Europa no es simplemente tratarla como un espacio de rentabilidad. La política de su Gobierno está incomprensiblemente alejada de las capacidades que nos ofrece y de la corresponsabilidad que nos exige ser una potencia que habría de formar parte de las regiones líderes de Europa. El Gobierno de la Comunidad de Madrid carece de proyección europea.

No nos satisface la política fiscal de su Gobierno que está diseñada para unos pocos a costa de la calidad de vida y el bienestar de la mayoría, por más que quiera presentarse de otra forma. Su sistema fiscal no cubre ninguno de los objetivos que debe tener un modelo serio de política tributaria.

No consigue el nivel de suficiencia de recursos necesarios para financiar los servicios públicos de calidad, las políticas de integración y la lucha contra la pobreza.

Tampoco resulta un instrumento eficaz de redistribución, al carecer de la progresividad necesaria.

Además, su política fiscal no es seria ni eficiente desde el punto de vista de la gestión económica y financiera de la Comunidad. En años de crecimiento económico disparan la deuda de la región, casi un 30% solo durante esta legislatura. No le llame a eso fiscalidad moderada, sino que es ideológicamente extremista.

Su voluntad de “blindar la capacidad fiscal de la Comunidad de Madrid y de las demás comunidades autónomas”, a fin de garantizar nuestra autonomía financiera al amparo del artículo 156 de la Constitución, presentada frente a las instancias del Gobierno de la nación, ignora que ese artículo también dice que esta autonomía financiera es “para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda española y la solidaridad entre todos los españoles”. ¿O es qué pretende una Comunidad aislada y enfrentada al resto? La autonomía no es independencia. Y recuerde que habla mayoritariamente de impuestos cedidos por el Estado.

Y sin duda una comunidad autónoma ha de tener como prioridad contribuir e impulsar una adecuada suficiencia financiera de los municipios. Y su Gobierno tampoco lo ha hecho.

El objetivo del reequilibrio territorial ha de hacerse de forma transparente y rigurosa para evaluar y corregir desequilibrios. Lamentablemente, los programas PRISMA y PIR  no cumplen con las mínimas normas de buen gobierno de lo público. Es de nuevo, en los últimos meses de la legislatura, cuando ustedes anuncian abordar las obligaciones contraídas, confundiendo gestión y electoralismo.

De los 525 millones de euros efectivos, (y no 700 millones, ya que 175 los reparten ustedes sin criterios públicos), se han ejecutado 325, de los cuales 135 son para gasto corriente, por lo que queda sin ejecutar un 48%.

Del PRISMA 2008-2011, ampliado a 2015, quedan, 10 años después de su inicio, cerca de 50 millones de euros por ejecutar.

Es imprescindible apoyar a los municipios, ya sea para el saneamiento de sus cuentas como para asumir las consecuencias del reto demográfico y paliar la despoblación de nuestro territorio.

Ciertamente, con todas sus limitaciones, la sanidad de Madrid es buena, y nuestra educación también, pero no las políticas sanitarias ni las políticas educativas, más empeñadas en imágenes globales que en la efectiva resolución de los problemas ciudadanos, de los problemas del personal sanitario y del profesorado. Los profesionales son magníficos, pero las cosas no van bien. Y si usted considera que sí, esto ya por sí solo marca la diferencia. No basta con limitarse a sostener los servicios públicos, cada vez con mayores deficiencias y necesidades. No nos engañemos.

Tras el abandono efectivo de los grandes hospitales públicos, por poca inversión y mal mantenimiento durante la legislatura, llega ahora la proclamación de que eso ya no será así. Nos lo anuncian al final de la misma. Tres periodos de sesiones sin atisbos de esa necesidad y ahora que no hay tiempo para mucho más se reconoce que es preciso proceder de otra forma: La Paz, el Gregorio Marañón, o el 12 de Octubre.

Su peregrinaje por los hospitales con anuncios de fantasiosas inversiones para un futuro que no tiene, y que está en manos de los ciudadanos en las próximas elecciones, es más la ratificación de lo no hecho que cualquier otra cosa: planes sin aprobación formal ni presupuesto real, lejos de la recapitalización de los hospitales a medio plazo a través de un acuerdo de la Asamblea y tras haber rechazado todas nuestras propuestas de más fondos de inversión y de mantenimiento para los hospitales en los presupuestos últimos. ¿Qué hay de la anterior Clínica Puerta de Hierro como hospital de cuidados y recuperación funcional de pacientes? Si no han pasado de crear un grupo de trabajo…

Los datos de lista de espera (de cirugía, de consulta y de pruebas diagnósticas) siguen siendo tan altos o más que cuando llegaron al gobierno en 2015. Y es especialmente significativa la espera para consulta de salud mental de niños y jóvenes, tantas veces denunciadas aquí.

Además, no han sido capaces de presupuestar adecuadamente el Servicio Madrileño de Salud y de gestionar eficientemente ese presupuesto.

Y lo que es más grave: la penetración de los intereses privados en la sanidad pública abre paso a un modelo de gestión privada desde el seno mismo de las instituciones públicas, ofreciendo posibilidades de atención, en una competencia desleal realizada, en último término, con presupuesto público.

No podemos dejar de subrayar las carencias, dados los recortes de plazas y de recursos específicos, en los centros residenciales tanto de menores tutelados (hace dos días, en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en lugar de 35 menores se encontraban 97), como de mayores en nuestra región. Y los problemas de sostenibilidad en los centros que integran la red pública de atención a personas con discapacidad. Hablan de gratuidad pero las familias las sostienen con cuotas voluntarias, con pagos encubiertos. Y de las 23.000 plazas públicas para su atención, el 80% están gestionadas por fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, muchas veces con su esfuerzo y patrimonio. Es singularmente alarmante la destrucción del Programa de Menores No Acompañados, lo que augura un problema de graves dimensiones ante la llegada de estos a la Comunidad. Hacen ostentación de que su política es social. Valga, si con ello se refieren a que lo que hacen tiene que ver con la sociedad, pero no es una política con justicia social.

A su vez, la educación no alcanza la necesaria universalidad en ninguna de sus dimensiones, aun satisfaciendo la escolarización. Señor presidente, asegurar un puesto escolar no garantiza el derecho a la educación.

Las políticas educativas han colocado a una gran parte de la población escolar en situación de desventaja, no se han repuesto de los recortes que se centraron en la pública. Tampoco se garantiza la gratuidad de la enseñanza en múltiples casos, singularmente en la llamada nueva concertada radicada, en ocasiones, en suelo público. Se han diseñado normas diferentes que entorpecen las actuaciones de la educación pública mientras agilizan y premian a la concertada, que por cierto, no es puesta en cuestión por nuestra parte, y menos aún en los casos que cumple con los requisitos y objetivos de una educación financiada con fondos públicos.

Estamos ante una gestión muy deficiente por su parte de los servicios educativos públicos, como la incapacidad para construir a tiempo los centros que son imprescindibles o cumplir los ratios: instalaciones inacabadas, provisionales, masificadas, con obras habiendo comenzado las clases –hay unos 8.000 alumnos afectados-, otros esperan en instalaciones provisionales o lejos de su casa.

Mientras, la incorporación de profesores a los centros es tardía o insuficiente para sus necesidades. Según los sindicatos hay 3.000 plazas no asignadas al comienzo de curso, y ustedes nos dicen que el proceso no se completará hasta finales de septiembre.

Hay que asegurar la universalidad, no decimos obligatoriedad, en una dimensión que abarque toda la infancia y más allá, esto es el periodo 0 a 18 años.

Y además, insisten en la desatención de la educación infantil pública hasta los tres años, dejándola en manos de los ayuntamientos o de la iniciativa privada y con una política de tasas que la convierte en inaccesible para muchas familias.

Tampoco están cerca de la universalidad la oferta pública en Bachillerato o Formación Profesional, ambas insuficientes y sin recursos para tener el impacto adecuado.

Una vez más, Madrid es la región que tiene menos presupuesto por alumno y, a la vez, en consecuencia, mayor gasto educativo de las familias. El alumnado madrileño debe abonar el doble de la media nacional y con este Gobierno esta cantidad ha crecido el 22%.

Se pierden oportunidades para los estudiantes y para la sociedad y la economía de la región, que mejoraría ostensiblemente si el Gobierno apostara con claridad por un sistema de Educación Superior bien financiado, estable y en el que se confiara. Siempre hemos subrayado que una Comunidad será lo que sean sus universidades y, a pesar de su alto rendimiento en las actuales condiciones, la sociedad del conocimiento no acaba de ser considerada como un elemento determinante del cambio del modelo social, económico y productivo de la Comunidad.

En el ámbito de la justicia, a pesar de los incrementos presupuestarios, no han logrado abordar las deficiencias estructurales del sistema judicial madrileño. Queda lejos una mejora en la agilización de los procesos que garantice el derecho fundamental de acceso a la misma. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya advierte en su Memoria de 2017 que la organización actual de la Administración de Justicia, tanto territorial como material, además del escaso grado de especialización, la hace ineficaz para lograr una oficina judicial eficiente y con tecnología adecuada.

Esa Memoria apunta que serían necesarios aún 100 nuevos juzgados para evitar el colapso del sistema judicial, y que el personal de justicia pueda asumir la carga de trabajo con dignidad. Se requieren recursos y acciones. En concreto, es imprescindible que se asuman las medidas que le correspondan a la Comunidad de Madrid del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

En lo referente a vivienda, ustedes acumulan en estos años: la venta de vivienda social a fondos de inversión, la incapacidad en la gestión del antiguo IVIMA, con las listas de espera de familias de especial necesidad (3.421), la escasa producción de vivienda social (han iniciado en tres años tan solo 523 y aún no han entregado ninguna que tenga su sello), junto a la subida de los precios del alquiler de vivienda -38% en los últimos 5 años-. Ningún indicador económico ni social avala sus políticas públicas de vivienda. Y no basta con calificar de error la venta de vivienda pública a fondos de inversión. Hay que afrontar y tratar de revertir la situación.

Debe apostarse por el alquiler social, fomentar la rehabilitación de viviendas, tanto en su aspecto de accesibilidad como de eficiencia, así como incrementar el patrimonio público de viviendas para obtener un parque público y de calidad que nos homologue a las grandes regiones y ciudades europeas. (Madrid está por debajo del 10% frente a la media del 25% en el resto UE). Y no olvidamos a tantas familias endeudadas por la rehabilitación de sus viviendas bajo sus promesas incumplidas. 

La movilidad en una región metropolitana se convierte en un derecho de cada ciudadano, y para ello deben destinarse recursos, planificación y eficiencia. Hemos de adecuar la oferta a las necesidades. Tanto Metro como las líneas de autobús urbanas e interurbanas necesitan replantearse porque hay que preparar la región ante los retos de movilidad que están por venir, en líneas interurbanas, accesibilidad por carretera y los necesarios aparcamientos disuasorios.

La apuesta de su Gobierno por un modelo conservador desalienta las posibilidades que Madrid como Comunidad tiene, por sus recursos y por la capacidad y preparación de sus ciudadanos y ciudadanas.

Sin adecuada innovación, investigación o desarrollo, sin hacer de la cultura y de la ciencia el centro neurálgico del modelo de Comunidad, todo pasa a ser una retahíla de medidas, algunas sin duda que logran mejoras, pero siempre como algo coyuntural o lateral respecto de la transformación que Madrid merece, puede y debe hacer.

Y no nos resignamos a esta falta de proyección y de proyecto de su Gobierno.

La apuesta por consolidar un crecimiento económico sostenible y equilibrado pasa por orientar el peso de la economía hacia sectores más dinámicos, hacia una economía del conocimiento.

Un modelo que apueste, además de por consolidar los sectores turísticos y de servicios, por potenciar la creación cultural y la cultura, no solo como producto para su exhibición, y también por desarrollar el sector industrial con una clara apuesta por la economía innovadora, dinámica y digital. Y esto no sucede en absoluto. Baste recordar que el sector servicios representa el 86% del valor añadido bruto del PIB, mientras el sector industrial se encuentra en un 8,24%.

Ligar industria y economía del conocimiento significa centrar esfuerzos en el desarrollo del perfil investigador de las universidades madrileñas, y en la potencia tecnológica y de innovación de una formación profesional atractiva y valorada.

Madrid tiene potencial para ser una región de referencia para el desarrollo y la innovación, también para propiciar la emancipación juvenil. Y debería ser valiente y apostar por iniciativas que permitieran mantener y atraer el talento. Iniciativas como ser la región pionera en autorizar el uso controlado y monitorizado de automoción autónoma, o lanzar un sistema de acceso público de banda ancha de internet, o empezar a utilizar nuevas tecnologías para la gestión de la transparencia, las finanzas y la información pública. Esto supondría para Madrid no solo un salto decisivo en dinamismo económico y la generación de empleo estable y de calidad, sino consolidar un modelo de economía sostenible del conocimiento para las próximas décadas. Y esto no se logrará con un gobierno que se considera autosuficiente y autocomplaciente.

Porque Madrid necesita un desarrollo sólido, con buenos empleos, y no la especulación de los menos a costa de las necesidades de tantos. Porque Madrid demanda políticas públicas que aseguren igualdad, que generalicen el bienestar, y no que simplemente salga adelante quien con éxito pueda pagárselo. Porque Madrid exige dignidad en sus instituciones, ejemplaridad en sus gobernantes y no escándalo tras escándalo, bochorno tras bochorno.

Y Madrid es relevante también por su riquísima vida cultural, por el dinamismo de sus emprendedores, por su efervescencia social, por sus entidades reivindicativas. Y estos aspectos parecen descuidarse. Madrid es peculiar por su historia. Y destacable es su patrimonio colectivo, y la hacen excelente sus profesionales, sus universidades, sus hospitales y sus museos; no precisamente su Gobierno. Madrid es importante porque lo son los valores solidarios de sus ciudadanos y ciudadanas, y precisa de un Gobierno que potencie y dinamice esa realidad. Y debemos preguntarnos si el Gobierno está a la altura de la Comunidad de Madrid. 

En esta Comunidad se dan muchas, quizás las mejores capacidades para hacer realidad las esperanzas de un futuro próspero y justo. Les aseguro con fundamento que en esta Comunidad pueden darse las condiciones para lograrlo.

Y una Comunidad importante como la Comunidad de Madrid necesita, merece y demanda un Gobierno con ambición de futuro, y gran responsabilidad. Un Gobierno relevante para una gran Comunidad, y ese no es el caso de su política, señor presidente.