La nueva
normalidad requiere de grandes consensos para asegurarnos un futuro digno. La
reconstrucción de la región debe ser objeto de un firme compromiso compartido.
No parece
que ésta sea la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid; una prueba de
ello es el anuncio de Isabel Díaz Ayuso de la enésima modificación, ad hoc,
de la Ley del Suelo regional, sin acordar con ayuntamientos, partidos
políticos, sindicatos, entidades sociales, profesionales del sector y sociedad
civil.
Resulta
difícil entender el porqué del empeño del Partido Popular en modificar algunos
artículos de la Ley, cuando todos sabemos que debe aprobarse un nuevo texto
legal en materia de urbanismo y suelo en esta región. Las transformaciones
urbanísticas perduran en el tiempo, afectando a los modelos de ciudad y, por
tanto, al modo de vida de la ciudadanía. No debe ser fruto del capricho o de
las prisas, sino de un amplio análisis conjunto.
Es
necesario que la Comunidad de Madrid cambie radicalmente el paradigma
legislativo de la ordenación del territorio. Adaptando su marco normativo al estatal
la Comunidad de Madrid puede, y debe, cambiar el rumbo de un urbanismo que no sirve
a la ciudadanía. La nueva Ley debe ser de principios básicos, aceptados por
todos, y que ofrezcan seguridad jurídica y reglas objetivas y objetivables. La
sostenibilidad debe impregnar todo el texto y la planificación urbanística debe
ser el instrumento para el reequilibrio territorial en una región donde
conviven realidades sociales antagónicas, fruto de 25 años de gobiernos
liberales y del laissez faire urbanístico. El desarrollismo del axioma
“todo es urbanizable” ya no se sostiene.
La
apuesta por la ciudad existente nos permitiría generar estructuras sólidas para
proteger a la ciudadanía. Así, renovación y regeneración urbanas darían paso a
nuevas áreas de centralidad social, con parques públicos de viviendas en
alquiler. Necesitamos un Plan de Estrategia Territorial donde conectemos los
179 municipios de la región con infraestructuras educativas, sanitarias,
culturales y de oportunidad económica y laboral, fortaleciendo actividades
vitales, como nuestro sector primario.
Seguir
empoderando competencialmente a los ayuntamientos que, como decía, no han sido
consultados tampoco en esta ocasión, y también proteger nuestro rico patrimonio
ambiental y cultural.
El
nefasto modelo urbanístico del PP ha influido notablemente en que nuestra
región haya sido la más castigada por la crisis sanitaria del COVID-19.
Como
han pedido nuestros líderes regionales, José Manuel Franco y Ángel Gabilondo, es
hora del consenso y la reconstrucción pactada, siguiendo el modelo del Gobierno
de España, que, entre otras medidas, ha presentado el Proyecto de Ley de Cambio
Climático dentro del paquete de reconstrucción global.
Rafael
Gómez Montoya. Diputado y portavoz socialista de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad en la Asamblea
de Madrid.
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