En la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio del pasado miércoles 4 de octubre, nos interesamos por el contrato de seguridad del PARQUE DE POLVORANCA, más concretamente sobre la prórroga de este contrato.
Nos preocupa sobremanera todo lo que ocurra con este Parque, construido siendo Joaquín Leguina Presidente de la Comunidad de Madrid. Hace sólo 3 años tuvimos que emplearnos a fondo, junto a los vecinos, vecinas, partidos políticos y entidades ciudadanas para evitar la instalación de un cable skí, y observamos hoy con preocupación cómo el mantenimiento del parque empeora año a año. Sin duda nos seguiremos ocupando de ello.
Adjunto reproduzco el artículo de David Fernández en El Confidencial, además de incorporar el vídeo de la sesión.
Todo nuestro apoyo a los trabajadores de MARSEGUR, que llevan sufriendo mucho tiempo las indignas condiciones de trabajo a las que esta empresa les somete. El Consejo de Gobierno, por boca del Vice Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio se comprometió a su estudio y solución, actitud que le agradezco. No obstante, seguimos atentos.
La última del Consejero Taboada: prorrogar un contrato "irregular" a una firma pirata.
Su Consejería prorrogó un contrato de seguridad aunque la empresa incumplía los pliegos.
El nuevo Consejero, que ya rescindió ua licitación a la misma firma, anuncia que lo investigará.
El contrato finalizará el 30 de septiembre de 2018. Dos años antes de esta fecha, en septiembre de 2016, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dirigida entonces por el ya exconsejero Jaime González Taboada, prorrogaba a la empresa Marsegur el servicio de seguridad del Parque Polvoranca, un gran pulmón verde de 400 hectáreas situado en el municipio madrileño de Leganés. Y lo hizo saltándose los pliegos técnicos, según denuncia el grupo parlamentario socialista, que estipulan en su punto cinco que "la empresa adjudicataria deberá cumplir en todo momento el convenio colectivo estatal en vigor".
La irregularidad radica en que Marsegur no cumple el convenio estatal y paga a sus trabajadores un 30% menos. El convenio estatal define con claridad que el salario base de los vigilantes de seguridad es de 908,24 euros al mes. Los ocho vigilantes de Marsegur que trabajan en Parque Polvoranca están cobrando 726 euros mensuales de sueldo base. Además, no disponen de una de las tres pagas que figuran también en el convenio estatal y las otras dos están prorrateadas en su salario. Y todo por 162 horas al mes. Tienen pluses de transporte, vestuario, peligrosidad, nocturnidad y festividad. Estos dos últimos, ridículos, de 10 céntimos la hora. Es decir, un vigilante del turno de noche (ocho horas) percibe 80 céntimos por una jornada.
El grupo parlamentario socialista pidió este martes la rescisión inmediata del contrato, propuesta que apoyaron Podemos y Ciudadanos. "¿Por qué se mantiene un contrato que incumple de manera flagrante el pliego de condiciones y que maltrata a los trabajadores de esta manera?", se pregunta el diputado socialista Rafael Gómez Montoya, que he llevado el contrato a la Asamblea de Madrid y a la comisión de Medio Ambiente. Allí ha comparecido el secretario técnico de la consejería, que al principio de su intervención mantuvo que el contrato se prorrogó cumpliendo la legalidad.
Pero tras las pruebas presentadas por el PSOE, matizó sus palabras y aseguró que la consejería estudiará la prórroga y si ha habido algún incumplimiento, se rescindirá el contrato. Un portavoz de la consejería señaló después a El Confidencial que se analizará el caso para ver qué ha sucedido. El nuevo consejero, Pedro Rollán (antes en la cartera de Transportes y Vivienda), ya rescindió un contrato a Marsegur porque incumplía el convenio colectivo. "¿Por qué Transportes se carga el contrato y Medio Ambiente no?, ¿hay disparidad de criterios entre consejerías de un mismo Gobierno?, ¿había instrucciones del anterior consejero, González Taboada, de mantener este contrato contra viento y marea?", se pregunta Gómez Montoya, que ha anunciado que si la consejería no toma una decisión urgente, su grupo estudiará emprender medidas legales.
El contrato fue adjudicado a Marsegur por importe de 694.070 euros (IVA incluido). Comenzó el 1 de octubre de 2014 y finalizó el 30 de septiembre de 2016. Entonces se decidió prorrogar dos años, hasta el 30 de septiembre de 2018, "dado que en los primeros dos años se desarrolló con normalidad, no habiendo incurrido la empresa en penalizaciones ni en ningún tipo de incumplimiento del mismo". Por cada anualidad, Marsegur percibe ahora 346.700 euros. Los ocho vigilantes no solo deben controlar 400 hectáreas de zonas verdes, impidiendo botellones, venta ambulante, actos vandálicos, mendicidad, pesca, caza, baños en el lago o rodajes no autorizados, por ejemplo, sino que deben vigilar las instalaciones del parque, como pozos de agua, un quiosco-bar, un almacén y un Centro de Educación Ambiental.
Marsegur es lo que los sindicatos del sector llaman una 'empresa pirata'. La Audiencia Nacional suspendió su convenio de 2014 tras declarar nula la representación sindical de la empresa, decisión ratificada por el Tribunal Supremo en mayo de 2017. La Audiencia hizo lo propio con el convenio de 2015, en vigor actualmente, porque la empresa recurrió y sigue aplicando las mismas condiciones a la espera de una sentencia. La compañía de seguridad cuenta con unos 1.000 empleados en toda España y facturó 6,7 millones de euros en 2015, un 235% más respecto al año anterior.
El administrador de Marsegur es Antonio Redondo, aunque los sindicatos del sector vinculan esta empresa al polémico empresario Miguel Ángel Ramírez, más conocido como 'el rey de la seguridad' y actual presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. La firma siempre ha negado esta vinculación. Marsegur acaba de cambiar su nombre por el de Novo Segur. Así lo registra el Boletín Oficial del Registro Mercantil desde el pasado 27 de septiembre. Sus trabajadores acaban de terminar varios días de paros porque la empresa aplica unas tablas salariales que rebajan los sueldos del convenio sectorial en torno al 30%. El Congreso de los Diputados acaba de instar al Ministerio de Defensa a rescindir el contrato de seguridad que mantiene con Marsegur, por valor de 32 millones, por "el incumplimiento de los derechos de los trabajadores".
Enlace al video 1 de la sesión de la Comisión.
Enlace al video 2 de la sesión de la Comisión.
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