Han tardado más de lo que el gobierno regional tenía previsto pero, finalmente, Partido Popular, Ciudadanos y VOX han aprobado el Proyecto de Ley del Gobierno por el que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid para el impulso y reactivación de la actividad urbanística.
Esta es una de las medidas que el gobierno regional de PP y C´s tienen contemplado para la denominada reactivación económica de la región derivada de la crisis sanitaria del COVID-19.
Hemos comentado ya sobradamente las razones por las que nos oponemos a esta reforma. El pasado 23 de septiembre partidos políticos, sindicatos y diferentes entidades sociales tuvimos oportunidad de exponerlas en el seminario web que organizamos desde la Plataforma contra esta modificación.
Sin embargo, en el pleno de ayer 1 de octubre salió aprobado este Proyecto de Ley. A continuación os dejo el texto de mi intervención en el pleno, además del enlace al video de la sesión.
Además del fondo hay que criticar la forma. Elegir la lectura única, sin trámite de ponencia legislativa, no ha sido inteligente por el gobierno regional de PP+C´s+VOX. Incluso el hecho de no estar presentes todos los diputados en el pleno nos hace pensar en un posible recurso ante la justicia.
Otro urbanismo es posible, con estrategia y planificación, sostenible, que genere nuevas oportunidades para la industria y el empleo verde, que redistribuya la riqueza y no genere desigualdad en la región.
Seguiremos pedaleando.
2.1 Propuesta de la Mesa de la Asamblea, de acuerdo con la Junta de Portavoces, al Pleno de la Cámara, en virtud de lo dispuesto en el artículo 167.1 del Reglamento de la Asamblea, de tramitación en lectura única del Proyecto de Ley PL 1/20 RGEP 17340 - RGEP 17366/20, por el que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid para el impulso y reactivación de la actividad urbanística.
2.2 En su caso, tramitación directa y en lectura única del Proyecto de Ley PL 1/20 RGEP 17340 - RGEP 17366/20, por el que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid para el impulso y reactivación de la actividad urbanística.
Gracias Sr. presidente,
Resulta
imprescindible empezar denunciando, una vez más, el procedimiento parlamentario
elegido para aprobar esta nueva modificación, la número 16, de la vigente Ley
del Suelo 9/2001.
El
artículo 167 del vigente reglamento de esta Asamblea dice que se aprobará por
el procedimiento de LECTURA ÚNICA
“…/… Cuando la naturaleza de un proyecto
o proposición de ley lo aconseje o su simplicidad de formulación lo permita
(…)”.
Este
Proyecto de Ley es de todo menos simple, todo lo contrario más bien, confuso,
enrevesado y de aplicación farragosa. Entendemos entonces que debe ser la
naturaleza del proyecto la que condiciona este procedimiento de aprobación.
Hablemos
de la naturaleza del proyecto de Ley entonces.
Reforma
parcial de la Ley del Suelo para el impulso y reactivación de la actividad
urbanística.
En la
actual situación de crisis sanitaria y social por el COVID-19 ¿VDS. consideran
que generar más inseguridad jurídica es la medida más adecuada para reactivar
la actividad económica en la Comunidad de Madrid?
¿Creen
Vds. que se pueden establecer incentivos a una nueva y desbocada actividad
inmobiliaria en la región sin tener en cuenta el nuevo paradigma ambiental y
sostenible?
Esta modificación
no sólo acelera los procesos legales de actuación inmobiliaria sino que se hace
mermando las capacidades de las administraciones locales.
Se
aceleran los procesos es cierto, pero se pierde eficacia y garantía jurídica,
sobre todo para los ciudadanos.
La
causa que motiva esta reforma es, supuestamente, la crisis del COVID-19 bajo el
axioma de que reactivar la actividad económica a través del “ladrillo”
favorecerá la economía regional.
No se
a Vds, pero a mi grupo le suena esta fórmula. Las consecuencias de la burbuja inmobiliaria
creada bajo el axioma de España una grande libre y urbanizable de Aznar y el PP
todavía se dejan sentir en esta Comunidad.
Señorías,
para que quede claro, los socialistas SÍ queremos facilitar la actividad
económica pero NO queremos que exista otra burbuja. Por eso ahora toca influir
en el tejido productivo para iniciar una transición ecológica de la economía en
nuestra región. Madrid debe contar con una agenda ambiental y sostenible donde
la generación de nuevos empleos verdes y la inclusión social y territorial
ayuden a combatir desigualdades, especialmente en la reconstrucción de la
Comunidad de Madrid por la pandemia del COVID-19.
El
paradigma ha cambiado Sra. Martín y Sr. Aguado, no sé si se han dado cuenta.
Por
eso, cuando el cambio es estructural Vds. se limitan a hacer una modificación
parcial de la Ley.
Lo que
hay que cambiar es toda la Ley Señorías y otra modificación ad hoc no se
sostiene políticamente.
Porque
seguimos sin estrategia territorial, sin criterios sostenibles como decía, sin
aplicar los preceptos de la nueva Agenda Urbana Española. Por cierto, la
Comunidad de Madrid sigue sin tener aprobada una agenda urbana para la región.
Tampoco el Ayuntamiento de Madrid.
Esta
reforma es una renuncia a la función pública urbanística. Y, como saben, las
administraciones públicas tienen la obligación de atender a todo el proceso,
especialmente en el carácter edificatorio.
Lo dice la legislación básica del suelo que también nos compete.
Esta
reforma renuncia a las facultades de control de la actividad urbanística,
perjudicando a los ciudadanos como decía porque le aboca a una inseguridad
jurídica manifiesta, pero también al sector inmobiliario en la medida en la que
una Declaración Responsable no tiene el parabién de la administración ya que
todo es a posteriori.
Los
ayuntamientos también son grandes perjudicados.
Seguimos
intentando deliberar la urgencia de la medida.
Como sabemos,
cambios de uso, licencia de primera ocupación y de funcionamiento pasan a ser
Declaraciones Responsables.
En
2015 el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana ya
contempla la sustitución de las Licencias de Primera Ocupación por
Declaraciones Responsables, pero fue en 2009 cuando la Directiva de Servicios
la incorpora definitivamente. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos
del PP, adecúa las Leyes 2/2012, de dinamización comercial en la Comunidad de
Madrid y 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas a la
realidad de la Declaración Responsable.
¿Por
qué no adecuaron la Ley del Suelo entonces? ¿En 2009 o en 2015 no era urgente
incentivar la actividad económica en la región?
¿O no
era el momento oportuno para aplicar atajos parlamentarios y ahorrarse el
incómodo trámite de ponencia?
Una
reforma de este calado, en un ámbito tan sensible como el del urbanismo y la
ordenación del territorio, requiere de un amplísimo acuerdo. Este tipo de
medidas y reformas deberían formar parte del gran acuerdo de reconstrucción
social y económica en la Comunidad de Madrid que Ángel Gabilondo ofreció al
gobierno de la Comunidad, sin respuesta, por cierto.
En ese
marco de acuerdo se hace necesario hablar con el gobierno de España, los
ayuntamientos, los grupos políticos de la Asamblea de Madrid y la sociedad
civil organizada en entidades, asociaciones, y agentes sociales.
Ø Como ya hemos dicho, esta
modificación generará inseguridad jurídica. La licencia es un acto
administrativo por el que las administraciones públicas realizan un control
REGULADO sobre cualquier acto que suponga una transformación urbanística.
Eliminarlo, por lo tanto, anula el necesario control de legalidad.
Ø Perjudica a los
ayuntamientos de la región. Por cierto gran parte de ellos ya tienen la
declaración responsable puesta en marcha. Pero ahora se establecen unos reducidos plazos, de imposible cumplimiento.
Ø Y esta es la gran razón que,
desde nuestro punto de vista, motiva la urgencia y el procedimiento de
aprobación de esta modificación. Y no es otra que la posibilidad que Proyecto
de Ley contempla sobre que el control posterior pueda efectuarse bien por el
Ayuntamiento, muy difícil, bien por entidades privadas.
Ø En realidad, pues, el sistema
adoptado sirve para “alimentar” este tipo de entidades, las llamadas Entidades
Colaboradoras Urbanísticas, que vienen siendo muy polémicas por la laxitud en
el cumplimiento de sus funciones.
Ø Es preciso advertir que damos un paso más en la privatización de la función urbanística que siempre debe estar en manos del sector público.
La trascendencia de la medida es máxima pues supone que la falta de comprobación de una declaración responsable en plazo puede suponer el desalojo de ocupantes e incluso adquirientes de buena fe, protegidos inicialmente por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Más aún, un tercero puede verse incentivado a adquirir un bien que no ha superado la comprobación final municipal con las consecuencias jurídicas que ese acto puede tener.
Señorías, esta es la naturaleza del proyecto y ésta es la
urgencia que motiva esta técnica legislativa, una técnica legal no lo dudamos,
pero tramposa, porque impide al Legislativo trabajar en la mejora de este
Proyecto, piedra angular de nuestro sistema democrático. Una vez más retuercen
el reglamento al exclusivo objeto de sus intereses y aquí, debemos incluir al
Partido de Ciudadanos. Hoy sellan Vds. un nuevo acuerdo con el PP y VOX, el del
rodillo parlamentario creando sensaciones cercanas a la impunidad de hace tan
solo unos años.
En los informes de las diferentes Consejerías tiene suficientes motivos como para retirar este Proyecto de Ley y hacer otro nuevo, consensuado, entre todos.
Pero
tan solo voy a recordarle las advertencias, de carácter sustancial, que hace la
Abogacía General de la Comunidad de Madrid.
1.
Se
debe precisar con absoluta claridad el silencio administrativo desestimatorio
cuando la licencia trate sobre solicitudes que afecten al dominio público o que
impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
2.
La
certeza de que esta modificación no puede vulnerar las exigencias derivadas del
principio de autonomía local. Y es que Vds. siguen sin creer en la autonomía
municipal.
Por otro lado La medida puede ser contraria a lo que dice el Real Decreto Legislativo 7/2015, texto refundido de las leyes de suelo y rehabilitación urbana; en concreto en su artículo 11.3 cuando dice: “Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística”.
Puede
entrar en colisión, también, con la ley de procedimiento administrativo, la
39/2015, cuando regula el silencio administrativo.
Si tuviéramos que resumir las características de esta nueva reforma, la número 16 de la vigente Ley del Suelo, diremos que es parcial, supone renunciar definitivamente a una estrategia territorial en la Comunidad de Madrid, genera inseguridad jurídica a los ciudadanos, al sector y a los ayuntamientos, sin consenso alguno, sin trámite parlamentario adecuado y presuntamente contradictoria con la legislación básica del suelo.
¿Por
qué quieren hacer las cosas sin contar a la ciudadanía?
Sencillamente
porque su actitud siempre es la de gobernar de espaldas a la mayoría sabiendo
que benefician sólo a unos pocos.
Desregular,
Señorías, no es sinónimo de eficacia.
Madrid
está sometida a la mayor crisis sociosanitaria de su reciente historia
democrática y Vds., en vez de arrimar el hombro, pretenden aprovecharse del
momento para “colar” leyes de gran importancia para todos.
Podrían
tener la misma prisa para contratar más médicos, enfermeros y enfermeras,
profesores y profesoras, y personal para nuestras residencias de mayores. Pero
eso no lo hacen, sumiendo a la Comunidad de Madrid al bochorno que supone
escuchar día tras días las ocurrencias, nada graciosas, por cierto, de la
Presidenta.
Permítanme
decirles que Vds. no están a la altura de lo que necesitamos los madrileños y
madrileñas.
Si les
queda dignidad suficiente dimitan.
Gracias
Sr. Presidente.
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