viernes, 9 de octubre de 2020

#PlanEspañaPuede #NexGenerationUE #EspañaPuede

 




Discurso del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez

Buenos días. En primer lugar me gustaría agradecer la presencia de la comunidad empresarial, de los representantes de los trabajadores y trabajadoras del país de la comunidad científica, del mundo cultural y sin duda de la presencia de los embajadores y embajadoras de los 27 países miembros de la Unión Europea con representación en nuestro país. 

También quisiera agradecer el trabajo que en estos últimos meses el Consejo de Ministros y Ministras ha venido desarrollando de manera muy intensa y cuyo producto vamos a presentar hoy a la sociedad española. En 1978, el año de nuestra Constitución, España estaba por definir. La inestabilidad y la incertidumbre eran las notas predominantes del momento. Y la situación económica estaba lejos de ser halagüeña. 

España, como el resto del mundo occidental, descubría la combinación de dos fenómenos económicos que hasta el momento no se habían producido de manera simultáneamente a gran escala: la inflación y el paro. Nuestra inflación registraba ese año una tasa del 20%. Y siete años después, seguía siendo del 8%. La tasa de desempleo escalaba del 7,1% en 1978 hasta el 17,8% en 1985. Es decir, más de cinco puntos. 

Fueron años muy difíciles. Nuestros mayores lo saben bien. No era fácil enfrentarse a ese doble reto ni a esas perspectivas económicas. Y menos aún en un momento de extrema incertidumbre política e institucional, con un intento de golpe de Estado incluido. Fue en 1978 cuando se creaba en España la primera versión del IRPF. Una herramienta de justicia tributaria de la que carecíamos hasta entonces. España, como ven, estaba por definir. España estaba por construir, institucionalmente, políticamente, y también Económicamente. Y estaba con la mirada puesta en Europa, España es un país europeísta, pero desgraciadamente estábamos fuera de Europa. Lo que vino después es la historia de un éxito colectivo. El de la primera gran modernización de nuestro país. La historia de un proyecto de país protagonizada por quienes son realmente los protagonistas los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y sus instituciones. 

Diez años después de nuestra incorporación a Europa los resultados son palmarios, están ahí. El PIB per cápita pasó de 13.300 a 18.000 euros y en la actualidad a 25.315 euros por habitante, casi el doble en 2019 respecto a 1978. También las grandes economías europeas han progresado durante este tiempo, cierto, pero también debemos reconocer que ninguna economía europea lo ha hecho al ritmo de nuestro país. Demostramos lo que somos: un país que cuando quiere, puede. Esta gran etapa de modernización, con objetivos, desafíos y grandes proyectos fue una historia de éxito. Todos formamos parte de ese proyecto de país. Hoy las circunstancias hoy son diferentes. Hace apenas 10 meses, tras cinco procesos electorales en 2019, logramos sortear el bloqueo político, constituimos un Gobierno, comenzábamos a vislumbrar el país que queríamos construir con la formación del primer Gobierno en coalición, en nuestra historia democrática. 

Se abría entonces una década para que España diera ese gran salto adelante con la modernización y las transformaciones que necesitaba acometer a mi juicio desde hace años. En marzo llegó la pandemia del COVID y todo se detuvo. Junto al resto del mundo, España fue durísimamente golpeada. En ese momento había que salvar vidas, primero, y salvar puestos de trabajo y empresas, después. Y lo hicimos con todas las herramientas a nuestro alcance. Con el Estado de Alarma para hacer frente a la emergencia sanitario, que doblegó la curva de los contagios, y con un escudo económico y social sin precedentes en la historia de nuestro país. Cuando nos enfrentamos a esta pandemia, con media Humanidad confinada, sólo teníamos una opción: responder con la misma intensidad. 

Decidimos resistir para avanzar. Y ésa resistencia definió como 4 décadas antes la respuesta de España. Actuamos desde el primer momento con una batería de medidas destinadas a paliar los daños y a proteger a los ciudadanos. Y me gustaría recordarlas para que seamos todos conscientes del esfuerzo colectivo que estamos haciendo desde el principio de la pandemia. • Movilizamos hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestro PIB anual, la mayor cantidad de recursos en la historia de nuestro país, para proteger a quienes crean empleo, a las empresas. Hoy, gracias al aval financiero del Estado, más de 530.000 empresas prosiguen su actividad. 

 • Protegimos a 3,4 millones de trabajadores y trabajadoras mediante los ERTE, y hoy más del 80% de esos trabajadores y trabajadoras han vuelto a su puesto de trabajo.

 • Pusimos en marcha, por primera vez, una prestación, por cese de actividad, extraordinaria para autónomos y para las autónomas que ha beneficiado a cerca de un millón y medio de trabajadores por cuenta propia. Y casi 150.000 autónomos se benefician ya de las nuevas prestaciones aprobadas el pasado verano.

 • Erigimos un robusto escudo social: Más de 216.000 familias y autónomos en situación de vulnerabilidad obtuvieron una moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual o del inmueble dedicado a la actividad económica. 

Asimismo, establecimos la prórroga automática de los contratos de alquiler de vivienda vencidos. Suspendimos los desahucios por impago del alquiler para las familias vulnerables sin alternativa habitacional. Estos son algunos de los ejemplos de todas las cosas que hemos puesto en marcha a lo largo de estos meses de pandemia. Esta respuesta social y económica sin parangón en la historia de nuestra democracia. 

Pero me gustaría subrayar que pese al griterío partidista, que en algunas ocasiones tratar de indicar lo contrario, todo esto lo estamos haciendo apoyándonos en buena medida en la fuerza de la unión. Quiero destacar dos ejemplos: el primero, la labor y la predisposición al diálogo de los empresarios y los representantes de los trabajadores y trabajadoras en el marco del diálogo social. Llevamos ya seis grandes acuerdos con los agentes sociales: tres acuerdos para la prórroga de los ERTE; el Pacto por la Reactivación Económica y por el Empleo; y la Ley de Trabajo a Distancia tan necesaria como hemos visto en estos meses de confinamiento para poder mantener la actividad productiva de muchísimos sectores económicos. Ése es el camino en el que cree el Gobierno y en el que vamos a continuar trabajando y es el del diálogo social. El segundo es el ejemplo de Europa. Europa, tenemos que reconocerlo, y es un diagnóstico que tenemos que compartir con el conjunto de la sociedad española, ha estado a la altura del desafío que tenemos por delante. La Unión Europea ha hecho honor a su nombre y ha dado una respuesta solidaria y unida.

¿Cuál es hoy la situación de partida? Tras el duro golpe sanitario, tras la emergencia sanitaria, los distintos organismos prevén que el crecimiento del PIB se sitúe en el tercer trimestre muy claramente por encima del 10% intertrimestral -el Banco de España prevé hasta un 16% de crecimiento-, recuperando parte de la caída inicial. Y este es un dato importante para España. Y de cara al 2021, el FMI anunció la semana pasada una previsión de crecimiento de nuestro PIB del 7,2%. Naturalmente, hablamos de un crecimiento y de una recuperación que parten de caídas muy duras, inéditas, como han sido las registradas en la primera fase de esta emergencia sanitaria, económica y social. Y, sobre todo, hablamos de una recuperación y de un crecimiento que no vendrán por sí solos, que precisan del esfuerzo y la movilización activa de todas las energías nacionales. 

España sin duda alguna va a avanzar. Pero lo hará con más fuerza y sin dejar a nadie atrás, si movilizamos todas las energías nacionales disponibles. Este es el contexto donde se enmarca el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que hemos venido trabajando en los meses de verano y que hoy hemos venido a presentar al conjunto de la sociedad española. El Plan para una nueva modernización de España. La pandemia aceleró cambios que ya veíamos venir antes de su eclosión. Y para que la transición digital, que sin duda alguna se ha acelerado como consecuencia de la pandemia y el confinamiento Para que la transición ecológica sean inclusivas, creen empleo y no provoquen mayor desigualdad y exclusión social, debemos afrontar sin demora la modernización y la transformación de nuestro país. 

El mundo ha cambiado, hoy quizá no seamos conscientes de la envergadura del cambio que estamos atravesando, porque estamos todavía en plena pandemia, y debemos acelerar la transformación de nuestro país si queremos ganarnos nuestro futuro. No se trata sólo de recuperar el PIB que nos arrebató la pandemia, se trata de crecer de una nueva manera. Sobre unos pilares mucho más robustos en un mundo que ha cambiado completamente. Una forma de crecer mucho más fuerte y justa, más competitiva pero también más sostenible. El Plan que hoy presentamos es la hoja de ruta de esa nueva modernización para los próximos seis años. 

No se trata solo de avanzar. Se trata de ganar nuestro futuro. Se trata de dar un gran paso hacia delante. Todos. Todas. Sin dejar a nadie atrás. Se trata de convertir este duro golpe que ha sido la pandemia en una oportunidad para ganar como sociedad nuestro futuro. Ese es el desafío que tenemos para nuestro país. Casi nunca elegimos las circunstancias en las que hemos de vivir; muchas veces son las circunstancias las que nos obligan a elegir. Pues bien, nuestra circunstancia ha sido la pandemia y nuestra elección será la recuperación y la modernización de España. Dicho de otro modo: frente a una circunstancia extraordinaria, como es el COVID19, se requiere una respuesta extraordinaria. Esta es la empresa que tenemos delante. La pregunta es ¿en qué condiciones la encara España esta empresa? 

Yo creo humildemente que tenemos todo lo necesario. Tenemos las infraestructuras. Tenemos los recursos. Tenemos el talento. Tenemos el tejido productivo. Tenemos la visión y las herramientas para lograrlo. Nuestra posición nada tiene que ver con la que teníamos hace 42 años. Hoy España es un país europeo y es el país europeo con la mayor cobertura de fibra óptica hasta el hogar, con un 80,4%. España tiene más despliegue de fibra óptica que la suma de Francia, Alemania y Reino Unido juntos. Ocupamos el primer lugar en superficie de agricultura ecológica en la Unión Europea. Lideramos el mercado fotovoltaico a nivel europeo en esta transición energética que estamos haciendo hacia las energías limpias. Lideramos el mercado fotovoltaico a nivel europeo. Somos el segundo país europeo que más energía eólica ha instalado. 

El cuarto país del mundo en investigación farmacéutica y el primero en Europa en ensayos clínicos de tratamientos contra la COVID-19. Somos el primer país en competitividad turística del mundo y el segundo destino más popular del planeta. Y estoy convencido de que una vez pase esta pandemia, porque pasará, el sector turístico tendrá un futuro aún más brillante. Y somos el tercer país de la Unión Europea, por ejemplo, con más autónomos trabajando en zonas rurales para responder a ese enorme desafío que tenemos de igualdad de oportunidades y reto demográfico. Tenemos acceso a importantes mercados potenciales de la UE y disfrutamos de una relación privilegiada con Latinoamérica, una comunidad de la que nos sentimos hermanos. 

Nuestra localización geográfica nos sitúa como un excelente punto de partida en las relaciones con el continente africano. Hoy mismo voy a tener la ocasión de poder viajar a Argelia con muchos intereses geoestratégicos, geopolíticos pero también energéticos. Y somos una de las 20 naciones más influyentes del mundo. No olvidemos que el español es el segundo idioma en el mundo. Contamos además con un entorno político, jurídico y social muy sólido. Para lograr los objetivos colectivos que nos proponemos contamos con el gran instrumento europeo Next Generation EU. Supondrá en términos agregados una movilización sin precedentes de recursos económicos en nuestro país, 140.000 millones de euros, el equivalente al 11% del PIB de 2019. Como es sabido el horizonte de ejecución de los fondos del Next Generation EU es de 6 años, y por tanto será del año 2021 al año 2026. 

Pero el Ejecutivo concentrará, y este es el anuncio que quiero hacerles, el esfuerzo de movilización de recursos en los próximos tres primeros años para acelerar la reactivación de la economía y la modernización de nuestro país. Es decir, en el Plan que les presentamos hoy, vamos a concentrarnos en proyectos que se pondrán en marcha en los tres primeros años y que se ejecuten en ese mismo periodo y que propicien ese salto de modernización y creación de empleo que necesitamos durante los próximos tres años. Serán 72.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. Se efectuará a través de los principales instrumentos de los que consta el Fondo de Recuperación Europeo: el primero, la Facilidad para la Recuperación y la Resiliencia, concentra el grueso de los recursos con un total de 59.000 millones de euros; el segundo, el REACT-EU, que permitirá a España obtener financiación por un importante de 12.400 millones de euros. En total, los cerca de 72.000 millones de euros en los próximos tres años. A estos recursos se le deben sumar los más de 79.000 millones de euros previstos para España por los fondos estructurales y por la Política Agrícola Común para 2021-2027. Por tanto el esfuerzo de movilización de recursos económicos, de gestión que vamos a tener que hacer de toda esta ingente cantidad económica para dar ese salto de modernización es extraordinario. 



Desde estas bases, el Plan de Recuperación está inspirado en la hoja de ruta y en los principios básicos que justifican y que explican este Gobierno. El plan de recuperación se inspira en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. También en la Agenda del Cambio y nuestro programa de gobierno de coalición con el que me presenté y conté con la confianza mayoritaria de a Cámara. Además de las conclusiones de la comisión de reconstrucción aprobadas en el Congreso de los Diputados por una amplia mayoría de sus señorías. Y cumple con precisión con la intencionalidad de los fondos europeos de recuperación, con el acuerdo del pasado mes de julio. 

Y representa la continuación natural del Plan de Choque y del Plan de Reactivación ya puestos en marcha por el Gobierno en estos meses de pandemia. Las grandes cifras son 72.000 millones euros durante los próximos tres años. La inversión “verde”, inversión vinculada con la transición ecológica, representa más del 37% del total del Plan y la transición digitalización cerca del 33%. La misión del Plan es la creación de cientos de miles de puestos de trabajo y también nuevas empresas, la escalabilidad de empresas que hoy son pequeñas y que tienen que dar el salto hacia la mediana empresa y eso tendremos que hacerlo durante los próximos años. 

Da un horizonte a todos los españoles. El esfuerzo que realizamos permitirá recuperar niveles de inversión pública en línea con los máximos del último ciclo económico y cerrar la brecha con los países más inversores. Hay dos cifras que visualizan el enorme impacto económico de la inversión pública y el efecto multiplicador de este Plan en la modernización y en la marcha de nuestra economía: 

- Queremos que genere un impacto adicional en el PIB de más de 2,5 puntos anuales, en los próximos tres años.

- Queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los primeros tres años. Con este Plan el gobierno persigue además acelerar en un 40% los objetivos cuantitativos de nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, adelantando a 2023 los objetivos intermedios que nos marcamos en su momento para 2025. Es decir, no solamente reafirmamos sino que además vamos a acelerar nuestros compromisos con esa transición ecológica. Somos uno de los países más dañados por los efectos del cambio climático, lo saben muchos españoles que trabajan en la costa, lo saben muchos españoles que trabajan en el medio rural y  en el sector agroalimentario. Y estimamos también que el Plan permita va a permitir reducir la brecha de desigualdad con la media de la UE en dos tercios. La cohesión y la lucha contra la exclusión social serán también elementos fundamentales que expliquen este plan. La pandemia ha puesto de relieve las debilidades a las que se enfrenta la industria europea y también la industria española en un mundo de complejas cadenas de valor y creciente incertidumbre. 

Entonces, la capacidad industrial europea se enfrentó a fuertes disrupciones en los canales comerciales que dificultaron la respuesta autónoma a la COVID-19. Me gustaría en este momento agradecer de nuevo a las grandes empresas el compromiso para con su país, para con sus ciudadanos en la provisión de muchos de estos materiales y en la puesta en marcha de muchísimos aviones que lograron traer medicamentos y los materiales que necesitaban los profesionales sanitarios y de muchísimos ámbitos laborales para hacer su trabajo durante los meses duros de pandemia. Lo que quiero decirles respecto a la autonomía estratégica es que en los últimos días hemos discutido en el Consejo Europeo la manera de abordar estas vulnerabilidades. 

El Plan que hoy presentamos reforzará las capacidades industriales de nuestro país, a través inversiones en el desarrollo de tecnologías clave para el futuro de la industria. El Plan ayudará asimismo a rejuvenecer nuestro tejido productivo. La base de la apuesta estratégica nace de un principio renovador: para que la transformación de nuestra economía sea lo primero, los jóvenes deben ser lo primero. Porque son ellos junto con las mujeres los principales damnificados de las consecuencias sociales y económicas de esta emergencia sanitaria que está afectando sobre todo a las personas de mayor edad. De partida, como se verá, el Plan tiene una marcada proyección intergeneracional. 

Si hablamos de transición ecológica estamos hablando de esa solidaridad intergeneracional para con aquellos jóvenes que heredarán nuestro país y que esperamos poder legárselo con los mejores parámetros de sostenibilidad. En esta nueva modernización de la economía española nos encaminamos hacia un país próspera y resiliente, que acelera su transformación tecnológica y digital, que apuesta decididamente por la descarbonización, por una transición justa para que los territorios damnificados por esta descarbonización sigan teniendo oportunidades que favorece la creación de empleo, la competitividad de las empresas, que estimula la competitividad de nuestro sector industrial. 

Porque la industria necesita de un mayor apoyo por parte de todos y singularmente por parte de las instituciones públicas. Un país que tiene que impulsar la Ciencia, no podemos volver a postergar otra vez a la ciencia como a la comunidad cultural y educativa. Que impulse la ciencia, la cultura, la innovación, el desarrollo, la I+D+i, que refuerza sus sectores estratégicos como la agroindustria –tan necesaria durante los meses de confinamiento-, la biotecnología, la construcción, la automoción, la educación, la ciencia, o el turismo. Para todo ello, es imprescindible que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se ponga en marcha cuanto antes. Acelerar el calendario. Y eso solo es posible inyectando estos recursos a través de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Quiero hacerles un anuncio: les comunico oficialmente que el Gobierno adelantará en los próximos PGE 27.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Los primeros 27.000 millones de los 72.000 millones de euros correspondientes al periodo 2021-2023. Este adelanto nos va a permitir acelerar la ejecución del Plan desde el mismo momento en el que los PGE sean aprobados en las Cortes Generales y más allá de los tiempos que maneja la Comisión para los pagos. He señalado en muchas ocasiones que España necesita perentoriamente unos nuevos presupuestos generales del Estado. Y que estos nuevos presupuestos no son unos presupuestos cualquiera porque no vivimos una situación cualquiera. Son los presupuestos que demanda un país que debe reponerse de un gran golpe y ganar su futuro. Son presupuestos de progreso y son presupuestos de país. Inevitablemente son Presupuestos de progreso porque es lo que define a este gobierno de coalición pero también porque creemos que un enfoque progresista e inclusivo es lo que hará que la transformación digital, que la transición energética, que la cohesión social y territorial, la igualdad de género a ese 51% de la población española que está sufriendo mucho más las consecuencias de esta emergencia sanitaria, económica y social no se vean postergados. Serán unos presupuestos progresistas y será unos presupuestos de país porque su urgencia trasciende las lindes de los partidos políticos y reclama unión en el esfuerzo de la recuperación y la transformación de nuestro país.  

En efecto, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a los cuatro grandes principios que va a vertebrar nuestro proyecto de país. Los principios son: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial para garantizar que cualquier ciudadano y ciudadana, viva donde viva –ya sea en el entorno urbano o sea en el entorno rural tengan las mismas oportunidades para poder desarrollar todas sus potencialidades. Pasemos a estos cuatro elementos. El primero el de la España verde. La lucha contra la crisis ambiental puede ser una enorme valsa de incertidumbre o puede ser representar una enorme palanca de creación de empleo, de transformación empresarial y de un positivo impacto social en nuestro país. Así lo creo yo fervientemente. Es ineludible una transformación del modelo productivo y la incorporación de un nuevo paradigma de sostenibilidad ambiental como fuente de generación de empleo, innovación, ahorros en contabilidad nacional –pensemos en la autonomía energética- y en la balanza comercial. 

Por ello, remitimos el pasado mes de mayo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a las instituciones comunitarias. Y se prevé un Plan de despliegue masivo del parque de generación renovable. En los próximos tres años apostaremos por una estrategia de despegue de la electrificación de la movilidad que desplegará más 250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023, como hito para lograr los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030. Habilitaremos más de 100.000 puntos de recarga para facilitar la implantación del vehículo eléctrico. Aceleraremos la transformación a gran escala de nuestro sistema energético para alcanzar un sistema 100% renovable y por tanto limpio en 2050. Rehabilitaremos más de medio millón de viviendas durante los próximos tres años para hacerlas más eficientes energéticamente. Y reforzaremos la gestión integral de la costa y los recursos hídricos con una inversión de más de 2.000 millones de euros para cumplir nuestras metas europeas, con la restauración de 25.000 km de ríos. 

Junto a la España verde, la España digital. #PlanEspañaPuede www.psoe.es 12 Tel. 915 820444 Ferraz 70 28008 Madrid @psoe La situación derivada de la COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización del mundo y en consecuencia de nuestro país, del sistema productivo pero también de nuestro sistema educativo, poniendo de relieve sus fortalezas y también sus carencias que hemos sufrido a lo largo de estos meses, tanto desde el punto de vista económico, como social y territorial. Es urgente apoyar la modernización del tejido empresarial, impulsando su internacionalización, la renovación del capital tecnológico, su adaptación a la transición ecológica, sí, pero también a la transición digital. En línea con la estrategia digital europea, la Agenda España Digital 2025, aprobada en julio, será la hoja de ruta para guiar la acción en este terreno. El 80% de los españoles y españolas recibirá formación en competencias digitales. 

Promoveremos que el 75% de la población disponga de cobertura 5G y que toda la población española tenga acceso a internet rápido. Formaremos en teletrabajo a más de 150.000 empleados públicos y extenderemos el impacto por programas de digitalización a 2,5 millones de pymes. En tercer lugar, quisiera manifestar nuestro empeño y compromiso con una causa que podemos compartir todos y todas. Y es que necesitamos un país sin brechas. Y la mayor brecha que existe en nuestro país, además de la territorial, es la brecha de género. Necesitamos construir entre todos una plena igualdad entre hombres y mujeres en España. Si avanzan las mujeres, avanza la sociedad. El objetivo de eliminar las brechas de género que tiene que ser un objetivo trasversal. Eso explica que la igualdad de género sea un enfoque transversal que vayamos a dar a todos los proyectos tractores que a continuación presentaré. Un dato para ser conscientes de la envergadura y de la potencialidad que representa en términos, no solamente de dignidad, de justicia pero también económicos la lucha por la igualdad de género. Según estudios recientes, la maternidad explica una proporción significativa de la brecha salarial de género. Hasta un 11% cae los salarios medios de las mujeres un año después del nacimiento de sus hijos, cosa que no ocurre con los hombres. 

El Plan contempla, por ejemplo, la creación de más de 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años –que es una de las asignaturas pendientes en nuestro país, que es sinónimo de pobreza infantil y que es sinónimo de desigualdad de oportunidades-, y 1.460 unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar para atención del alumnado educativamente vulnerable –tenemos un desafío con el fracaso escolar y el abandono escolar-, lo que ayudará sin duda a miles de familias, pero sobre todo y de manera preferente a las mujeres, madres de familia. En cuarto lugar, queremos una España de igualdad de oportunidades, vivan donde vivan los ciudadanos. En la ciudad o en el medio rural. Nuestro país tiene una población muy concentrada en las ciudades y en los municipios medianos y grandes. Es crucial abordar el reto demográfico con políticas que superen desigualdades de manera particular, se abordará aquella legislación que dé respuesta a la precariedad de jóvenes y mujeres, retrasando su emancipación social y económica, y lastrando la natalidad. Debemos reforzar la cohesión económica, social y territorial para crear una sociedad más justa, más solidaria y resiliente. 

Para ello, fortaleceremos el estado de bienestar –también es una de las grandes lecciones que debemos sacar de esta crisis- Necesitamos una Salud Pública, una Sanidad Pública, una Educación Pública, un Sistema Nacional de Dependencia y unos servicios de proximidad y de atención a las personas mayores y dependientes muchísimo más potente y fuerte del que tenemos en nuestro país en el día de hoy. La reforma de las políticas activas de empleo –fundamental para hacer la reconversión industrial-, e impulsaremos un sistema fiscal justo en el horizonte de los próximos años. Hay tres objetivos clave: el cierre de brechas sociales y territoriales, el desarrollo del medio rural y la justicia intergeneracional. La transformación digital será una herramienta indispensable para vertebrar la cohesión territorial. La conectividad generalizada de todos los territorios revitalizará las zonas más afectadas por la despoblación, creando las condiciones óptimas para el emprendimiento y la generación de empleo, especialmente el empleo de los más jóvenes. Además, del esfuerzo en educación temprana de 0 a 3 años, apostaremos por un programa de enriquecimiento educativo para 3.000 centros de especial dificultad educativa; reduciremos también la brecha digital con la dotación de 250.000 dispositivos con conexión a internet para uso en el hogar; y crearemos Aulas Digitales Interactivas en 19.000 centros educativos. Seguiremos con la reforma y modernización de la Formación Profesional impulsando definitivamente la Formación Profesional Dual ajustando las plazas a las necesidades de cualificación del mercado laboral, mediante la creación, les adelanto, de 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional en los próximos 4 años. 

Extenderemos asimismo la formación profesionalizante accesible en 3.000 municipios con menos de 5.000 habitantes de la España para afrontar el reto demográfico. En política social impulsaremos la rehabilitación y la adaptación de las infraestructuras residenciales actuales para mejorar en los próximos tres años la atención que reciben las 75.000 personas que atienden. Posibilitaremos que en tres años 870.000 personas dependientes que viven en su domicilio accedan a los servicios de teleasistencia. 

Estas cuatro grandes transformaciones, la digitalización, la transición ecológica, la igualdad de género y la cohesión social y territorial coinciden con las líneas de actuación que la Unión Europea que acordamos priorizar durante el mes de julio. Para ello, y en base estos pilares, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas tractoras. Políticas que perfilan el alcance concreto de la inversión de los 72.000 millones de euros que hoy hacemos público para los próximos tres años y que tiene una distribución de fondos y prioridades muy marcadas. La primera es la Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo del sector agroalimentario que concentra el 16% de los recursos. 

Apunta a dos objetivos fundamentales: uno, mejorar la habitabilidad de los entornos urbanos mediante un Plan de choque de Movilidad Sostenible y un Plan integral de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana; y dos, dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo y la actividad económica con medidas como el Plan Estratégico para la Transformación y Digitalización del Sistema Agroalimentario y de la Cadena Logística, centrado en el fomento de la producción ecológica. La segunda son las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes, que recibirán en 12% de los recursos. Hablamos de preservar nuestra biodiversidad, nosotros somos la Costa Rica de Europa. Somos uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Necesitamos protegerla, necesitamos cuidarla, necesitamos legarla a las generaciones futuras. 

Preservación de la biodiversidad, el cuidado de los hábitats naturales, la restauración de humedales, los bosques, la restauración de ecosistemas vulnerables, la gestión de los recursos hídricos y la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático no solo expresan un compromiso ético con generaciones futuras, también representan una inversión cuya rentabilidad se expresa en términos de empresa, de creación de empleo, de protección de la salud, de bienestar de los ciudadanos y de seguridad. 

A ese fin, el Plan prevé activar un Fondo para la Restauración ecológica y la resiliencia, que permita movilizar estas inversiones verdes y azules y activar soluciones basadas en la naturaleza. La tercera política tractora es la Transición energética justa e inclusiva, a la que se destinará el 9% de los recursos. Debemos aprovechar el enorme potencial de nuestro país para posicionarnos estratégicamente como líderes de la renovación energética a escala global. 

La cuarta política tractora tiene que ser el salto definitivo y la modernización de las Administraciones Públicas para el siglo XXI. A la digitalización de ámbito estratégicos como los procedimientos administrativos o la ciberseguridad dedicaremos el 5% de los recursos de este plan. La quinta política tractora es la modernización y digitalización de nuestro tejido productivo, de nuestras PYMES, de nuestra industria, de nuestro sector turístico y un impulso decidido a la Estrategia España Nación Emprendedora. A ella irá el 17% de los fondos. La sexta política tractora es el Pacto por la ciencia y la innovación y el Refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Esta área contará con una movilización de recursos del 17%. Debemos fortalecer las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, y acompañar y fomentar un incremento sostenible de la inversión pública y privada en I+D en nuestro país. La séptima política tractora es la Educación y el conocimiento, la formación profesional, formación continua y desarrollo de capacidades de los más mayores, que concentrará el 18% de los recursos. Si hay un elemento capital para que el Plan de inversiones y reformas tenga el impacto deseado, ese es la inversión en capital humano. 

Lo que incluye un Plan Nacional de Capacidades Digitales del conjunto de la población, un Plan Estratégico de Impulso de la Formación Profesional que se elaboró junto con toda la comunidad educativa y la modernización y digitalización del sistema educativo, impulsando la educación de 0 a 3 años y avanzando decisivamente hacia un modelo personalizado, inclusivo y flexible. 

La octava política tractora es la Nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo, a la que destinaremos el 6% de los recursos. La pandemia ha demostrado la necesidad absoluta de situar a las personas en el centro de la economía, asegurando que nadie queda atrás. Sobre todo los más mayores que tanto han trabajado por el futuro de nuestro país. Tenemos que legarles unos servicios de atención mucho más fuertes, mucho más resilientes. Mucho más adaptados a sus necesidades y sus querencias como es, por ejemplo, los servicios de proximidad. La novena política tractora es el Desarrollo de la industria de la cultura y el deporte, que contará con el 1,1% de los recursos del plan. La industria cultural, cuya vulnerabilidad se ha puesto de relieve en la pandemia, no solo tiene un valor indispensable para el desarrollo de una sociedad libre y abierta: también es generadora de riqueza, industria y en consecuencia de empleo. 

Es preciso impulsar un plan para su revalorización en todos sus sectores, al tiempo que apoyamos las iniciativas que la nueva economía digital está planteando, entre otros sectores la producción audiovisual y los videojuegos que caminan a caballo entre la cultura y la industria. Otro tanto haremos con el deporte, que tiene una potencialidad no solamente interior sino exterior fundamental y que representa a mi juicio una de las ventajas competitivas de nuestro país y que se ha visto muy afectado por la emergencia sanitaria. Y la décima y última política tractora es la Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. El paso devastador de la pandemia ha supuesto un aumento inevitable del gasto público y de la deuda pública, cubierto ahora por los mecanismos extraordinarios de flexibilidad previstos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. 

Sin embargo, la sostenibilidad financiera a medio plazo requerirá retomar la senda de reducción de los desequilibrios fiscales –no nos olvidemos que tenemos una recaudación muy inferior a la media de la Unión Europea-, una vez consolidemos un crecimiento lo suficientemente vigoroso y recuperemos niveles de PIB similares a los de antes de la pandemia. Además, entre todas las administraciones, hemos de tomar medidas para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público. Esto no sólo nos lo dicen los empresarios y las empresarias, nos lo dicen también los propios ciudadanos cuando se acercan a la ventanilla de una institución pública. Tenemos que ser mucho más eficientes en el gasto público y sin duda alguna, tenemos que reconstruir consensos, que se han roto a lo largo de estos últimos años, y uno de ellos fundamental es reconstruir el consenso en torno al Pacto de Toledo, para dar seguridad a nuestros mayores sobre la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones y dar certezas a las generaciones futuras. 

Todos los planes, medidas y acciones contenidos en estas diez políticas palanca incidirán directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación de nuestro tejido económico y social. Sectores que, al mismo tiempo, entroncan con algunas de las necesidades más apremiantes que tenemos como país. Pero sin duda, quiero insistir en ello, serán la transición ecológica con más del 37% de los recursos y la digitalización, con el 33%, las grandes prioridades de este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los fondos, vamos a reforzar y desarrollar estructuras de seguimiento y coordinación, en cuatro ámbitos fundamentales:

 • En primer lugar, en el ámbito del buen Gobierno, se creará una Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que presidiré personalmente y en la que participarán todos los Ministros y Ministras de las áreas de gobierno con mayor vinculación con la ejecución del plan. Así mismo, se constituirá una Unidad de Seguimiento en La Moncloa. 

• En segundo lugar, en el ámbito de la cogobernanza –porque vivimos en un estado compuesto, porque las CCAA tienen competencias muy importantes en el ámbito urbanístico, en el ámbito de la rehabilitación de viviendas, en el ámbito de la movilidad-, se reactivará la Conferencia Sectorial de Fondos Europeos, con las comunidades y ciudades autónomas. Se introducirá el Fondo de Recuperación en los debates habituales, una palanca muy potente desde el punto de vista político que hemos activado desde el principio de esta legislatura como consecuencia de la emergencia sanitaria que es la conferencia de presidentes autonómicos, y se potenciará la participación de las entidades locales. En este sentido, quiero recordar una cita inédita en nuestro país y es que el próximo día 26 se celebrará en el Senado una Conferencia de Presidentes con la presidenta de la Comisión Europea para abordar la gestión de los fondos con todos gobiernos autonómicos.  

• En tercer lugar, se facilitará una interlocución continua, intensa y muy próxima con las empresas, con los trabajadores y con resto –también el mundo académico- de actores que participan en los proyectos, a través de varios Foros y Consejos de alto nivel, potenciando la colaboración públicoprivada –porque necesitamos arrastrar inversión privada- y el diálogo con los agentes sociales que tan buenos resultados están dando. Entre los Foros de alto nivel estarán, entre otros, los siguientes: Foro de alto nivel sobre ciencia e innovación, otro sobre digitalización, otro sobre energía, agua, movilidad, industria, turismo, reto demográfico, cultura o deporte. 

• En cuarto lugar, en el ámbito institucional se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento, a través –y esta es la propuesta que aremos a la mesa del Congreso de los Diputados- de la Comisión Mixta Unión Europea para que haya una representación de los diputados y diputadas sino también de los senadores y senadoras para dar una representación territorial a la rendición de cuentas. Para garantizarnos la eficacia y agilidad en la absorción de los fondos debemos poner en marcha una reforma profunda de las normas y leyes de la Administración General del Estado en tres vertientes: 

Primero, con el diseño de una gobernanza para los fondos que sea eficaz, fortaleciendo las estructuras administrativas responsables de este reto; que además sea plural, no sólo debe contar con la Administración General del Estado, sino que tiene que contar también con las Comunidades Autónomas, los municipios y el sector privado; y, por último, que sea responsable, cumpliendo en todo momento con los criterios y condiciones a los que España se ha comprometido en Europa en el ámbito del buen Gobierno. 

El segundo lugar. Estamos en puertas de una gran transformación en la forma de operar de la Administración Pública. Este Gobierno va a acometer las reformas legales y administrativas necesarias para que la gestión de los fondos sea impecable y se ejecuten de manera transparente y ágil en estos tres años. Para ello, a través de un real decreto ley para eliminar todos los cuellos de botella y todas las trabas administrativas existentes. Modificaremos aquellos aspectos, por ejemplo, de la Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley General de Subvenciones o de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.  ¿Y por qué? Porque a menudo se detecta que suponen un obstáculo para la gestión y absorción de los recursos disponibles. A las dificultades no podemos añadir más dificultad, sino más flexibilidad para la absorción en los parámetros de buen Gobierno a los que aspira y quiere nuestro país. Y todas estas reformas se harán siempre conforme a la normativa europea. 

Y, en tercer lugar, revisaremos todos aquellos aspectos operativos o de gestión que resulte preciso modificar. En definitiva, eliminaremos trabas administrativas y resolveremos cuellos de botella que ralentizan y entorpecen la contratación y la ejecución de proyectos. Insisto. Esta reforma histórica —largamente demandada y ahora más necesaria que nunca necesaria— y esto hará que nuestra administración pública sea más eficaz, más ágil y más transparente. Y quiero pedir que el resto de las administraciones, autonómicas, a las administraciones provinciales y las administraciones locales, sigan este camino en sus ámbitos de su competencia. Ahora no podemos permitirnos —menos que nunca— que la burocracia obstaculice la recuperación y la modernización que demanda y necesita nuestro país. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia junto a los PGE definirán el horizonte de España para la próxima década. Con ellos abordamos la nueva modernización de España. El esfuerzo es ingente pero merecerá la pena. Claro que merecerá la pena. Necesitamos eso sí contar con el mayor respaldo posible. Ya disponemos del respaldo de la unión europea; también del impulso y la estabilidad que propician los acuerdos entre los agentes sociales. Será preciso extender al máximo la cogobernanza entre las distintas administraciones con la poderosa palanca de la Conferencia de Presidentes. Y sería deseable que ese clima de unión, de concordia, de arrimar el hombro, de empujar todos en la misma dirección se extendiera al ámbito de los partidos políticos con presencia parlamentaria. No me cansaré nunca de decirlo y repetirlo. Quisiera por ello finalizar con una reflexión: nunca —al menos desde los tiempos de la transición— nuestro país ha necesitado tanto la unidad, la cooperación y la lealtad institucional del conjunto de todas las fuerzas políticas parlamentarias. Son tiempos excepcionales, y exigen de todos un comportamiento político excepcional. Yo no reclamo. 

El Gobierno no reclama un apoyo ciego y acrítico a nuestras posiciones, a nuestras políticas. Pero sí una colaboración mínima en beneficio del interés general, del bien común, en beneficio de nuestro país. Sí, también reclamo el fin de cualquier bloqueo institucional. Tras esta crisis de la COVID-19, se alzan dos posibles respuestas. La política o la antipolítica. La política sirve para buscar puntos de acuerdo, para encontrar soluciones desde la diferencia. 

La antipolítica solo sirve para señalar culpables, a menudo imaginarios, para fomentar el odio y enfrentar la sociedad. El mundo, Europa y por ende nuestro país se halla en una encrucijada decisiva. Millones de españoles se sienten frágiles ante el azote de un virus mortífero y frente a la sacudida económica y social insólita y feroz derivada de esta emergencia sanitaria. La política puede tomar el camino de la colaboración o el camino de la trifulca. Desde luego el Gobierno de España opta por el camino de la colaboración porque nada bueno obtendrá nadie por el segundo camino. Solo sumará desazón y rabia a la inseguridad que hoy sienten los ciudadanos y ciudadanas como consecuencia de la pandemia. Estoy convencido que España va a tomar el camino de la política, el camino del acuerdo y que va a abandonar el camino de la antipolítica. 

El Plan que hoy presentamos, los PGE que presentaremos a las Cortes Generales que lo activan ofrecen una oportunidad única para demostrar el ímpetu de nuestro país y para poner a prueba la potencia de la política democrática. De la buena política, la que facilita acuerdos, la que propicia soluciones. Sé de sobras que estamos diseñando un escenario de esperanza cuando aún no hemos superado el momento sombrío al que nos arrastró la pandemia. Pero a la vez que superamos la emergencia debemos elevar la mirada más allá y planear el próximo avance colectivo que nos aguarda. Estos momentos amargos pasarán sin duda alguna. Y precisamente en medio de la dureza de estos momentos es cuando debemos sobreponernos a este golpe brutal y convertirlo en una oportunidad de avance. 

Más allá del Gobierno, de las instituciones y administraciones públicas, nos encontramos ante una ingente tarea común que apela a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, a todas y cada una de las empresas con independencia del sector donde estén o la dimensión que tengan. El mayor reto al que se ha enfrentado nuestra generación desde el restablecimiento de la democracia. 

Y no hay alternativa a este reto. No tenemos más opción que actuar en el tiempo que nos ha tocado vivir, y hacerlo con ambición y con alguna dosis de entusiasmo. No podemos permitirnos la deserción o la indiferencia. Será un camino lleno de dificultades; no me cabe duda alguna. Aquí hay muchísimo empresarios y empresarias, trabajadores que son conscientes precisamente de la dureza de esta emergencia sanitaria, económica y social. Pero, una vez más, quiero reiterar mi confianza absoluta en las capacidades y las potencialidades de la sociedad española. Una sociedad que ha demostrado en los meses de confinamiento que es una sociedad solidaria, madura para asumir con disciplina muchísimas de las exigencias que tuvimos que autoimponernos precisamente para doblegar la curva y mantener a raya al virus. Somos una sociedad solidaria, madura, flexible, resiliente, disciplinada, abierta a los cambios, como ya lo hemos demostrado en muchos otros momentos de nuestro pasado. Y estos son precisamente los rasgos imprescindibles para abordar con éxito las próximas transformaciones y la modernización de nuestro país. 

Una sociedad capaz de superar los mayores compromisos desde dos actitudes básicas: la unión de todos los esfuerzos u la segunda voluntad en busca del bien común. Quiero repetirlo: no pido nada nada más que lo que ofrezco: unidad y estabilidad para que la economía funcione. Tenemos un reto difícil sin duda alguna, pero tenemos también un reto apasionante. Merecerá la pena. Tenemos un país extraordinario. Tenemos los recursos. Y tenemos la hoja de ruta definida. 

Éste es el desafío para nuestra generación. Casi nunca elegimos las circunstancias en las que hemos de vivir; muchas veces las circunstancias son las que nos obligan a elegir. Pues bien, nuestra circunstancia ha sido la pandemia y nuestra elección será la recuperación y la modernización inclusiva de nuestro país. Lo hicimos antes, y lo volveremos a hacer. Solo necesitamos querer, y confiar. Porque si España quiere y claro que quiere, España puede y claro que podrá. 

Muchísimas gracias por su asistencia.


Pedro Sánchez presenta la “hoja de ruta” para la “nueva modernización de España”




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