Ayer el Pleno de la Asamblea de Madrid volvió a debatir sobre municipalismo. En este caso a colación de una Proposición No de Ley de PODEMOS-Comunidad de Madrid sobre la modificación de la Ley 23/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la denominada LRSAL.
Los socialistas somos municipalistas por definición. Creemos que los municipios vertebran social y políticamente nuestro País y necesitan de recursos, competencias y financiación suficientes. Y esta Ley, que aprobó el PP gracias a su mayoría absoluta, no cuenta con el consenso de nadie. Los partidos políticos con representación parlamentaria (salvo el PP) redactaron un recurso de inconstitucionalidad de la Ley. Además, los parlamentos de Extremadura y Navarra, así como los gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias redactaron sendos recursos también. Y fueron 3.000 los ayuntamientos que, representando a más de 16 millones de ciudadanos, también recurrieron esa Ley.
Aunque ya se han sustanciado dos de los recursos presentados y anulados algunos artículos por parte del Alto Tribunal, seguimos en la lucha. A continuación os dejo tanto el video de la sesión como el texto de mi intervención en el pleno.
Y como siempre digo, el municipalismo se demuestra con financiación... y competencias.
6.4 Expte: PNL 64/17 RGEP 3126
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Podemos Comunidad de Madrid.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de España a modificar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. En concreto a: 1.- Acabar con la imposición de un techo competencial volviendo a un "suelo competencial" que permita a los entes locales atender las necesidades de sus vecinos y vecinas, lo que implica la modificación en este sentido de los artículos 25, 27 y 28 de dicha Ley. 2.- Acabar con la apuesta privatizadora, efecto del gravoso artículo 85.2 de dicha Ley en el que legislativamente se dificulta la gestión directa de las competencias locales. 3.- Redefinir el concepto de servicios públicos esenciales a efectos de la Ley General de Presupuestos con la finalidad de limitar los efectos en la aplicación de las restricciones de la tasa de reposición y de los gastos de personal. En cambio, se regulará que la Junta de Gobierno Local pueda, mediante acuerdo, estipular como esenciales algunos de los servicios no recogidos en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. 4.- Cancelar los Planes de Ajuste una vez que los entes locales hayan cumplido con todos los requisitos exigibles en dicha normativa. Para ello, se modificará el apartado cuatro del artículo 3 del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 5.- Recuperar el lugar central de las entidades locales como gestoras de sus intereses en el ámbito de sus competencias, pudiendo promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 6.- Abrir, de forma urgente, un proceso en el que participen las entidades locales a través de sus órganos de gobierno y más allá de las instituciones municipales se involucre también a la ciudadanía, a expertos, a las asociaciones de vecinos y al conjunto de la sociedad civil en una reordenación de las bases del régimen local que adapte la normativa a las necesidades de la nueva realidad municipal. En ella se buscará rediseñar las competencias de los entes locales, fomentando una prestación más cercana de los servicios públicos, además de una regularización de la financiación y las haciendas locales, dotando de mayor autonomía fiscal y financiera a los entes locales. Publicación BOAM núm. 112, 30-03-17.
Gracias Señora Presidenta, Señorías,
Se cumplen 3 años y medio de la aprobación unilateral por parte del Partido Popular, de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la mal llamada Ley de Reforma Local, que vino a sustituir a la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.
Han oído bien Señorías: una norma tan importante para la convivencia entre las administraciones se reformó de manera unilateral por parte del PP, abusando de la circunstancia de la mayoría absoluta, y aprobando una auténtica contrarreforma local, un desastre municipalista que ha servido para ningunear a los ayuntamientos y a la ciudadanía regida por ellos.
Esta Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones de las Entidades Locales. Recorta competencias y abre el camino a la privatización de diferentes programas, como los servicios sociales que prestan los ayuntamientos.
El texto es también un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local y obvia el principio de subsidiariedad que rige, desde siempre, nuestro acervo legislativo.
Tal grado de consenso ha concitado la oposición a esta Ley, que 3.000 ayuntamientos de toda España, de todos los partidos políticos excepto el PP, y representando a más de 16 millones de españoles y españolas, han firmado un recurso de inconstitucionalidad sobre esta Ley. Además los gobiernos autonómicos de Andalucía, Asturias, Cataluña y Canarias, junto a los parlamentos de Extremadura y Navarra interpusieron también recursos ante el Tribunal Constitucional en defensa de su autonomía. Por otro lado hasta ocho gobiernos autonómicos aprobaron normas para blindarse ante la “Reforma Local” del PP, algunos del mismo PP como Galicia, Castilla y León, Extremadura o Madrid.
También existe un recurso ante el Alto Tribunal presentado por 50 diputados y Senadores del PSOE.
Señorías, El principal compromiso socialista continua siendo la derogación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL).
Junto a ello, proponemos la aprobación de una nueva Ley de Régimen Local que se adecúe a la nueva situación de nuestro país, aplicando el principio de subsidiariedad con todas sus consecuencias. Entendemos que las entidades locales son las administraciones más próximas a los ciudadanos, y por ello, debemos reforzar su carácter democrático y mejorar su capacidad para prestar servicios públicos de calidad. En esta aprobación deben estar la FEMP, los grupos parlamentarios del Congreso, así como organizaciones y plataformas sociales.
Queremos garantizar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y, aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública. Desde hace mucho tiempo nuestros ayuntamientos necesitan unas reglas claras y unos ingresos suficientes para prestar aquellos servicios públicos que la ciudadanía demanda, por lo que se hace necesario impulsar, desde el consenso, una nueva Ley de Haciendas Locales, además, que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la futura Ley de Financiación Autonómica, definiendo con claridad la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado (PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAS).
Junto a ello, se hace necesario poner en primer plano la problemática del mundo rural y la despoblación, y elaborar una regulación específica de los pequeños municipios, que propicie su supervivencia y su dignidad, así como su evolución demográfica, social y económica, a través de un catálogo mínimo de recursos legalmente establecido, así como a impulsar la aplicación de la Ley para el desarrollo sostenible en el medio rural. Madrid se vería muy beneficiada con una Ley de estas características.
Y no debemos olvidar el impulso de la intermunicipalidad, a través de mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas, etc., como entes locales que prestan determinados servicios públicos de forma más eficaz y eficiente. Sobre áreas metropolitanas traeremos en breve iniciativas legislativas a este Parlamento.
Frente a la minoración de las competencias municipales de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y del control del ejercicio de éstas, es preciso arbitrar un sistema de garantía y financiación de las competencias y servicios municipales, en base al principio de sostenibilidad y autonomía financiera inherente a la autonomía local.
En definitiva, se trata de asegurar:
- Una auténtica autonomía local.
- Mayor financiación local.
- Situar a los ayuntamientos en el mismo plano político que las otras administraciones.
- Establecer competencias y servicios claros y suficientemente dotados. Cláusula general de competencias.
- Que los gobiernos locales puedan intervenir en todos los desarrollos legislativos que les afecten.
- Menos tutelas cual ONG y más apoyos reales con más coordinación horizontal.
- La defensa de los pequeños municipios, donde la prestación de servicios cobra especial relevancia.
Como saben el Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias ante los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Asamblea de Extremadura y la Junta de Andalucía, que declaran NULOS diferentes aspectos de esta Ley, relativos a invasión del Estado en competencias autonómicas, a que el Estado NO PUEDE prohibir que los ayuntamientos desarrollen competencias autonómicas de asistencia social y sanidad, la eliminación de la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local pueda aprobar los presupuestos municipales cuando el pleno municipal no alcance la mayoría necesaria en una primera votación y el reconocimiento explícito de la contratación centralizada y administración electrónica de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Comunidades autónomas uniprovinciales en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Queda por resolver el recurso planteado por los 3.000 ayuntamientos.
Señorías, voy concluyendo.
No existe norma más contestada que ésta. Incluso los alcaldes y alcaldesas del PP, en círculos no oficiales, reconocen el daño que la aprobación de esta Ley ha tenido para el municipalismo español.
Por eso Señorías no hay que modificar esta Ley, sino derogarla, y aprobar otra consensuada por el mayor espectro político y ciudadano posible, contando con los protagonistas del mundo municipal, en este caso representados por la FEMP.
Como siempre decimos, el municipalismo se demuestra con financiación, a lo que hoy añado, y con una Ley justa para los que vertebran socialmente este país, los ayuntamientos.
Gracias Señora Presidenta, Gracias Señorías.
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