El primer post del año, además de la felicitación de año nuevo, suele ser de transición, declaraciones de intención con respecto al periodo de sesiones que viene. En este caso no va a ser así.
Hoy la izquierda de la Asamblea de Madrid ha anunciado ante los medios de comunicación la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la votación, el pasado 1 de octubre de 2020, de la modificación de la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Desde la pasada Legislatura venimos hablando de la importancia de una nueva Ley del Suelo y Urbanismo para la Comunidad de Madrid. El gobierno del PP, presidido en ese momento por Cristina Cifuentes, elevó a ponencia legislativa un texto que no salió adelante. El Grupo Parlamentario Socialista presentó cerca de 200 enmiendas a ese Proyecto de Ley.
Desde luego, los socialistas madrileños tenemos otro modelo urbanístico para esta región, un modelo que tiene en la sostenibilidad un anclaje muy profundo.
Así, bajo el eufemismo para el impulso y reactivación de la actividad urbanística, el gobierno de Díaz Ayuso aprobó, con los votos de CIUDADANOS, socio de gobierno del PP, y VOX, aspirante a serlo, una modificación, la número 16, de la vigente Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Sí, la vigente Ley del Suelo de esta región cumplirá 20 años.
Ya hemos comentado todo lo que nos separa de esta Ley y de la modificación de Octubre del año pasado. No coincidimos en el fondo de la modificación porque, grosso modo, insiste en un modelo sin estrategia territorial. Sencillamente no hay modelo ya que no existe planificación urbanística. Tan sólo más inseguridad jurídica y la privatización de la gestión pública del urbanismo. No se generó un trámite participativo para la nueva Ley; así entidades sociales, ayuntamientos o sindicatos quedaron al margen de esta importantísima modificación legislativa. Los grupos parlamentarios tampoco pudimos participar ya que gracias al trámite de LECTURA ÚNICA (artículo 167 del Reglamento de la Asamblea de Madrid) no hubo ponencia legislativa.
Pero las formas también son importantes, sobre todo en Democracia. Y el hecho de que estemos viviendo una crisis sanitaria sin parangón no ampara tomar cualquier decisión y de cualquier manera.
Los diputados y las diputadas socialistas a las que no se las permitió votar esta Ley, la única de Díaz Ayuso en esta Legislatura hasta el momento, han interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de los artículos 23.1 y 23.2 de nuestro texto constitucional.
Y es que la gestión de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 en esta Comunidad ha sido, y es, caótica y aparentemente desordenada, sólo aparentemente, porque los intereses del gobierno PP-CS, con el apoyo de VOX, siempre han sido los tendentes a la privatización de la sanidad madrileña, también durante la pandemia.
Con este recurso los diputados y las diputadas socialistas quieren hacer valer el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, libremente elegidos por sufragio universal y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas y a los cargos públicos representativos.
Y el 1 de octubre, cuando se aprobó la Ley 1/2020, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística en la región, a 17 diputados y diputadas socialistas, no se les permitió votar. Se les impidió votar.
No tengo ninguna duda que este recurso va a prosperar.
Los y las socialistas madrileñ@s seguiremos trabajando por una región donde la Democracia siempre esté presente en cualquier decisión. Por supuesto para llegar a tener un urbanismo social y sostenible en la Comunidad de Madrid.
Por cierto, una vez más, feliz 2021.
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