El pasado 10 de marzo el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una Proposición No de Ley en la que se insta al Consejo de Gobierno a modificar el vigente Decreto 147/1998, de 27 de agosto, de protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público, para incorporar como disposición adicional el siguiente texto:
"Todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de automoción deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos de una persona responsable, debidamente formada, de los servicios que en ella se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el presente decreto. En el caso de personas con discapacidad física que les impida el suministro en régimen de autoservicio, serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones".
Además, se incorpora una nueva sanción para todas aquellas estaciones de servicio que no cumplan con esta nueva disposicion.
Éste fue un acuerdo tomado por la unanimidad de los Grupos Parlamentarios, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando se hacen cosas en beneficio de los ciudadanos, los acuerdos vienen solos.
A continuación os dejo el texto de mi intervención en el pleno del pasado 10 de marzo.
4.1 Expte: PNL 102(X)/15 RGEP 6090
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Podemos Comunidad de
Madrid y de Ciudadanos.
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al
Consejo de Gobierno a: Modificar el vigente Decreto 147/1998, de 27 de agosto, de
protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de
suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al
público, para incorporar como disposición adicional el siguiente texto:
"Todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleos de
automoción deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan
abiertas y en servicio, al menos de una persona responsable, debidamente
formada, de los servicios que en ella se prestan, al objeto de garantizar el
ejercicio de los derechos reconocidos en el presente decreto. En el caso de
personas con discapacidad física que les impida el suministro en régimen de
autoservicio, serán atendidas por una persona responsable de las
instalaciones".
Gracias
Señora Presidenta, Señorías,
Quiero
agradecer la presencia de los representantes de la Federación de Industria de
UGT, y de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la
Comunidad de Madrid.
Con
ellos hemos trabajado el acuerdo que tomaremos en unos minutos.
Muy
brevemente para comentar de manera somera lo que se pretende acordar con esta
Proposición No de Ley que hemos acordado los cuatro grupos parlamentarios.
Quiero hacer expresa mención, una vez más, de la voluntad que ha reinado para poder
acordar esta resolución que el Grupo Parlamentario Socialista considera muy
importante para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Como
saben sus Señorías, a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley
4/2013, de 22 de Febrero (hoy Ley 11/2013, de 26 de Julio), de medidas de apoyo
al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, el
gobierno de España liberaliza la instalación de estaciones de servicio de
carburantes en polígonos industriales y otras zonas y establecimientos, así
como la posibilidad de que éstas funcionen por procedimientos automáticos. Ésta
posibilidad se hace con independencia de la legislación urbanística autonómica
y de la normativa urbanística municipal. Según la exposición de motivos de esta
Ley, esta medida se considera justificada por “razones de interés nacional, velar por la estabilidad de precios de
los combustibles de automoción y adoptar medidas directas de impacto inmediato
sobre el precio de los carburantes, al tiempo que permitan un funcionamiento
más eficiente del mercado”.
Esta medida afecta de manera
directa a la seguridad, ya que no se pueden atender siniestros si no hay
operarios disponibles para ello.
También afecta al empleo, ya
que el no necesitar personal para la atención del suministro y de las posibles
incidencias, provoca el despido directo de buena parte de los 5000 trabajadores
del sector que hoy trabajan en la Comunidad de Madrid.
Es una clara invasión de las
competencias urbanísticas municipales y autonómicas, en tanto en cuanto las
primeras tienen que ser ratificadas por la autoridad autonómica.
La pérdida de derechos a los
consumidores en general y a personas con capacidades especiales en particular
culmina la lista de inconvenientes de esta Ley.
Por eso, para paliar estos
perjuicios en los que coincidimos trabajadores, empresarios y grupos políticos,
se hace necesario modificar el actual Decreto de protección de los derechos de
los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y
gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público.
Un trabajador o trabajadora,
debidamente formada, estará en dichas estaciones siempre que permanezcan
abiertas.
Se establece, además, un
régimen de sanciones para quienes incumplan lo dispuesto en la modificación
propuesta.
Mi Grupo vigilará que el
cambio legal de este Decreto, propuesto hoy, se apruebe cuanto antes. Estoy
seguro que el resto de los grupos parlamentarios harán lo mismo.
Este es un compromiso al que
mi Portavoz, Ángel Gabilondo, llegó con los empresarios, y que hicimos
extensivo a los sindicatos. Es una gran satisfacción haber cumplido otro
acuerdo, otra solución justa que materializamos hoy.
Gracias Señora
Presidenta.
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