Soluciones Justas para nuestro territorio

El pasado 19 de marzo el diario El País publicó una reflexión personal sobre la ordenación de nuestro territorio en la Comunidad de Madrid. Ésta,  hecha a raíz de las propuestas que sobre la futura Ley del Suelo se hicieron en las jornadas que el Grupo Parlamentario Socialista organizó en la Asamblea de Madrid, tienden a la redacción de una nueva norma, consensuada y negociada, que ofrezca claridad ante el marasmo legislativo que el Partido Popular  ha creado en los últimos 20 años. Una negociación completa de la norma, sin nuevos parches, que ofrezca más seguridad jurídica dentro de unos conceptos sostenibles y respetuosos con nuestro medio ambiente. 

A continuación os dejo el artículo completo, dado que el publicado en El País tenía una limitación (lógica) de palabras. Estas propuestas son parte de las Soluciones Justas que Ángel Gabilondo propuso en el Programa Electoral del PSOE-M en las pasadas elecciones autonómicas. Y serán su programa de gobierno, estoy seguro. 

En los últimos 20 años, el urbanismo de la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por ser una realidad legislativa en continuo cambio, así como por la absoluta ausencia de voluntad de consenso en las políticas urbanísticas.

El gobierno del Partido Popular en Madrid nunca sometió a debate la necesidad de las sucesivas y numerosas modificaciones legislativas. Sin duda, el mal uso de la mayoría absoluta, como en tantas otras cosas, les hizo prescindir de la opinión de operadores, gestores, profesionales, colectivos, asociaciones, grupos y partidos políticos. 

Las transformaciones urbanísticas perduran en el tiempo, alcanzando sus consecuencias, buenas o malas, a las generaciones venideras. Por ello se requiere de análisis exhaustivo, legalidad rigurosa y planificación global, que culminen en la tramitación legislativa necesaria que convierta en realidad lo planteado. Hablamos de una materia donde es deseable la estabilidad de los marcos legislativos que rigen todo el proceso, entre otras razones para que las reglas del juego no cambien en mitad del partido. La seguridad jurídica lo es todo en democracia.

Pero la realidad urbanística ha sido bien distinta en los últimos 20 años en la Comunidad de Madrid, donde este planteamiento lógico en el terreno político y deseable para responsables públicos, no ha sido entendido ni puesto en práctica nunca por los gobiernos del Partido Popular.

La vigente ley que rige el urbanismo madrileño data de 2001, y desde entonces hasta la actualidad, ha sufrido más de 100 modificaciones. En estos años de vigencia de la norma, estas modificaciones han tenido más que ver con proyectos puntuales, por no hablar de intereses puntuales, olvidando en muchos momentos el interés general, y cuyos efectos se han trasladado a otros ámbitos, programados o sobrevenidos.

Un ejemplo del proceder que venimos denunciando, quizá la modificación más incomprensible de todas y con críticas prácticamente unánimes, es la referida al inicialmente derogado artículo 39.8 de la citada Ley, relativo a la prohibición de edificar por encima de tres alturas más ático en construcciones de viviendas. Por ser más concretos, lo aprobado por Esperanza Aguirre en 2007 a través de la Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y de la Comunidad de Madrid, es derogado por Cristina Cifuentes en 2015.

Este polémico artículo, al aplicarse a desarrollos urbanísticos ya en tramitación y con parámetros económicos muy definidos, ha generado descompensaciones e incluso la imposibilidad de desarrollar las edificaciones previstas y al tiempo cumplir con la obligatoriedad de cesión de terrenos dotacionales, espacios verdes o viales.

Como si de un castillo de naipes se tratara, esta modificación ha conllevado nuevas y sucesivas “correcciones” legislativas autonómicas, reduciendo considerablemente la cesión a las administraciones de suelos dotacionales para colegios, centros de salud o culturales, polideportivos, zonas verdes o viarios. La situación, cercana al esperpento, computaba como zonas verdes los ajardinamientos que pudieran plantearse dentro de las zonas privadas de las edificaciones, o a disminuir, hasta casi la mitad, el suelo previsto para la construcción de vivienda protegida, recurso destinado a favorecer el acceso de nuestros jóvenes al disfrute de una vivienda digna y adecuada, o para el necesario reequilibrio social con los que peor lo pasan con esta crisis económica.

Volver a señalar, que este tipo de modificaciones de la normativa vigente, salieron adelante sin acuerdo, y prácticamente sin debate, gracias a la mayoría absoluta de la que disfrutaba el Partido Popular, el cual no aceptó prácticamente ninguna de las enmiendas planteadas por la oposición parlamentaria del momento. La modificación de una Ley tan importante, se llevó a cabo aprovechando la tramitación de las denominadas leyes de acompañamiento en los presupuestos anuales de la Comunidad de Madrid, introduciendo modificaciones de alcance en una amalgama programada de cambios legislativos diversos en gran cantidad de leyes.

Recordemos el reiteradamente citado artículo 47 de la Constitución, el que recoge el derecho al disfrute, curiosa y acertada expresión en una norma de este tipo, a una vivienda digna y adecuada, derecho no desarrollado, ni garantizado en la mayoría del país, salvo recientemente en algunas comunidades, gracias a legislaciones impulsadas por los socialistas como es el caso de Andalucía, Cataluña o País Vasco. En la Comunidad de Madrid, como sabemos, no es así.

Pero el artículo 47 no se queda aquí, obliga a los poderes públicos a evitar la especulación en esta materia, y cabe destacar que de todas las posibles es la única especulación constitucionalmente prohibida; garantizar que toda la sociedad se beneficiará de las plusvalías que genere la acción urbanística es el precepto con el que finaliza la redacción de este artículo. Dejo a la consideración y valoración de los lectores el adecuado cumplimiento de este precepto constitucional en nuestra región, que es la que nos preocupa y ocupa.

Como puede verse, nuestra valoración sobre la realidad urbanística es muy negativa y consideramos que debe ser profunda, urgente y radicalmente modificada. Parecía que era un objetivo coincidente con el resto de actuales responsables políticos madrileños, pero hemos sufrido una nueva decepción por parte del gobierno de Cristina Cifuentes, de los que dicen ser la nueva derecha siendo el Partido Popular de siempre. No obstante y aunque sea para el momento de la correspondiente tramitación parlamentaria, los socialistas consideramos que Madrid necesita una nueva normativa, no unas simples modificaciones y ajustes, consideramos que la Comunidad de Madrid precisa de un cambio en la estructura y en el contenido de la Ley.

La Ley del suelo de Madrid era ya en 2001 manifiestamente mejorable, pero tras las múltiples derogaciones, incorporaciones y modificaciones, se ha convertido en una norma que ni satisface a nadie, ni sirve para ordenar nuestro precioso territorio; se trata de una norma llena de descompensaciones, problemas de interpretación y de aplicación.

Necesitamos una Ley con voluntad de perdurabilidad, y de estabilidad legislativa, por lo que debería ser fruto de un intenso trabajo de debate y acuerdo, no solo con el resto de las fuerzas políticas presentes en este momento en la cámara autonómica, sino con la sociedad en su conjunto, tanto desde el ámbito profesional, como el ciudadano y, por supuesto, con la consideración de los ayuntamientos en tanto en cuanto son los verdaderos usuarios, y sufridores,  desde su función en la aplicación de la norma.

Debería ser una ley que favorezca la reutilización de los suelos de la ciudad existente y no, como en las sucesivas leyes conservadoras tanto estatales como madrileñas, en las expansiones de las ciudades en nuevos ensanches. El suelo es un bien escaso y finito, cuyo consumo debemos moderar.

Debe potenciar la participación efectiva y real de los ciudadanos, alejándose del mero cumplimiento y abuso de la figura de la exposición pública, y tender a una total transparencia en las tramitaciones y procedimientos.

Una ley sencilla y clara donde los ciudadanos, los inversores, los emprendedores y hasta los funcionarios que deben aplicarla y hacerla efectiva tengan claro el campo de juego en el que nos movemos. Normas claras, eficientes y eficaces para conseguir un territorio sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y territorial. Una ley que tienda a planificar adecuadamente el territorio de la región en su conjunto para conseguir un desarrollo regional armónico y equilibrado.

Soluciones justas para nuestro territorio. Desde la gestión del suelo podemos poner remedio a muchas situaciones de dificultad, también las sociales. Y en ese trabajo debemos volcarnos.