Llevamos 20 años en la Comunidad de Madrid sin estrategia territorial; tampoco hemos tenido, ni tenemos, ordenación o planificacion urbanística.
Ayer jueves comenzamos con el debate de lo que acabará siendo la nueva Ley de Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
Se sustanciaron las enmiendas a la totalidad, dos en total, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos. El guión se cumplió ya que la derecha de la cámara (PP + C´s) votó en contra de dichas enmniendas. Comienza ahora un proceso (largo) en el que una ponencia creada en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio debatirá las casi 1.000 enmiendas presentadas a este Proyecto de Ley, el PL 3/17, de Urbanismo y Suelo de la CM.
Aunque hemos hablado mucho de suelo y urbanismo en lo que llevamos de legislatura, hablaremos todavía más. Para comenzar os dejo el texto de mi intervención, así como el enlace al vídeo de la sesión.
Sin duda ésta es una de las leyes más importantes de nuestro ordenamiento jurídico madrileño... y de la legislatura. Los socialistas lo hubiéramos hecho de otra manera, tanto de forma como de fondo. Lo iremos desgranando conforme avance el debate parlamentario.
A continuación os dejo mi intervención, así como el enlace al video de la sesión.
A continuación os dejo mi intervención, así como el enlace al video de la sesión.
2 Proyectos de Ley: Enmiendas a la Totalidad (Tramitación acumulada)
2.1 Enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley PL 3/17 RGEP 3490, de
Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid. (RGEP 4643/17).
Gracias Señora Presidenta,
Señorías,
Seguro que todos somos
conscientes de lo que estamos debatiendo.
Por si acaso, les indico que
se pretende sustituir una norma que regula la intervención pública, y privada, en
el suelo de esta Comunidad.
Un bien más que escaso, como
saben.
Y nos preocupa, porque ya
sabemos cómo el Partido Popular y la derecha de esta cámara suele hacer estas
cosas,:
Ocupación
del suelo sin rigor, obviando los intereses de la mayoría, sin tener en cuenta
ni la diversidad ambiental de nuestra región, ni la sostenibilidad ni la
necesaria planificación estratégica de nuestra Comunidad.
Verán, los socialistas
hubiéramos hecho otra Ley. Y lo intentamos pero no fue posible. La mesa
política truncó sus expectativas en su primera semana de funcionamiento,
cambiando las normas aprobadas unilateralmente por la derecha de esta cámara.
Este hecho, unido a la falta
de comunicación con las entidades sociales y profesionales, hizo de esa mesa un
fracaso y nos sentimos expulsados de la misma.
Como lo es el Proyecto de Ley
que el gobierno aprobó el pasado 4 de abril y que comenzamos a discutir hoy.
Muchos factores atestiguan que
el PL 3/17, de urbanismo y suelo de la Comunidad de Madrid es una norma, insuficiente, excesivamente liberal, poco proteccionista
con nuestro territorio y alejada del servicio público que el suelo debe
procurar.
Es una mala norma para la
Comunidad de Madrid Señorías.
El primero de los factores es
la falta de consenso. Solo la derecha de esta cámara avala el Proyecto de Ley.
Las entidades ciudadanas,
colegios profesionales, ayuntamientos, profesionales del sector han dicho alto
y claro que querían otra ley.
La Federación de Municipios
aprobó una resolución en su contra y más de 80 ayuntamientos de la región han
aprobado mociones contrarias.
El segundo de los factores es
que se han presentado dos enmiendas a la totalidad de este PL.
Y el tercero de los factores
son las cerca de 1000 enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios.
Señorías, este número de enmiendas es, en sí mismo, otra enmienda a la totalidad.
Los socialistas hubiéramos
hecho una ley integral del territorio,
urbanismo y medio ambiente. Una ley breve, con principios básicos, válidos para
todos y para mucho tiempo. Lógicamente, cada gobierno hubiera hecho un reglamento,
pero la ley sería siempre la misma. Una ley clara, evitando tecnicismos que
solo entienden los iniciados, simplificando las normas urbanísticas,
acercándola a los ciudadanos y ciudadanas. Hubiéramos hecho una
concentración normativa para evitar las contradicciones actuales, y hubiéramos asegurado el desarrollo urbano
sostenible y la necesidad de tener una estrategia territorial.
La inexistencia de estrategia
territorial ha llevado a esta Comunidad al desequilibrio y al desorden.
En nuestro caso, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado, además de esta enmienda a la totalidad,
196 enmiendas a este texto, 78 enmiendas de adicción, 53 enmiendas de supresión
y 65 de modificación, pero tengan en cuenta que la enmienda de modificación a
la exposición de motivos tiene una extensión de 27 páginas.
Estas 196 enmiendas son el
texto alternativo del Grupo Socialista Señorías y Altos Cargos del PP. Aquí lo
tienen.
Le hemos dado la vuelta a este
Proyecto de Ley, porque no es nuestro Proyecto de Ley.
Pero además de la forma, muy
importante señorías, también hay muchos y trascendentes motivos de fondo que
motivan nuestra enmienda a la totalidad.
Siendo positivo abordar la
redacción de un nuevo texto de Ley del Suelo, el Proyecto de ley supone una
oportunidad perdida para dar respuesta adecuada a las cuestiones fundamentales
del urbanismo madrileño actual y futuro.
Es necesario que Madrid lidere
el cambio de paradigma legislativo del urbanismo en nuestro país, que continúa
enredado en el esquema normativo de la Ley del Suelo de 1956.
Porque se ha perdido la
función pública del urbanismo en Madrid, de manera consciente y, por tanto, el
control sobre la transformación del suelo con ausencia de participación
ciudadana. Sólo de esta forma podemos entender toda la presunta corrupción generada
en torno al suelo en esta Comunidad en los últimos 20 años.
Sin salirnos del marco
normativo estatal, la Comunidad de Madrid puede y debe cambiar el rumbo de un
urbanismo, que no cumple ya con lo que los ciudadanos esperamos de él.
El cuerpo central de la nueva
Ley debe abandonar el modelo desarrollista que ha marcado el urbanismo de los
últimos años, apostando decididamente por la ordenación de la ciudad existente
y su recualificación, persiguiendo un modelo de ciudad compacta, con mezcla de
usos y con nuevas áreas de centralidad.
Se trata de reformular la
esencia de un urbanismo que debe mirar hacia la renovación urbana.
El proyecto, que no se apoya
en un diagnostico territorial y urbanístico, elude la necesidad de plantear una
renovación en profundidad del régimen urbanístico, capaz de afrontar los retos
de la sociedad madrileña en el siglo XXI.
Renuncia así a la ordenación
integrada del territorio, del suelo y del urbanismo.
No
es admisible evitar el debate sobre la legislación de la planificación
territorial en una comunidad que ha promovido procesos de clasificación masiva
de suelo urbanizable sin planificación “explícita” territorial.
El proyecto profundiza en el
abandono de la consideración del urbanismo como función pública, atribuyendo a
la iniciativa privada por ley la actividad de urbanización y edificación,
convirtiendo en secundario y residual el papel de la iniciativa pública
municipal.
Este aspecto es especialmente
negativo en actuaciones de regeneración y renovación urbana en las que el papel
de la iniciativa pública debe de ser determinante.
Siendo positivo el
reconocimiento de la necesidad de atender a la ciudad existente el Proyecto
adolece de herramientas específicas para su desarrollo, sobre todo la participación
ciudadana. Participación ciudadana que queda restringida exclusivamente y con
carácter general, a los trámites de la información pública. Un
convencionalismo. Hay que ser más valiente en este sentido.
Señorías, la legislación no es neutral. Las leyes deben servir para
equilibrar consciente y voluntariamente y siempre para facilitar el acceso a
aquellos más desfavorecidos o con mayores dificultades para alcanzar el goce de
derechos, libertades, bienes o servicios.
Pero Señorías, también sirve
para favorecer otros intereses. El PP en estos 20 años lo ha demostrado.
Y esta Proposición de Ley
intenta desequilibrar la balanza a favor de unos pocos, los tenedores de suelo,
frente al conjunto de los ciudadanos.
Veamos, someramente, el
proceso histórico:
o
En 2001 el gobierno de Madrid, sustentado por
el Partido Popular, promulga una Ley del suelo, sin consenso político ni
ciudadano, donde disminuye las cesiones obligatorias de suelos para dotaciones
y servicios, que se venían realizando hasta ese momento, fijándola en un 10%.
o
Desde su promulgación, y a través de 13 leyes,
se han realizado más de 100 modificaciones a esta Ley, prácticamente todas a
favor de los propietarios de suelo o de los operadores del mismo, restando
capacidades a las administraciones públicas y disminuyendo las cesiones para
dotaciones y servicios públicos.
Cuando
se tramitó la prohibición de construir por encima de tres alturas los
socialistas fuimos muy críticos con la misma, y lo seguimos siendo.
Consideramos que fue una auténtica barbaridad desde el punto de vista
urbanístico, económico y ambiental. Mis compañeros Modesto Nolla y Antonio
Fernández Gordillo se lo repitieron hasta la saciedad.
Urbanístico por
cuanto proponía un modelo de ciudad extensivo y con mayores necesidades de
dotaciones y servicios, especialmente los dedicados a la movilidad.
Económico tanto
por los costes añadidos para el mantenimiento y la prestación de servicios
públicos en mayores extensiones, como por los mayores costes para los
ciudadanos en desplazamientos y por las dificultades que se generaban para la
implantación de negocios de proximidad, favoreciendo a las grandes superficies.
Ambientales, por
el excesivo uso de un bien escaso, como es el suelo, con las consiguientes
consecuencias para los ecosistemas generales. Les recuerdo que el 56% del suelo
de esta Comunidad está, protegido, aunque sería más correcto decir que, a la
vista de los que hace el Gobierno de Cifuentes, está desprotegido.
Señorías, ésta es una norma pensada para
operaciones y situaciones concretas, especialmente las que se encuentran dentro
del ámbito del municipio de Madrid (Chamartín, Mahou-Calderón, Campamento,
entre otras) o el denominado Distrito Norte de Alcorcón.
Pero el problema es que para intentar disminuir
el impacto de esta prohibición nada sostenible se han realizado recortes en las
cesiones de suelo para dotaciones y servicios públicos y allí donde antes había
que ceder al municipio 120 m2, por cada 100 m2 de
edificabilidad lucrativa, ahora basta con ceder 30 m2,
disminuyéndose esta cesión hasta en 15 m2, si se ajardinan
interiormente y de forma privativa espacios de las urbanizaciones, un auténtico
despropósito desde una concepción racional del espacio público.
Se mantienen las exiguas cesiones de suelo,
trasladándonos a la situación de la creación de las ciudades previa al año
1956, donde los espacios públicos, las propias calles, dependían de la buena
voluntad del promotor.
Es
decir Señorías, el PP quiere que los madrileños tengan el menor beneficio
posible de la gestión del suelo propiedad de todos y todas. ¿Qué piensa de esto
C´s?
Así mismo se han reducido de forma drástica los
porcentajes de suelo que es obligatorio destinar a la promoción de viviendas
para los que más dificultades tienen, pasando de un 50% de las viviendas a solo
el 30% y sin ninguna limitación de las tipologías de protección.
Incomprensible esta cifra. No tenemos parque
público de viviendas en Madrid Señorías. Y este es un hecho gravísimo en
términos de cohesión social, ya que mientras que en la UE hay 39 viviendas en
alquiler por cada 1.000 habitantes, en Madrid hay 3 viviendas por cada 1000
habitantes.
Es
decir Señorías, el PP no quiere que haya vivienda protegida en esta Comunidad. ¿Qué
piensa de esto C´s?
Por otra parte la Disposición Adicional,
pretende conformarse en una ley interpretativa de la propia norma, para intentar paralizar la acción judicial
que ha venido dictando sentencias de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del TSJM. Señorías, no compartimos el intento,
mediante un acto legislativo de ilusionismo, de hacer desaparecer los efectos
de esa norma en determinados desarrollos del municipio de Madrid, minimizando
la posible actuación del poder judicial, como se pretende con el redactado de
la citada Disposición Adicional.
Señorías, Sra. Presidenta, voy
terminando.
El equipo político que dirigía
la ordenación del territorio de esta Comunidad ha cambiado por la crisis de
gobierno regional de hace unas semanas.
Y tenemos una nueva
oportunidad para hacer una Ley del Suelo y de estrategia territorial entre
todos. Un texto consensuado en esta cámara y con las entidades ciudadanas,
sociales, municipales y profesionales.
Una ley de estas características
no puede ser de parte.
Este proyecto de Ley representa
a una parte de la sociedad, precisamente a la minoritaria, dejando de lado a los
más de 6 millones de madrileños y madrileñas.
Los ayuntamientos tienen mucho
que decir, y son los grandes olvidados de este Proyecto.
Regeneración y rehabilitación
urbana señorías, ese es el futuro de la planificación urbanística regional, al
que debemos tender, teniendo en cuenta, y mucho, los aspectos ambientales y
sostenibles.
Y este Proyecto de Ley los
ignora.
Sr. Consejero, Sr. Rollan, me
dirijo a Vd. ahora que termino volviendo
a reiterarle la disposición del Grupo Socialista para la redacción de un texto
consensuado, sin trampas, sin incumplimientos, sin prisa pero sin pausa. Un texto de normas claras e inamovibles,
reglas iguales.
Suya es la responsabilidad de
conseguir una Ley consensuada por todos y para todos.
Si es así, estaremos encantados
de colaborar en su redacción.
Si no es así, el Grupo
Socialista defenderá los intereses de los municipios, de las asociaciones y
colectivos y de los profesionales del sector.
Pero,
sobre todo, los intereses legítimos de los madrileños y madrileñas, ya
que la derecha de esta cámara, PP y, presuntamente C´s, no se ocupan de ellos.
Repito, si no lo hacen Vds., lo
hará el Grupo Socialista.
Gracias Señorías, Gracias
Señora Presidenta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario