El Blog de Rafa Gómez: septiembre 2017

Primera intervención de Ángel Gabilondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid en el Debate del Estado de la Región 2017.

Réplica de Ángel Gabilondo

Ante la preocupante situación generada en Cataluña, hemos de recordar que la democracia se garantiza con el cumplimiento de la Ley. Y ha de hacerse con prudencia y proporcionalidad. Lo decimos desde la Comunidad de Madrid con todo nuestro afecto al pueblo catalán. Las aspiraciones han de canalizarse de forma legal y democrática: para ello se ha de desconvocar el referéndum ilegal.

En múltiples ocasiones he defendido la audacia de ser mesurado. Eso exige entereza y coherencia. El camino es la legalidad, y desde ella ha de abrirse el diálogo para evaluar y modernizar el modelo territorial y, en su caso, adoptar las medidas políticas necesarias.

Deseamos una España con Cataluña. Con ella somos más y mejores. Deseamos progresar unidos y juntos.

Señora presidenta,

Por muchos actos, presentaciones y promociones que usted haga, la realidad de Madrid no cambia. No diremos que no hacen ustedes nada. Con un presupuesto consolidado de 20.500 millones de euros es difícil no hacer algo visible, incluso vistoso, y ofrecer gestos y actividades. Pero eso, en sí mismo, ni reforma ni transforma, ni da respuesta a tantos jóvenes, parados, mayores, a tantas personas que no pocas veces miran con indiferencia la política regional porque no resuelve sus problemas. Su manera de gobernar, insisto, de gobernar, es superficial, elude ir a las causas, a la raíz, al fondo de esos problemas. Ha sido así desde el principio y sigue así.

Queremos empezar pensando en las personas que se encuentran en situación difícil, incluso insostenible, en la Comunidad de Madrid. En quienes han perdido posibilidades y horizontes, en quienes en nombre de una libertad abstracta han sido abandonados a su suerte por una política insensible y con falta de compromiso público. Usted nos ofrece en estos debates listados de las muchas cosas de las que se ocupa el Gobierno de la Comunidad, pero las personas que tienen serias dificultades siguen cada vez más ajenas y más distantes de ese Madrid del que usted habla y que, a su juicio, progresa adecuadamente.

Los presupuestos son la expresión manifiesta de que ese es su afán: sostener y conservar el actual estado de cosas. Esto resultaría legítimo si no fuera porque Madrid es una Comunidad cada vez más desigual, con una brecha cada vez mayor entre unos ciudadanos y otros. La desigualdad no es un destino, es la consecuencia de unas políticas.

Dejarse llevar por la inercia de que las cosas no se modifiquen seriamente es un modo de entender y de practicar la política, que supongo que con agrado del Gobierno mismo puede calificarse de conservadurismo.

Por lo que usted ha dicho en su discurso esto va bien. Pero ¿a quiénes?, ¿a ustedes?, ¿a nosotros?, ¿a todos?

Cuando insistimos en que la situación de la Comunidad es difícilmente sostenible, y en no pocos aspectos insostenible, es porque Madrid necesita una profunda transformación para no excluir a sectores de la sociedad, para generar bienestar y riqueza con un modelo de crecimiento sostenible.

La falta de igualdad es insoportable ética y políticamente.

Madrid se construye políticamente desde el Gobierno y desde la oposición, y asumimos nuestra responsabilidad controlando la acción del Ejecutivo, denunciando las irregularidades y también proponiendo alternativas, abiertos al diálogo singularmente en los grandes temas. Así entendemos nuestra labor.

Hacer actos presentando iniciativas no es procurar ni desarrollar proyectos. Para el humo, no cuenten con nosotros. Por ejemplo, de lo que se dijo de aquel Silicon Valley madrileño no queda nada, salvo lo que se dice de Madritech. Lo que dijeron se ha quedado en un “vamos a ver”. De nuevo, otra presentación.

La Comunidad de Madrid generó en 2016 un PIB que supone una aportación al nacional del 18,9%. Con más de 6,4 millones de habitantes y con más de 526.000 empresas, nuestra región tiene un gran dinamismo. Sin duda la capitalidad, las buenas comunicaciones, la concentración de grandes empresas del sector servicios, principalmente financieros, hacen de Madrid un lugar atractivo para la actividad económica. Pero en la Comunidad no hay un proyecto que responda a esa potencialidad. Una vez más se confirma la política de la ausencia de buenas políticas.

Lo decisivo es la generación de bienestar y de riqueza y proponer y desarrollar económicamente la región y redistribuir y reequilibrar. Desde su llegada al Gobierno se han perdido 8.000 empleos indefinidos, lo que ha elevado la tasa de temporalidad hasta el 19,7%. Tenemos un paro cronificado, mientras desciende la cobertura del sistema de prestación por desempleo (más de 200.000 parados sin ella). Persisten bolsas de desempleo estructural y no se combate el paro de larga duración. Dos de cada diez contratos duran menos de una semana y hay muchas horas trabajadas sin remunerar. Según la EPA (INE) en el segundo trimestre de 2017 hay 435.000 personas en situación de desempleo y 172.700

llevan más de dos años buscando trabajo. En esas personas es en lo primero que tenemos que pensar en esta Cámara, en este debate. El desempleo en Madrid es un puente hacia la pobreza. El desempleo crónico produce pobreza crónica.

Esta pobreza se ceba en los mayores, cuatro de cada diez desempleados tienen más de 45 años. Y en las mujeres. Pobreza que arrastrarán hasta el final de sus días porque sus pensiones se deteriorarán por esa falta de cotización en los últimos años. Este es un problema muy serio, señora presidenta.

La pobreza también asalta a un sector de las personas que tienen empleo. El 36% de ellos, un millón de asalariados en nuestra Comunidad, cobra menos de 970 euros.

La Estrategia Madrid por el Empleo no aborda estos graves problemas: alta temporalidad, bajos salarios, desempleo juvenil, parados con baja cualificación y de larga duración, desigualdad por razones de género y brecha salarial. Una muestra de la poca eficacia de su Gobierno en la gestión de las políticas de empleo son los preocupantes datos de liquidación del Presupuesto de 2.016, donde han dejado de ejecutar el 65% de lo presupuestado.

Sin un empleo digno y de calidad, y sin un salario que permita un proyecto de vida, la situación es alarmante, especialmente para los más jóvenes. Madrid no solo es rica, es también cara, muy cara para no pocos. No hay un plan integral para garantizar la emancipación. Madrid crece, pero crece mal, crece mucho para pocos.

La generación de bienestar y de riqueza ha de ir a la par con una redistribución que garantice los derechos y la dignidad de todos los madrileños. Esa es una prioridad de nuestro Grupo.

Su Gobierno parece convivir con normalidad con la pobreza, como si pensaran que la desigualdad extrema es inevitable. Pero, en Madrid existen decenas de miles de personas en riesgo de exclusión social. Esperamos que su Gobierno sea capaz de tener un proyecto que transforme y mejore sus vidas. Sin embargo, atendiendo a sus políticas lo que se concluye es que no se ofrecen respuestas.

Y por cierto, siguen aumentando las personas en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2016 son 1,4 millones, 90.000 más que en 2015, alcanzando al 21,7% de la población. (Según Encuesta Condiciones de Vida del INE).

Con independencia de que se proceda a considerar íntegramente la ley en lo relativo a la Renta Mínima, resulta indispensable valorar la situación de aquellas personas que la han solicitado y cuya tramitación, por una u otra razón, se demora. Y ha de procederse con efectos de la fecha de su solicitud.

Estamos muy lejos de los servicios sociales que precisa Madrid. La población atendida por trabajador social en la Comunidad es casi el triple (8.927) que la media de España (3.223). Así no es posible afrontar la saturación y ralentización de los servicios. Nada se resuelve con respuestas parciales. Por ejemplo, las residencias de mayores necesitan un nuevo modelo de gestión y otra concepción de lo que deben ser.

19.902 personas con derecho a prestaciones por su dependencia no las reciben. Eso es insostenible y resulta imprescindible que se mejoren y amplíen los centros gestionados por entidades sin fines de lucro que atienden a personas con discapacidad.

Ya tenemos experiencia de un modo de proceder y de trabajar positivo. Es el caso de la Cañada Real. Por la participación efectiva de los municipios, agentes sociales, asociaciones, vecinos, grupos parlamentarios, etc.; por el establecimiento de una Comisión de Seguimiento, por el alcance del acuerdo y del consenso, por la implicación común.

Ha sido una experiencia excepcional en un doble sentido. Excepcional por su buen resultado, y excepcional porque no es la práctica común de su Gobierno. A ustedes les incomoda dialogar y acordar con la oposición. Les basta su socio. Pero, ante los problemas que son decisivos, todos somos necesarios.

La desigualdad es uno de ellos. Para abordarla seriamente, el Gobierno debe garantizar unos servicios públicos accesibles y de calidad para todos los ciudadanos. Son cuestiones básicas de la vida: la educación, el cuidado de la salud…

Y para que haya buenos servicios públicos para todos, a la altura de las exigencias que debemos tener para el Madrid del siglo XXI, se requiere destinar a ellos muchos recursos. Eso es difícil de conseguir si su Gobierno mantiene una política fiscal y de ingresos injusta, que incumple el principio de suficiencia, porque no aporta los recursos que la región necesita. Según la liquidación del presupuesto de ingresos de 2016, el Gobierno ha dejado de recaudar en torno a 1.000 millones de euros previstos. La mayor parte de esta desviación se explica por la menor recaudación de impuestos propios, especialmente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El problema no solo está en el sistema de financiación autonómica, sino en el diseño de su política fiscal.

Para suplir esta falta de ingresos, el Gobierno ha recurrido al endeudamiento a través de la emisión extraordinaria de deuda y préstamos, que elevan la deuda pública hasta los 31.667 millones de euros, a fecha de 31 de marzo de 2017. De ellos 4.573 millones se han generado desde que usted llegó al Gobierno.

Ese constante recurso al endeudamiento quiere suplir un sistema fiscal del que presumen, y que está lejos de ser justo, equitativo, suficiente y eficiente. Critican ustedes el populismo, pero también aquí muestran hasta qué punto lo practican.

La pérdida del tejido industrial, los prejuicios con la economía verde y la poca consideración con la rehabilitación de vivienda paralizan, además, la posibilidad de una región más competitiva.

Desde que en 2002 la Comunidad de Madrid asumió la transferencia del INSALUD, la sanidad, es un servicio público decisivo, social, política, económica y presupuestariamente.

Valoramos su voluntad de consenso en dos leyes sanitarias importantes: la de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso Final de la Vida y la de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros Sanitarios, de próxima aprobación por la Asamblea. También valoramos la existencia de los veintinueve planes de sanidad que constan en el Portal de Transparencia. Aunque casi todos carecen de presupuesto, previsiones de evaluación y seguimiento.

Su autocomplacencia no se corresponde con las graves deficiencias que sufre la sanidad de Madrid. No hay semana en la que no se produzcan incidentes o denuncias y llamadas de atención de los ciudadanos.

La salud pública sigue sin un impulso político decidido, sin un plan de salud para la Comunidad. Y con muchos asuntos sin abordar, como la necesidad de adecuadas políticas en atención primaria, salud mental o salud sexual y reproductiva.

La sanidad está infrafinanciada. Madrid es la segunda Comunidad Autónoma con menos gasto sanitario por habitante, 1.146 euros.

Además, los recursos sanitarios están mal gestionados. En 2016 presupuestó 65 millones de inversiones, pero solo ejecutó 35 millones (el 54%), a pesar de las graves necesidades existentes. Esperemos que no sea algo previamente decidido: presupuestar para no ejecutar sería una desconsideración no ya a este Parlamento sino a todos los ciudadanos.

El 37,6% del personal sanitario es interino o eventual, con recortes, congelación de retribuciones y poca claridad en la carrera profesional. ¿Cree usted que este alto porcentaje de personal no estable y precario ayuda a mejorar la calidad de la atención?

Madrid cuenta con grandes hospitales y con grandes profesionales, que conviven con el abandono en el mantenimiento e inversión, y con el deterioro de edificios e instalaciones.

Y lo más importante: la atención a los pacientes es con demasiada frecuencia insatisfactoria. Demoras en las citas con el médico de cabecera, en cirugía, en pruebas diagnósticas, en consultas a especialistas. Saturación en los servicios de urgencia hospitalarios. Esto tiene que ver con que Madrid sea la segunda Comunidad en porcentaje de población con mayor número de seguros médicos privados. Un dato que debiera alarmarle como responsable de un sistema sanitario de cobertura universal.

Mientras, convivimos con un modelo opaco, gravoso y lesivo por el sistema económico elegido en su día para la gestión y pago de los nuevos hospitales, cuyos contratos suman la astronómica cifra de 11.055,5 millones de euros. La

inercia impide a su Gobierno mostrar una firme determinación para desmarcarse de este proceso, y reconducirlo según hemos votado en la Asamblea.

Es nuestra obligación transmitir aquí, en este debate, la insatisfacción de un amplio sector de la sociedad en relación con la política educativa de su Gobierno, singularmente con la educación pública. Esta no es una mera posición ideológica sino que responde a una constatación permanente de la valoración de sus acciones y políticas.

Podemos encontrar muchas explicaciones de por qué no acaba de cuajar en nuestra Comunidad un acuerdo educativo. No nos centramos en aspectos formales ni de procedimiento. Más decisiva es la falta de apertura en la concepción vertebral e integradora de una educación que habría de sustentarse en un sistema público de calidad. Y no hemos de ratificar el actual modelo.

El inicio del curso ha puesto en evidencia todos los problemas de gestión y de concepción por parte de su Gobierno, con graves consecuencias.

Es difícil no achacar también su valoración y posición a un cierto desconocimiento de la realidad efectiva de Madrid.

La desatención a las muchas demandas de las familias, al carecer de plazas suficientes de apoyo a la diversidad, mientras se dejan de ejecutar casi cincuenta millones de euros en la educación compensatoria (más de la mitad de lo presupuestado), o los problemas con la planificación y realización de las obras en centros. Mientras, a la par, no se incorpora el necesario profesorado a tiempo o faltan plazas públicas en Bachillerato y FP, no hace fácil organizar el curso con la suficiente antelación.

Los estudios concluyen de manera inequívoca que la práctica totalidad de colegios de la llamada “nueva concertada” siguen infringiendo la gratuidad de la educación obligatoria. Incluyen dentro de sus cuotas mensuales una serie de servicios de naturaleza académica, cuando por ley esta enseñanza concertada debe ser gratuita. También así se explica la destacada posición del gasto familiar en educación en Madrid.

Argüir que invertir en Madrid un 15% menos por alumno que la media nacional muestra eficiencia, es un argumento espurio. La educación no se reduce a puro resultadismo métrico interesado.

Esperamos y deseamos que tenga un mejor recorrido la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior y analizaremos con cuidado los nuevos documentos presentados, y lo haremos en defensa de los legítimos intereses no solo de las universidades sino de toda la sociedad.

Nos preocupa su percepción de un crecimiento que no se basa en el conocimiento, en la investigación, en el desarrollo, ni en las excepcionales potencialidades de Madrid al respecto, con falta de mecanismos para favorecer la innovación y la ciencia.

Por lo visto, no hay manera de que su Gobierno asuma lo que significa la cultura como sector de innovación, de creación y de experimentación, factor económico y patrimonial estratégico. Todo lo resumen en actos y presentaciones públicas, con falta de apoyo para sectores y ámbitos decisivos territorial y socialmente, aislados de posibilidad. Mientras, resulta indispensable modificar la Ley de Patrimonio de 2013, porque de lo contrario no podemos garantizar que no se cometan abusos. A nuestro juicio, esta es la clave y no la inculpación entre administraciones.

Por cierto, Madrid es la última Comunidad en habitante por bibliotecas, 28.000, cuando la media es 10.000.

Y no olvidemos que hemos de trabajar en la cooperación, ayuda al desarrollo y refugio. Compartimos la reivindicación de las organizaciones que trabajan en la línea de recuperar sin demora órganos de participación. Necesitamos el Consejo de Cooperación. Hemos de impulsar la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de dedicar fondos específicos para la acogida de personas refugiadas.

Vivimos en una Comunidad que tiene prácticamente la mitad de su territorio protegido. Coincidimos en que esta circunstancia es una gran oportunidad para mejorar la sostenibilidad y la economía de nuestra Región. Sin embargo, la gestión política no está a la altura de esta coyuntura. En lo que respecta al medio ambiente y la ordenación del territorio hemos de hablar de desorden y de confusión. Seguimos sin estrategia regional de residuos, sin nueva ley del suelo o sin plan rector del uso y gestión del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, por ejemplo. Las ayudas del Plan de Desarrollo Rural no llegan a agricultores y ganaderos y se reduce suelo productivo porque no incentivamos nuevos empleos en nuestro campo.

A su vez, no se afronta ni se mitigan los efectos del cambio climático. Sus decisiones no muestran preocupación por la calidad del aire de nuestra Comunidad. Se limitan a culpar a otras administraciones. Los ayuntamientos todavía no han recibido el dinero prometido en el PIR 2016-2019, ni para infraestructuras ni para gasto corriente. Más de una treintena de ellos continúan sin percibir siquiera lo comprometido en el PRISMA 2008-2011, ampliado a 2015.

Sigue sin resolverse la necesidad de un modelo de financiación de los municipios que responda a criterios objetivos, mensurables y transparentes. Solo un pacto local podría afrontarlo. Únicamente así podrá abordarse la situación de tantas personas que son víctimas de las desigualdades territoriales de servicios y condiciones de vida.

No negamos que hayan adoptado decisiones, pero no han resuelto los problemas. Eso sí, para evitar que se les relacione con procesos judiciales han fusionado empresas públicas, pero no olvidamos lo que ha pasado en Nuevo Arpegio.

La situación de la justicia no ha mejorado en lo que llevamos de Legislatura. Muy al contrario, el deterioro de las sedes se ha intensificado, produciéndose situaciones de riesgo grave para la salud e integridad de las personas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su última memoria, coincide en este diagnóstico.

La solución que han dado ustedes ha sido la creación de una mesa que resulta inane para dar respuesta a los problemas, salvo que se la dote de capacidad en la toma de decisiones y de agilidad en su funcionamiento.

Pasado ya el ecuador de la Legislatura no se ha puesto en marcha el Instituto de Medicina Legal, y Madrid sigue siendo la única Comunidad que no lo tiene. Tampoco las Unidades de Valoración Forense Integral para la atención a las víctimas de violencia de género, ni las oficinas de Asistencia a las Víctimas. Seguimos sin tener proyecto de nueva Oficina Judicial y la nueva Oficina Fiscal sigue paralizada. Mientras, el edificio de la Ciudad de la Justicia, sin funcionar, supone un gasto de más de dos millones de euros anuales, más los 130 ya malbaratados, y los más de 32 millones anuales de alquileres…

También en justicia su política de gestión es meliflua, inconsistente, poco responsable, por no hablar de la gestión en materia de personal.

Queremos saber en qué modo va a incidir en la orientación y concreción de sus políticas el pacto de Estado contra la violencia de género, a la vista de su concepción de esta cuestión tan decisiva. Y desde luego en ello no se agota el necesario reconocimiento de la incorporación de la mujer con toda su plenitud de capacidades y derechos de ciudadanía en una sociedad que no es tan conservadora como su Gobierno.

La inercia alcanza su máxima expresión en algunos ámbitos en los que todo se reduce al puro mantenimiento de la situación actual. Más allá del Abono Joven, el transporte público continúa en las mismas condiciones de gobiernos anteriores, y quedan asuntos por dilucidar como los gastos de la M45 o el Metro Ligero. Y otro tanto ocurre con la vivienda sin políticas serias y consistentes para un mercado de alquiler accesible y seguro. O en infraestructuras, donde más allá de remiendos significativos pero no medulares, todo se reduce a la elaboración de estudios o a nuevos anuncios.

No compartimos la simplificación y reducción de cuanto tiene que ver con la imprescindible regeneración democrática a un cúmulo de actividades inconexas, algunas sin duda importantes, que se limitan a aspectos parciales que responden a intereses bien diferentes, incluso partidistas, sin una visión global de este asunto absolutamente prioritario. Y esto no es ni bloquear ni paralizar.

Reducirlo al debate sobre la limitación de mandatos o a la incompatibilidad entre ser alcalde/sa y diputado/a significa ignorar cómo profundizar en la democracia de la Comunidad. Habríamos de afrontar una reforma más vertebral del Estatuto de Autonomía. Se trata de velar por la credibilidad de nuestras instituciones tras la amarga experiencia, por ejemplo, de la utilización inadecuada de empresas públicas como Canal de Isabel II o Nuevo Arpegio.

Las imputaciones de miembros en la lista electoral que usted encabezó, o en personas a las que nombró para responsabilidades de Gobierno, la poca transparencia sobre la financiación de las campañas electorales, bajo investigación judicial, la dimisión del viceconsejero de Medioambiente por supuestos vínculos poco claros, los pagos a empresas privadas por servicios no prestados, como en el caso del Hospital de Majadahonda, son algunas señas que concretan estas acciones impropias.

Su obsesión desde el inicio de esta Legislatura ha sido la de extender un velo sobre el pasado de su Partido. Pero, señora presidenta, el presente se ha forjado sobre ese pasado y hay no poco que esclarecer. Eso es lo que a ustedes les ocurre con los casos de corrupción y es lo que les sucede con las políticas que aplican en la Comunidad de Madrid.

Favorecería la regeneración democrática la obligatoriedad de que usted como presidenta comparezca ante la Asamblea, órgano de representación de todos los madrileños, y que cumpliera con las resoluciones de esta Cámara y con la Ley.

La regeneración es una tarea absolutamente decisiva y pendiente, que exige abordar medidas de incompatibilidad para los altos cargos de las administraciones públicas o de transparencia, participación y buen gobierno. Ello requiere contar con la ciudadanía, generando el espacio en la Asamblea de Madrid para su explícita participación y apoyar la ética de las instituciones, fortaleciendo la justicia y sus recursos, y propiciando y respetando la independencia de los medios de comunicación, y con nuevas medidas para erradicar la corrupción que ya sabemos que en nuestra Comunidad no es algo puntual sino todo un modo de entender la forma de planificar, contratar y, en definitiva, de gobernar.

Señora Cifuentes, no estamos satisfechos con la política de su Gobierno. No basta con multiplicar las actividades. Hace falta una política alternativa que, modestamente, otros proponemos.

Como ve, hemos hablado de su Gobierno, de lo que ustedes hacen, de lo que han hecho o han dejado de hacer en este tiempo de Legislatura. La vemos muy preocupada de que alguien le recuerde que ustedes eran y son también el PP de hace 3, 5, 10 o más años. Pero, tenía usted razón y este no era el tema hoy. Ese pasado ya está siendo analizado por las Unidades del Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil y por la justicia. Nadie mejor para esclarecer la verdad y para que algún día los madrileños puedan resarcirse del daño causado a esta Comunidad. Tiempo tendremos de hablar de todo eso.