Desde luego, hace falta una nueva Ley de Urbanismo y Suelo en la Comunidad de Madrid. Pero no es la que el Gobierno Regional, del PP, aprobó el 4 de abril de 2017 y que estamos trabajando ahora en Ponencia dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Hace falta otra ley con características distintas de las reflejadas en el Proyecto de Ley 3/17, de Urbanismo y Suelo. Pero, sobre todo, hace falta otra ley que esté consensuada y acordada con la ciudadanía, a través del entramado asociativo, de los sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos y los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.
Sobre ésto hablamos en el pleno del día de ayer, en una Interpelación al Gobierno sobre su política general en materia de Urbanismo y Suelo solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista y que tuve el honor de defender.
Porque otro urbanismo es posible en la Comunidad de Madrid. Y vendrá de la mano de Ángel Gabilondo.
2.1Expte: I 24/18 RGEP 12689Autor/Grupo: Sr. Gómez Montoya (GPS).
Destinatario: Gobierno.
Objeto: Política general del Consejo de Gobierno en materia
de urbanismo y suelo en la Comunidad de Madrid.
Gracias Señora Presidenta, Señorías,
Trabajar, desde el compromiso,
la sostenibilidad territorial es la clave del futuro para cualquier región.
Nadie debería dudar sobre esto.
Una adecuada estrategia
territorial permite reducir las diferencias territoriales de una determinada
comunidad, provincia o municipio; también conseguir que, desde el territorio, se
beneficie al conjunto de la población.
Estrategia Territorial, por
tanto, es un concepto sinónimo a los de desarrollo, equilibrio, homogeneidad,
sostenibilidad, igualdad de oportunidades y mercado laboral.
Porque una adecuada estrategia
de nuestro territorio reduce la brecha que exista cuanto a la prestación de
servicios públicos; mejora nuestro medio ambiente y biodiversidad; y genera
puestos de trabajo al provocar una transición ecológica de la economía desde la
apuesta por estrategias renovables. Y nos permite tener los mismos derechos efectivos,
al tener acceso al mismo número de servicios públicos, tanto en cantidad como
en calidad.
La ausencia de estrategia
territorial genera todo lo contrario, que es lo que lleva ocurriendo en esta
región desde junio de 1995, y especialmente desde el 7 de julio de 2001, cuando
se publica la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Hoy
volvemos a hablar de modelos urbanísticos y de cómo, desde la política, podemos
apostar por estrategias de crecimiento diferentes en función de los intereses
que se defiendan.
El
Partido Socialista, siempre estará del lado del ciudadano y nuestro modelo de
desarrollo territorial será siempre compatible con los intereses de éste en un
núcleo rural o urbano respetuoso con el medio ambiente, sostenible y generador de
empleo y oportunidades de crecimiento.
Porque
el crecimiento territorial es compatible con lo sostenible y lo económico.
Las
leyes sirven, o deberían servir para equilibrar, y para facilitar el acceso a
aquellos más desfavorecidos o con mayores dificultades para alcanzar el goce de
derechos, libertades, bienes o servicios.
También,
es cierto, puede servir para todo lo contrario, para desequilibrar y poner la
riqueza en manos de unos pocos.
Y el
PL 3/17, de urbanismo y suelo es uno de esos proyectos que no sirve a los
intereses de la mayoría de los ciudadanos.
Y,
Señorías, éste es el modelo de urbanismo y suelo del gobierno del PP en la
Comunidad de Madrid.
Y esto
lo llevamos diciendo toda la legislatura, desde que el ex consejero González
Taboada presentó el PL.
El
Grupo Socialista presionó en esta Cámara para actualizar la vigente Ley del
Suelo, pero cuando se planteó el debate y un nuevo texto legal llegaron sin la
transparencia, los contenidos y el consenso necesarios.
Hemos
repetido hasta la saciedad que el modelo urbanístico de la región se basa en
una ocupación del suelo sin rigor, obviando los intereses de la mayoría, sin
tener en cuenta ni la diversidad ambiental, ni la sostenibilidad ni la
necesaria planificación estratégica de nuestra Comunidad.
A día de hoy no hemos
conseguido tener un urbanismo, jurídica y administrativamente hablando,
homogéneo en esta Comunidad,
Porque el 90% de los Planes
Generales o Normas Subsidiarias no está adaptado a la vigente Ley 9/2001, 17
años después de su aprobación.
Por
cierto, una Ley la 9/2001, que ha sido modificada en unas 15 ocasiones,
aprovechando las leyes de acompañamiento presupuestario.
Así,
ocurrencia tras ocurrencia, amparada en la mayoría absoluta del PP en esta
cámara, se ha ido configurando una región como la nuestra donde nada importaba
la prevalencia del interés general en la acción urbanística; tampoco que los
aprovechamientos y los beneficios fueran para unos pocos frente a una
ciudadanía que veía reducida la carga social que el suelo siempre había
representado para el beneficio de la mayoría.
La
Ley, cada vez más lejos de sus principios rectores, se iba acomodando a un
sector de la población minoritaria que la redactaba a la carta con la pluma del
Consejo de Gobierno de esta Comunidad.
Gracias
a las entidades ciudadanas, ecologistas, de vecinos y partidos políticos de la
izquierda madrileña se ha ido poniendo cierto orden en el caos urbanístico de
la región, eso sí, gracias a los Tribunales de Justicia, que han sido los que
han ordenado, mínimamente, el urbanismo de esta Comunidad.
Y para
arreglar este desaguisado urbanístico, el gobierno, del PP, nos presenta un
Proyecto de Ley que es no más de lo mismo, sino peor de lo existente porque:
1. Legaliza,
de facto, los denominados “asentamientos no regularizados”, consintiendo
situaciones ilegales sin exigir las cesiones que tuvieron que realizar quienes
optaron por la vía legal.
2. Prevé
usos excesivos del suelo no urbanizable protegido, el de nuestros parques
regionales y parque nacional.
3. Se
sigue manteniendo la cesión de aprovechamiento en el 10% (art. 31.2), cuando el
legislador estatal permite llegar hasta el 15%.
4. Se
reduce de forma espectacular el mínimo de cesiones dotacionales, que se deja en
30 m2 de suelo por cada 100 construidos (basta recordar que la redacción
primigenia de la Ley 9/2001 establecía un mínimo de cesiones de 120 m2 de suelo
por cada 100 construidos).
5. Contempla
la posibilidad de que se puedan destinar a equipamientos privados suelos que
han sido obtenidos como equipamiento público mediante cesión obligatoria.
6. Reduce
a la mínima expresión la reserva de suelo para viviendas protegidas (art. 49).
7. No se
ocupa de la ciudad existente, dejando la Rehabilitación, Renovación y
Regeneración urbana sin el protagonismo que merece en el nuevo paradigma
económico estatal y regional.
8. Privatiza,
de manera encubierta, el urbanismo regional, al regular un sistema de
habilitación a las llamadas “entidades privadas colaboradoras”. Ningún problema
debe existir la colaboración de entidades privadas en el ejercicio de
potestades públicas, pero la decisión última siempre debe ser de la
Administración pública.
9. Contempla
la posibilidad de enajenación directa de los bienes integrantes del Patrimonio
Público de Suelo, cuando no debiera contemplarse en ningún supuesto la
posibilidad de enajenación directa.
10. Convierte
en bienes patrimoniales aquellos terrenos que fueron objeto de cesión a la
Comunidad de Madrid en concepto de redes supramunicipales. Es decir, que pueden
ser objeto de venta.
Me
queda una (pen) última característica:
La
ausencia de consenso con entidades, operadores, partidos políticos, municipios,
sindicatos, asociaciones, grupos ecologistas, federaciones de vecinos,
profesionales del derecho, de la arquitectura, etc. para redactar una ley de la
importancia de ésta.
La
política general de urbanismo y suelo de este Consejo de Gobierno sí se
diferencia del de Gallardón, Aguirre, González, y es que es más neoliberal
todavía y menos proteccionista de nuestro rico y biodiverso territorio.
Resulta
difícil que así sea, pero es la realidad.
El
PP podría haber aprovechado el tiempo de esta legislatura en consensuar una ley
válida para todos y para mucho tiempo.
Pero
se ha optado por todo lo contrario, quizá en un intento desesperado de dejar
atadas algunas cosas.
El
grupo parlamentario de Ciudadanos ha sido cómplice de esta estrategia.
La
pregunta que nos hacemos todos, todos los madrileños y madrileñas quiero decir,
es si seguirá siendo el socio de gobierno del PP en los asuntos urbanísticos,
arriesgándose a mancharse con todo lo que emana y puede llegar a impregnarse si
se apruebe el Pl 3/17.
Sr.
Izquierdo, difícil papeleta la suya; ya lo era para el Sr. Rollán y Vd. ha
heredado un proyecto de Ley que, me consta, no le gusta, como no le gusta
tampoco al Sr. Rollán. No en vano es del Sr. González Taboada.
Pero
este PL representa su modelo de gestión en urbanismo y suelo.
¿No
le parece, Sr. Izquierdo, que al urbanismo madrileño hay que darle la vuelta
como a un calcetín? ¿No cree que Vds., el gobierno del PP quiero decir, no
tienen elementos para generar confianza y seguridad jurídica en los sectores
implicados en el urbanismo madrileño con una ley de estas características?
El PL 3/17
es un proyecto injusto, insolidario y que no ha sido acordado con la gran
mayoría de las entidades ciudadanas, sindicales, políticas, de vecinos o
ayuntamientos, que no le gusta a nadie y que va a entrar en vigor prácticamente
en la próxima legislatura.
Para los
socialistas, la ley del suelo debería conseguir “desterrar cualquier sombra de
duda en el urbanismo madrileño y ha de disponer de un amplísimo
consenso”.
Y en la
normativa que plantea el Ejecutivo faltan muchas cosas, ya lo hemos dicho,
mayor protección a los espacios naturales y ambientales; más cesiones a los
municipios, sobre todo para vivienda social, y hablar de la cuidad existente
haciendo de la regeneración, rehabilitación y renovación urbanas las
protagonistas; no podemos seguir extendiendo las ciudades para construir más y
más. Ni es sostenible, ni es inteligente, ni tenemos más territorio”.
Decía la
Ministra Teresa Ribera el pasado lunes que las generaciones futuras no
entenderán que, pudiendo haber hecho algo para reducir y mitigar los efectos
del Cambio Climático, no lo hayamos hecho.
Con respecto
del urbanismo y el suelo podemos decir lo mismo, ya que éste es un asunto
capital para los intereses y el futuro de la región. De toda la región Sr.
Izquierdo.
No obstante,
le escuchamos con atención Sr. Consejero.
Gracias,
Sra. Presidenta.
