MANIFIESTO CONTRA LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY DEL SUELO DEL GOBIERNO DE DIAZ AYUSO.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la tramitación de un
anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 9/2001, de Suelo de la Comunidad
de Madrid, particularmente en lo referido al ámbito y procedimiento de las licencias
urbanísticas, modificando los artículos 151 a 163 de la mencionada Ley.
Pretende
hacerlo además mediante el procedimiento de lectura única, por el cual se elude el
debate en comisión parlamentaria y se lleva directamente a votar sí o no en el pleno,
sin el más elemental tiempo para la discusión y el debate.
No está justificado que una vez más se utilicen atajos para la reforma de una
Ley que es fundamental para esta región. Es necesaria la redacción de una nueva Ley
del Suelo y Urbanismo para la Comunidad de Madrid, en la cual una simplificación y
agilización administrativa de la actividad urbanística puede ser deseable, pero siempre
con la debida seguridad jurídica y el respeto a la normativa sectorial y estatal de
carácter ambiental y urbanístico y de defensa del patrimonio histórico.
Donde los
sectores afectados, los grupos políticos, las entidades y agentes sociales así como la
ciudadanía en general puedan dar su opinión, para concitar el mayor grado de
consenso posible.
Cabe recordar que durante la pasada legislatura el gobierno del PP de la
Comunidad de Madrid ya llevó a la Asamblea un proyecto de Ley del Suelo que
modificaba completamente la vigente Ley 9/2001, no llegando a aprobarse por su
incapacidad de acordar su articulado con la sociedad civil y los grupos parlamentarios.
Volvemos a las andadas, pareciendo esta modificación una declaración de principios
de lo que puede venir en un futuro cercano.
Por otra parte, el anteproyecto publicado tiene una enorme incidencia en la
actividad de los municipios, tanto desde el punto de vista administrativo como
económico, ya que en sus capacidades descansa el procedimiento de concesión y
control de las licencias y demás actuaciones de carácter urbanístico.
El anteproyecto
viene a culpabilizar a la administración local por la lentitud y demora en la tramitación
de proyectos. Pero la falta de recursos humanos cualificados no se soluciona en
absoluto con este anteproyecto de ley, se necesitan recursos. En consecuencia resulta
incomprensible que no se haya compartido esta iniciativa en el seno de la Federación
Madrileña de Municipios, de forma que su Comisión de Urbanismo pueda debatir y
emitir el dictamen correspondiente.
La excusa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso para emprender esta reforma con
carácter urgente y sin las más elementales garantías democráticas de debate y
enmienda, es la necesaria reactivación económica. Con ello, nuevamente se
culpabiliza a los controles urbanísticos y medioambientales de ser un freno al
crecimiento económico y se opta por la vieja receta de la desregulación.
Este “plan de
reactivación” supone apostar de nuevo por la construcción, una vuelta a las políticas
del ladrillo que tanto daño hicieron al desarrollo equilibrado de nuestra región en el
pasado. No existe además ninguna prueba de que este tipo de desregulación pueda
animar la economía de forma significativa, puesto que la mayor parte de la actividad
constructiva seguirá necesitando obtener las licencias urbanísticas correspondientes, y
solamente se facilitan un tipo de proyectos muy determinados.
Concretamente la reforma legislativa propuesta supone:
• Vuelta a la lógica del ladrillazo dando facilidades a los promotores para
construir al margen del control urbanístico y medioambiental, es decir, al
margen de la ley.
• Menos garantías para los consumidores:
◦ Se podrán utilizar las viviendas y otros edificios sin comprobar que
cumplen la normativa.
◦ No garantiza saber quién es responsable de los defectos y problemas
que surjan después de una obra.
• Menos garantías para los trabajadores:
◦ No se comprueba previamente que una obra haya adoptado las
medidas de seguridad y salud en el trabajo.
◦ No garantiza saber quién es responsable de prevención de riesgos
laborales en las obras.
◦ Permite realizar demoliciones (obras con importantes riesgos de salud
laboral) sin control previo.
• Menos garantías para la sociedad, la convivencia, la salud y el descanso:
◦ Se podrán implantar usos ilegales, molestos o ruidosos en parcelas y
locales sin que nadie compruebe previamente su legalidad.
◦ Proliferarán negocios e instalaciones que no cumplan normativa,
perturbando al vecindario y al medio ambiente.
• Menos herramientas para los Ayuntamientos:
◦ Los ayuntamientos, sus cargos públicos y sus empleados tienen más
responsabilidades en el cumplimiento de la legalidad urbanística, pero
solo podrán actuar a posteriori y con menos herramientas.
◦ No se ataja el problema real: los escasos medios de inspección de la
administración regional. Los ayuntamientos se verán sobrepasados con
la proliferación de usos ilegales.
◦ El problema será mayor para aquellos ayuntamientos pequeños y con
pocos recursos.
• Amenaza para el patrimonio histórico:
◦ Se permitirá demoler edificios de valor histórico y cultural sin control
previo, incluso en municipios sin Catálogo de Bienes Protegidos.
◦ Se dificultará a los ayuntamientos proteger su patrimonio cultural. El
propietario podría demoler los edificios antes de que se haga el
procedimiento de protección.
• Amenaza para el medio ambiente:
◦ No se garantiza el cumplimiento de la normativa de residuos de
construcción y demolición.
◦ La extracción de áridos, los depósitos de vertidos, la apertura de
caminos, la instalación de tendidos eléctricos o la construcción de obras
hidráulicas quedan en una situación legal confusa.
◦ Se aumenta el riesgo de construcción en suelo no urbanizable al
permitirse parcelaciones rápidas sin control previo.
Por todo ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto, instamos al
Gobierno de la Comunidad de Madrid a retirar el anteproyecto de Ley de modificación
de la Ley del Suelo publicado el 18 de mayo y reclamamos iniciar un proceso de
diálogo al objeto de conseguir el mayor grado de acuerdo posible en cuanto a la
aprobación de una nueva Ley del Suelo y Urbanismo en la Comunidad de Madrid. A
este respecto pedimos que se ponga en marcha un procedimiento participativo con los
grupos parlamentarios y partidos políticos, los sindicatos, los colegios y asociaciones
profesionales, la FRAVM y las entidades sociales interesadas, así como con los
Ayuntamientos, a través de la Federación Madrileña de Municipios, con el fin de
consensuar un nuevo texto legal.
