Enmienda a la Totalidad, con devolución al Gobierno, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley PL 4/18 RGEP 14412, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019.
Discurso de Ángel Gabilondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y Candidato del PSOE-M a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Réplica de Ángel Gabilondo
Texto de la primera intevención de Ángel Gabilondo
Nos encontramos en el
debate fundamental de cada periodo de sesiones.
Estamos ante una ley
decisiva, no ante un mero instrumento, sino ante el procedimiento y el
compromiso más significativo que ha de garantizar los derechos y las
oportunidades de la ciudadanía, donde se plasman las opciones, las prioridades,
las elecciones, que constituyen el armazón del modelo político de la Comunidad
de Madrid.
La labor de análisis se
complica con los múltiples casos en que el presupuesto que se discute y vota en
la Asamblea sufre tales modificaciones a lo largo del ejercicio, que en alguna
medida soslayan lo aprobado. A su vez, cierta opacidad, falta de información o
la forma confusa de presentarlos también dificulta la tarea, y no siempre se
cuenta con las previsiones de cierre del ejercicio en curso, 2018, único
referente sólido de coste-gasto real para evaluar la adecuación del Presupuesto
2019.
Una
enmienda a la totalidad
Una vez más, los
presupuestos no responden con claridad y determinación a lo que necesita la
población de la Comunidad de Madrid. La contumacia en el error no es
estabilidad. Tampoco responden a las resoluciones e iniciativas aprobadas en
esta Asamblea. Son expansivos, lo que no es por sí mismo algo que permita
calificarlos de unos buenos presupuestos. Si bien el Gobierno subraya los
principios sobre los que pivota el proyecto, no acaba de vislumbrarse cuáles
son los objetivos que se persiguen, ni su priorización, ni qué proyecto político
se pretende llevar a cabo.
Nuestra enmienda es una
enmienda a la totalidad y lo es porque, como dice el Reglamento de la Asamblea,
versa sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto de ley y
postula su devolución al Gobierno. Y este derecho
de enmienda pertenece a los parlamentarios, no es un mero derecho
reglamentario sino un auténtico contenido central de nuestro derecho de
participación.
Respetamos su legitimidad
democrática para elaborar y proponer unos presupuestos, pero consideramos que
es un error político el no haber ni siquiera reunido a los portavoces de los
cuatro grupos parlamentarios para contrastar la posición ante las prioridades,
los objetivos, las urgencias y necesidades de la Comunidad, antes de adoptar el
Gobierno sus propias decisiones. No hacerlo supone una concepción determinada
de la forma de gobernar y de la representación de la ciudadanía. Por ahora, son
sus presupuestos. Y del grupo Ciudadanos, colaborador necesario para sus
políticas.
Con estos presupuestos no
saldremos del estado de resignación de la política madrileña, ante un Gobierno
que parece haber claudicado de dar un enfoque adecuado y con porvenir para
nuestra Comunidad.
Si una región tan
extraordinaria como Madrid se limitara a la cómoda satisfacción
autocomplaciente de su Gobierno, ni siquiera este modelo sin proyecto sería
sostenible.
Madrid solo tendrá mayor
excelencia si se compara con lo que puede y debe hacer y no hace. No busquen
consuelo en datos comparativos con otras regiones, no se escuden en análisis lineales que ni
tienen en cuenta la historia, ni las condiciones de vida, ni las efectivas
condiciones de cada territorio. Si otras comunidades están peor, no creo que
eso constituya ningún alivio para ese porcentaje de más del 20% que viven en
riesgo de pobreza en nuestra Comunidad.
Madrid es rico sin que
todos sus habitantes tengan buenas condiciones de vida. Esta extraordinaria
Comunidad es una región de desigualdades crecientes. Y ello afecta no solo a
tales condiciones de vida, sino también a la necesidad de mejores oportunidades
para todos (empezando por los buenos empleos) y mejores servicios públicos
deteriorados en múltiples aspectos. No bastará con decir que disponemos de
excelentes profesionales. No hay duda al respecto. Son precisamente ellos
quienes subrayan las deficiencias.
No se atisba ninguna
voluntad ni conciencia de la necesidad de modernizar esta Comunidad para
situarla entre las regiones más avanzadas de Europa, en educación, en cultura,
en innovación, en industria puntera.
Cabe celebrar que haya
incrementos y que suban las políticas de gasto. Esta decisión enmienda el
criterio tantas veces exhibido por el Gobierno de que hace más con menos, de
que no es cuestión de aumentar los recursos, de que logra los mejores
resultados con menos inversión. Pero ahora, según se ve, es preciso
incrementar. Son, claro, unos presupuestos de campaña. De campaña electoral.
Expansivos
en la deuda
Pero si son expansivos de algo, son expansivos de la
deuda que es la que una vez más crece. Y la cuestión es preocupante. Nada
expresa de modo más adecuado lo que nos espera, (a nosotros y a quienes vivan
en nuestra Comunidad) que la situación de la deuda.
La deuda pública de la
región ha crecido 8.595 millones en esta legislatura, siendo de 33.489
millones. Se gasta más en pagar intereses por la deuda, casi setecientos sesenta
y cuatro millones de euros (763.854.964 euros), que en inversiones, en infraestructuras
y equipamientos: cerca de setecientos millones (691.967.808 euros). Además, este incremento de la deuda se produce a pesar
de que durante estos años la economía madrileña ha crecido un 3,7%.
A su vez, la parte del
presupuesto que destina Madrid a deuda crece. Mientras que en 2018 se destinaba
el 13’9%, en 2019 se destinará el 14’8% de todo el presupuesto, 374 millones
más. Bastaría esta sola razón para mostrar que no es adecuado decir que nueve
de cada diez euros se dedican a política social, salvo que se considere una
política social el pago de intereses por la deuda. Esto no es propio de una
Comunidad rica, si hubiera una buena gestión.
¿Para qué ha crecido la deuda? ¿Qué gran transformación ha llevado a
cabo Madrid con estos fondos? Por desgracia ninguna reforma profunda que pueda
considerarse un proyecto de región.
Este crecimiento de deuda, de casi un 34%, no ha servido para trasformar económicamente
la Comunidad, adaptándola al dinamismo del siglo XXI, ni para luchar
eficazmente contra la pobreza y exclusión social, ni para garantizar unos
servicios públicos que generen seguridad y bienestar a los madrileños.
Únicamente ha sufragado los descuentos fiscales que benefician básicamente a
una minoría, algo que no se menciona en su folleto de presupuestos. Continúan
emitiendo más y más deuda, que tendremos que devolver todos los madrileños en
los próximos años. Ese sí que es un impuesto diferido e insolidario. No nos
posicionamos de manera dogmática en contra de la deuda. Consideramos que es un
instrumento de gestión, pero siempre que sea utilizado correctamente para
planes específicos y gestionando con eficiencia y rigor.
Servicios públicos, políticas sociales y empleo
Y lo que resulta
elocuente es su consideración de los servicios públicos, de las políticas
sociales, de las políticas públicas. Es
incomprensible que siendo Madrid la Comunidad Autónoma con el PIB por habitante
más alto de España, seamos los novenos
en tasa de paro más baja.
No podemos decir que el
empleo de calidad haya sido la apuesta del Gobierno regional durante esta
legislatura. Si algo han demostrado es que gestionan la precarización del
mercado laboral madrileño. Según el paro registrado tenemos aún 351.797
personas en desempleo a fecha de octubre de 2018, de los cuales 206.165 son
mujeres, y los presupuestos no presentan medidas específicas para abordar esta
brecha de género.
Según la EPA, en su
tercer trimestre de 2018, de 365.000 ocupados a tiempo parcial, 268.100 son
mujeres. Más de la mitad de ellas tienen a su pesar un contrato parcial.
Además, la tendencia en
el descenso de la calidad de los nuevos contratos que se firman es preocupante,
pasando de una tasa de temporalidad del 16,47% en el segundo trimestre de 2015,
a una del 19,93% actualmente. Y el presupuesto de 2019 no incide en las
necesarias trasformaciones.
Asimismo, resulta
preocupante su falta de realismo en lo que tiene que ver con los empleados de
la Comunidad de Madrid. Hay asuntos decisivos que el proyecto no atiende. No
localizamos las partidas presupuestarias que contemplen la alta precariedad de
determinados servidores públicos, o la dramática situación de las enfermedades
profesionales que se concretan en Metro de Madrid. Anuncian medidas sin la
consecuente traducción en el presupuesto y esto no es serio.
¿Y qué medidas incorporan
para fomentar el empleo? Mantienen casi
igual los contratos subvencionados del programa de garantía juvenil, bajan los
contratos subvencionados a desempleados de larga duración, así como los contratos
subvencionados para promoción del empleo, que se reducen significativamente en
2019.
Aunque mejoran las cifras
de ocupación, es a costa de una actuación en empleo que consolida desigualdades y esa precariedad de
nuestro mercado laboral, a la vez que se incrementan los bajos salarios.
Ocupados, trabajadores y trabajadoras,
pero pobres.
Sanidad infrafinanciada e infrapresupuestada
La crisis y sus consiguientes medidas dieron pie a políticas que se han consolidado
presupuestariamente y que ahora se mantienen sin justificación alguna. En lugar
de primar la calidad y la cobertura de necesidades en el sistema público
educativo o sanitario, se ha trabajado para favorecer entidades particulares e
intereses privados.
La sanidad está infrafinanciada e
infrapresupuestada; entre 2010 y 2019 ha subido un 38,5% el presupuesto
destinado a los conciertos de empresas privadas y, sin embargo, la financiación
del sistema público sanitario únicamente ha subido un 9,7%, cuatro veces menos.
¿Consideran que la sanidad pública madrileña, sus listas de espera o el
estado de sus infraestructuras, entre otros asuntos, precisaban cuatro veces
menos subida que los proveedores privados?
Respecto al gasto 2017,
el presupuesto 2019 de los hospitales concesionados y concertados ha crecido 68
millones, un incremento del 10,5%, mientras que los hospitales de gestión
directa han perdido 423,8 millones, un 8,9% menos.
La sanidad concertada o
de gestión privada suma un total de 978.443.711 euros, un 12,3% del gasto total
del SERMAS. Mientras tanto a la salud pública (protección y promoción de la
salud) solo se dedica el 1,2% del gasto sanitario y para la formación
continuada y perfeccionamiento del personal del SERMAS, con más de 75.000
profesionales, únicamente se presupuestan 2,3 millones, un 0,02% del
presupuesto del SERMAS.
La diferencia entre el
presupuesto sanitario real consolidado de 2017 y lo destinado ahora a toda la
sanidad es de 118,4 millones menos. El SERMAS empezará con casi 600 millones
menos que lo gastado en el ejercicio actual de 2018. En atención primaria, el
crecimiento respecto al presupuesto inicial de 2018 es tan solo del 1,9%, un
1,2% del total.
Además, no se corresponde
lo presupuestado con lo anunciado en el Plan de Modernización de
Infraestructuras Hospitalarias o el Plan de Equipamiento Sanitario y de Alta Tecnología.
La inversión que proponen es insuficiente para detener la descapitalización y
el deterioro de edificios e instalaciones. Si alcanzara el objetivo mínimo
deseable del 3% habría 238 millones para inversión, en lugar de los 179
millones presupuestados.
Y, desde luego, lo que
resulta inaceptable es que no se considere ninguna medida para el desarrollo de
la Ley 11/2017 de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los
Centros y Organizaciones Sanitarias del SERMAS.
Educación
Y en educación, nos
encontramos un presupuesto un 12% menor que el del 2010 en términos corrientes,
donde solo han crecido los conciertos con instituciones privadas.
La pregonada gratuidad de
la educación infantil 0-3 no lo es tal porque, aun reconociendo su interés, no
es universal (alcanza solo a una cuarta parte del alumnado) y no cubre toda la
tasa.
La atención a la
diversidad sigue siendo una de las asignaturas pendientes de este Gobierno,
pues el gasto real de sus partidas no ha llegado en toda la legislatura a la
mitad de lo presupuestado. Se prevén menos centros y alumnos con ayudas en esta
partida.
La diferencia en el trato
entre la red concertada y la red pública, al margen de cualquier otra
consideración, es muy llamativa.
El módulo del concierto
crece un 4% en todas sus partidas, incluyendo
los salarios, lo que es muy superior a lo previsto para los empleados
públicos. No cuestionamos que se necesiten más recursos para la gestión, pero
esta partida ha estado congelada para los centros públicos en la legislatura y,
nuevamente, en 2019.
Se prevén 12.000 plazas
escolares, cuando la previsión de aumento de la pública no llega a 10.000. El
presupuesto total alcanza una cifra record, con una subida del 4%, muy superior
al incremento de la educación pública. Además, estos centros recibirán nuevas
ayudas, como el nuevo cheque bachillerato.
Se estiman 800 profesores
más en la pública, lo que supone un incremento de 1,5% del actual, si bien se
prevé casi un 2% más de alumnado. La situación,
por tanto, no mejorará. La concertada, con un 36% del alumnado, crece casi en
el mismo número de profesores.
Esto sin duda supone
generar una tensión inducida. Supongo que no buscada. ¿Encuentran que sobre
esta base es posible algún pacto?
La partida de becas y
ayudas, aunque se incrementa en 38 millones, parece claramente insuficiente
para las necesidades de la población. Por ejemplo, para la gratuidad de los
libros de texto se dedican 85 euros por alumno. Las ayudas para instituciones
privadas suponen tres cuartos del presupuesto de becas.
En cuanto a las
infraestructuras docentes, uno de los más serios problemas a lo largo de la
legislatura, el presupuesto muestra de forma exacerbada el electoralismo y la
poca fiabilidad. El montante de nueva construcción y mantenimiento baja incluso
en 1,3M€ y se pretende actuar en 7 centros más, muchos repetidos, pues no se
han hecho.
Y en universidades, la
mínima subida ni siquiera cubre el incremento de los salarios de los
profesores. Seguimos sin un modelo de financiación y, lo que es peor, sin la
menor aportación sobre la mejora del control a las instituciones, clave para
hacer compatible su autonomía con la rendición de cuentas.
En I+D+i seguimos muy
alejados de las comunidades y países de referencia. El dinero disponible para
los planes de transferencia e innovación se cifra solamente en 3,8 millones de
euros, y para convocatorias del PRICIT, 21,7 millones de euros. Y no habrá convocatoria
2019 para el Plan de Atracción del Talento.
Todo ello induce a pensar
que los presupuestos responden a la voluntad de favorecer un modelo que no
contribuye en modo alguno a la equidad y a la cohesión social. No dudamos de
que toda la educación necesite mejoras pero ha de procederse de modo
equilibrado y justo.
Escaso peso en promoción y
difusión cultural
Resulta significativo, por otra parte, el escaso peso que se observa en
el programa de promoción y difusión
cultural. Mientras, las subvenciones nominativas, sin duda necesarias, reciben
un llamativo incremento (muy singularmente la empresa Madrid Turismo que ha
pasado en la legislatura de 2,8 a 7,5 millones). Este incremento de las
subvenciones, hasta 25 millones en un total de 45, afecta a la gestión de
centros propios que se congela. De nuevo presupuestos de campaña. De campaña
electoral.
Servicios
sociales y promoción
social
Una vez más, la poca
atención a servicios sociales y promoción social acentúan la vulnerabilidad en
la Comunidad y no solo porque no haya ningún programa específico para combatir
la pobreza, es que los recursos destinados a evitar la exclusión social bajan 4
puntos su peso en el presupuesto, respecto a 2018, y se congela la partida
destinada a la renta mínima. A su vez, el programa para personas mayores sube
la mitad de la media del presupuesto. Los programas para atender la información
y apoyo a la inserción laboral se reducen un 20% y un 26 % respectivamente,
existen 28.929 personas con prestación reconocida que no reciben ninguna ayuda
de atención a la dependencia (datos del IMSERSO 30.09.18) y las prestaciones
económicas para cuidadores en el entorno familiar bajan 6.442. Según sus propios
datos, la población inmigrante crece un 4% y el presupuesto en estas políticas
se reduce. No se destina un solo euro a protección de personas refugiadas ni
hay mención alguna a la Oficina de Coordinación de Refugiados. Esto no es
presentable.
Políticas
de igualdad
Las políticas de
igualdad, pese al compromiso en sus tres estrategias de casi 116 millones de euros
para desarrollarlas en el 2019, solo reflejan 24 millones, algo a todas luces
insuficiente. Además de que ignoran los compromisos de esta Asamblea respecto
al destino de los fondos y de que ni siquiera han solicitado el crédito del
Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, de 10.200.000 euros que han de
trasladarse desde el Gobierno central.
Atención
a la infancia
Los presupuestos para la
atención a la infancia nos producen una gran decepción. Tras un Pleno
Monográfico en enero de este año, y tras la presentación de su Compromiso con
la Infancia y Adolescencia (2017-2021), lo que este presupuesto confirma es que
no hay nada nuevo en realidad.
Las personas atendidas en
los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) previstas para 2019, son 500
menos que en 2018, teniendo en cuenta los preocupantes retrasos y listas de
espera que se están produciendo en los Puntos de Encuentro Familiar.
Las plazas de atención a
menores en situación de riesgo y exclusión social siguen siendo las mismas que
hace un año, 375. Al igual que las de los programas de prevención y atención a
la infancia y a la adolescencia que se encuentran en situación de desventaja y
dificultad social, que se mantienen en 1.890. ¿Para eso hacía falta un plan?
Por no hablar de la
drástica reducción de las actuaciones para menores en inserción laboral.
Sin embargo, lo más
preocupante es lo que sucede con las plazas residenciales de menores que
dependen de la Agencia Madrileña de Atención Social. Se incrementan sólo en 8
las plazas en centros de acogida, las de plazas residenciales se mantienen
exactamente igual; y en las que concierta la Consejería se produce un importante
recorte. Nos parece llamativo que, por ejemplo, en recursos específicos para
adolescentes hayan eliminado plazas.
Justicia,
sin visión proyectiva
También el presupuesto de
justicia carece de visión proyectiva. La apuesta por enterrar definitivamente
un proyecto de Ciudad de la Justicia o de concentración de sedes implica
consolidar la dispersión de las mismas. No hay partidas específicas ni para la
creación del Instituto de Medicina Legal ni para la creación de la Oficina de
la Fiscalía.
No es un presupuesto
sostenible. Entre otras razones porque la sostenibilidad, en su múltiple
dimensión ambiental, económica y territorial, debería irradiar un concepto
comprometido, solidario y transversal a todo el presupuesto, y no lo hace.
Carentes de estrategia
territorial y con el Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo en tramitación, el medio
ambiente está claramente condicionado por lo urbanístico y reducido a un escaso
0’44% en el presupuesto.
Mientras, seguimos sin
Estrategia Regional de Residuos, sin planes de inspección urbanística o
ambiental suficientes, o sin programas de economía circular que activen nuevos
espacios para nuevos y mejores empleos.
La falta de consideración
como medio propio de la Administración de la empresa pública Obras de Madrid,
gestión de obras o infraestructuras, pone en riesgo el cierre del PRISMA
2008-2011, ampliado a 2015, y el PIR 2016-2019.
Sigue siendo necesario en
Madrid un pacto local, territorial, con espacios compartidos de decisión y
políticas transparentes para la distribución de los recursos y las
oportunidades que propicien equilibrar la actual desigualdad territorial.
Si prestamos atención, por ejemplo, a las políticas de seguridad del
Gobierno regional, lo más destacable sigue siendo la desconsideración para con
las corporaciones locales con la pérdida de financiación de las BESCAM. Un
crecimiento del 1,8% para el conjunto de la legislatura y el 0,1% en 2019. No
siempre los ayuntamientos, a pesar de su esfuerzo por la estabilidad
presupuestaria, con una realidad, situación y tamaño distinto, pueden asumir el
coste de su Policía Municipal.
Vivienda
y transporte
Madrid es una región
donde para una gran mayoría resulta inviable organizar de modo razonable la
relación entre el trabajo y el lugar de residencia, y que depende directamente
del transporte diario.
El precio de la vivienda
es prohibitivo en las ciudades, especialmente en la capital. Reclamamos una
política de promoción pública de vivienda que dé soluciones a los 60.000
demandantes actuales y ayude a modular el mercado inmobiliario, especialmente
el de los alquileres. Parece complicado atender estas necesidades si, como está
previsto en los presupuestos, solo se incrementa esa partida en un 0,4%.
Mientras esto no se
resuelva, resulta imprescindible acortar los tiempos entre el lugar de
residencia y el lugar de trabajo con un sistema de transporte público ordenado
y eficaz, con inversiones “reales” en infraestructuras y en la red pública de
transporte. Este apartado se incrementa por debajo de la media: 4,6% frente al
5,3%.
Por ejemplo, las secuelas
del Metro Ligero y M-45 suponen 215 millones, el triple de lo que se destinará
a infraestructuras y red pública de transporte regional. Se aminora así la
inversión en infraestructuras un 45%.
Además, no se contemplan
partidas para resolver los graves problemas de Metro (que cuenta con 2,4
millones de usuarios diarios). Nada, al respecto para nuevos trenes, y no se
cubren la necesidad de plazas para maquinistas requeridas, ni para responder,
como dijimos, a las demandas y necesidades de los trabajadores afectados por el
amianto. Todo ello reiteradamente anunciado y comprometido.
Solo con eficiencia y responsabilidad
para abordar los problemas de vivienda y transporte mejoraría la vida de
millones de madrileños. Y se trata de eso. Por ello este asunto resulta
decisivo. Nuestra vida cotidiana se ve seriamente afectada.
Presupuestos
de la impotencia ante los problemas
Necesitamos otros presupuestos que respondan a una visión de futuro de
la Comunidad, ambiciosa y con compromiso social. Unos presupuestos que
configuren a Madrid como una región europea, moderna y dinámica, que base su
desarrollo en el protagonismo claro de la innovación y la tecnología, elementos
imprescindibles para crear empleo estable y de calidad.
Sin embargo, la internacionalización parece reducirse a ferias,
promoción y publicidad y perdemos oportunidad especialmente de los programas
europeos. No hay estrategia de acompañamiento ni de fortalecimiento para los
proyectos de nuestra Comunidad, ni para las empresas ni para las iniciativas
emprendedoras. Y cuando se presenta un plan como el Plan de Industria (2018- 2023) no hay asignación
alguna ni en este momento ni en estos presupuestos.
Precisamos unos presupuestos que basen su apuesta en la igualdad de
oportunidades, en los servicios básicos, especialmente la educación, la
sanidad, la cultura, las condiciones para el bienestar y la cohesión social.
Sin ellos se resiente la paz social.
Madrid necesita un impulso transformador en su dinámica económica,
industrial, de productividad y sostenibilidad, que nos permita adaptarnos al
nuevo marco de desarrollo global. Esta es la única manera de facilitar la
consolidación y el crecimiento a emprendedores, empresas, comercios, autónomos
y ciudadanos en general con voluntad de ejecutar proyectos y activar
iniciativas. Y este, sin duda, sería el mejor camino para generar empleo
estable y de calidad y para acabar con la lacra de la pobreza que sigue siendo
un lastre para el desarrollo de la región.
Entendemos que merecen
una enmienda a la totalidad, ya que son los presupuestos de la impotencia ante
los problemas de la Comunidad de Madrid, los de un mal llamado realismo, los de
una visión inadecuada de la utilidad, reducida a un malentendido pragmatismo
sin horizonte. Y consideramos que deben ser devueltos al Gobierno para
configurar un proyecto diferente.
