INTERVENCIÓN
DE ÁNGEL GABILONDO
ENMIENDA
A LA TOTALIDAD PRESUPUESTOS 2018
-23 de noviembre de 2017-
Los
presupuestos presentan de modo privilegiado lo que el Gobierno de Madrid piensa
de la Comunidad. Y su diagnóstico es explícito. Las cosas van bien, no
necesitan modificaciones de importancia, y menos aún cambios que pudieran
suponer alguna transformación.
Todo
es mejorable, suelen ustedes señalar, y lo dicen a modo de concesión
argumentativa. Y de nuevo, estamos en las mismas.
Si
ya hace un año encontramos que no eran unos presupuestos responsables, porque
no atendían los problemas más reales y cruciales de Madrid, ahora podemos
añadir que, además, son insostenibles. En una Comunidad rica sin procesos de
redistribución ni de reequilibrio.
Y
es triste que no lo consideren decisivo. No hay derecho a estos presupuestos,
dado el potencial de la Comunidad. Con ellos, no pueden abordarse los retos de
Madrid con la firmeza y entereza que se requiere, ni con simples parches de
mejora, ni con intervenciones puntuales.
Si
a ustedes les parece que esto es cuanto cabe hacer en nuestra Comunidad, pues
respetado queda. Pero no lo compartimos en absoluto. Si encuentran compañeros
para este camino, aceptado queda. No seremos nosotros.
Si
se prosigue en las mismas líneas esenciales de las políticas de gastos y de
ingresos, ocurrirá lo que viene ocurriendo, es decir, un aumento de la
precariedad laboral, de la desigualdad y de la pobreza, y de la exclusión
social. Todo ello a pesar del contexto de recuperación económica.
Podemos
convertir esta sesión en una exhibición de los avatares de cada cifra, algo
desde luego insuficiente, dado que no es hoy cuando hemos de ocuparnos de las
enmiendas particulares que el proyecto sin duda merece y necesita. No obviamos
esa labor, pero ahora nuestra enmienda es a la totalidad. ¿Significa eso que
todo está mal, que ninguna propuesta es adecuada? Más bien, la enmienda trata
de señalar que el proyecto ni en su orientación, ni en sus objetivos, ni en su
desarrollo da cuenta o responde a lo que constituyen las efectivas necesidades
o prioridades de Madrid.
Nuestra
Comunidad necesita cambiar. Ponemos de manifiesto esta voluntad expresada por
la mayoría, que eligieron otras opciones, y no la mera continuidad. Y estos
presupuestos la anclan en un modelo que ratifica el actual estado de cosas, ya
que se limitan a proseguir en la inercia de una situación ineficiente e
injusta. Son presupuestos de servicios mínimos que en modo alguno contribuirán
a que desarrolle su potencialidad.
Ni
se atisba otro modo de hacer, ni han acabado ustedes de entender en qué radica
el malestar de Madrid. Al contrario, estos presupuestos son la expresión de que
el Gobierno no ha logrado identificar ni liderar el cambio que se reclama. Es
corto de miras considerar que lo que se deseaba era que todo siguiera igual,
salvo algunos gestos aislados, siempre con insuficiente profundidad. Estos
presupuestos no parecen perseguir otra cosa que la voluntad de consolidar y de
fortalecer. Pero ¿el qué?: el desequilibrio y la desigualdad y algunos
privilegios e intereses.
De
nuevo, una oportunidad perdida. Las circunstancias permitirían hacer algo bien
diferente. Estamos creciendo y nos alegramos de ello. Ante un presupuesto
expansivo, es cuando más puede comprobarse hasta qué punto podríamos elegir lo
que deseamos hacer. Y esta es la cuestión, ¿qué tipo de Comunidad se está
consolidando? Sin duda, un modelo económico y social basado en un crecimiento
de unos a costa de otros.
Su
proyecto, a pesar de su afán compartido en exhibirlos, no es aún el de la
Comunidad, sino el de su Gobierno. A nuestro juicio, son los presupuestos de la
resignación, de la claudicación, de la constatación de que esto es lo más que
ustedes pueden y saben hacer. Desde luego, hay aspectos positivos, pero su propuesta
pone en evidencia su falta de proyecto político, salvo que éste consista en la
pura ratificación de lo que sucede y en la celebración de lo bien que les va a
quienes les va bien.
La
situación no es sostenible ni social, ni política, ni económica, ni
ambientalmente. Estamos no solo ante un instrumento o una herramienta, sino
ante una radiografía del Gobierno de la Comunidad, de sus prioridades y de su
pasividad ante el mero juego de relaciones de influencia o de poder. Y es la
radiografía de un modelo político que se ratifica como inapropiado.
Y
las resignaciones se centran en lo que habrían de ser los ejes de la política
de Madrid. 1. Unos servicios públicos gestionados con calidad, eficiencia y
equidad. 2. La sostenibilidad medioambiental como transición ecológica de la
economía. 3. El empleo de calidad y 4. La lucha contra la desigualdad. Y en
definitiva se trata de eso, de sostenibilidad. Una Comunidad que, además, ha de
estar abierta a los desafíos de España y del exterior y, muy singularmente, a los
desafíos de la Unión Europea.
No
hemos tenido oportunidad de participar en la elaboración de estos presupuestos.
Se nos pide que colaboremos cuando el asunto ya está suficientemente cerrado,
pactado y diríamos que, en lo sustantivo, clausurado. Es el momento de su
receptividad para demostrar hasta qué punto esto lo desean.
Hay
excesiva discrecionalidad y simple reparto de fondos finalistas, necesarios tal
vez pero supeditados a motivos y razones que, desde luego, no son transparentes
en los criterios de las concesiones y sus cantidades, y ello impide realizar,
en las mejores condiciones, nuestra labor.
Señora
consejera, no cuestionamos ni la capacidad ni la buena voluntad de quienes han
elaborado estos presupuestos, pero no compartimos ni sus prioridades ni su
escala de valores, y de ello se deduce toda una arquitectura de reparto alejada
de lo que a nuestro juicio supondría una buena distribución. Y se trata de
distribuir y no de repartir. Por eso no hablamos de justicia “repartitiva”. Se
trata de que los presupuestos respondan a una justicia distributiva, lo que
implica que a cada cual se le tenga en cuenta según su diversidad y su
necesidad. Estos presupuestos no son distributivos, estos presupuestos no son
justos, ni equilibrados.
Hemos
de tener presentes, muy singularmente, a los 414.800 desempleados de nuestra
región, según la EPA del tercer trimestre de 2017, y a los cerca de 150.000 que
llevan dos años buscando trabajo. 114.300 hogares madrileños tienen todos sus
miembros en paro. Y persiste la brecha salarial por razón de género. Estos
presupuestos no abordan los problemas estructurales, ni las graves situaciones
para una mayor autonomía y para la incorporación de las personas con
discapacidad.
Sin
embargo, los presentan como la herramienta eficaz para dotar de buenos
servicios públicos a Madrid, para afianzar la recuperación económica y el
empleo, así como la cohesión social en nuestra región. Pero se oculta que para
el próximo año se prevé una desaceleración del crecimiento económico y una menor
creación de empleo, 15.000 menos que en 2017, y eso a pesar de ser el proyecto
de presupuestos más expansivo desde el inicio de la crisis.
Consolidan
la creación de un empleo de mala calidad, sustituyendo el empleo estable por un
empleo con fecha de caducidad. Reflejo de ello es que el 85% de los contratos
que se firman actualmente son temporales, y el 20% dura menos de una semana.
Precariedad que cuenta con la acción de la propia administración que ustedes
dirigen, ya que 81.200 asalariados del sector público tienen contratos
temporales.
Sus
presupuestos no dan respuesta a la cronificación del paro ni al fuerte
descenso de la cobertura del sistema de prestación por desempleo,
características de nuestro actual mercado laboral. Pero tampoco a los más de 700.000
trabajadores que perciben un salario inferior a los 600 euros mensuales, que
sienten que tener un empleo ya no ofrece seguridad y futuro. Consolidan un
modelo laboral excluyente con claros perdedores, como son las mujeres, los
jóvenes y los mayores de 45 años. El trabajo autónomo no se sostiene
simplemente con la tarifa plana si no se ofrecen otras medidas para afianzar el
sector.
Es
urgente un pacto de rentas para garantizar salarios dignos y acometer cambios
en el modelo productivo, a fin de dar respuesta a desafíos como la
digitalización o el cambio climático, que están ausentes del presupuesto.
El
proyecto presentado nos plantea incertidumbres de gestión y de sostenibilidad
de la Comunidad. Para 2018, la deuda pública cuenta con un presupuesto de 3.000
millones de euros, lo que representa el 14% del gasto.
Basta
señalar que el objetivo de deuda para Madrid es del 14,3% del PIB, y en estos
momentos estamos en el 15,1%. Y no encontramos en su proyecto cómo piensan
resolverlo.
Con
su mala gestión recurren de modo sistemático a la deuda, lo que está
comprometiendo a las generaciones futuras. Y si otras regiones también lo hacen
es asunto que ha de afrontarse y debatirse en sus respectivos parlamentos. La
excelencia es compararse con lo que uno puede y debe hacer, no resignarse con
que otros lo hacen peor.
Estos
presupuestos no afrontan el necesario cambio del modelo productivo. La
descapitalización de la industria madrileña, que apenas representa el 9,6% de
la producción regional, es preocupante, y ustedes la consolidan. No ofrecen un
plan de reindustrialización, y cada vez es más necesario planificar un espacio
productivo que recoja las necesidades actuales de un sector innovador y
competitivo acorde a la industria 4.0. Falta un
plan ambicioso de apoyo al sector del pequeño comercio y echamos en falta
políticas articuladas y eficientes para el sector del turismo.
Muestran
desinterés por activar acciones que aborden el riesgo de pobreza y exclusión
social que existe en nuestra región, un 21,7% de su población, y se intensifica
entre los menores, donde alcanza al 34%. Esto es insostenible. Y eso, a pesar,
de los elevados crecimientos del PIB, el 3,4% en 2016, lo que da cuenta de la
distribución desigual de la riqueza que se consolida en Madrid con su modelo.
Una
desigualdad que también es territorial. Hemos insistido en la necesidad de un
pacto local. Mientras, tanto con el PRISMA 2008- 2011, ampliado hasta el 2015,
como con el PIR 2016- 2019, hemos perdido 16 meses. La obsesión por cerrar
Nuevo Arpegio ha llevado a financiar un escaso 10% de lo presupuestado en ambos
programas.
Señora
consejera, su reiteración en que 9 de cada 10 euros de su presupuesto se
dedican a política social, más bien alude a las obligaciones competenciales de
las comunidades autónomas, pero solo sería realmente social si mejoraran los
indicadores que miden la cohesión social y corrigieran, mediante políticas
públicas de calidad, las condiciones de acceso de los madrileños a los
servicios a los que tienen derecho. Y eso ni ocurre en Madrid ni ocurrirá con
el modelo que ustedes eligen.
Solo
habrá un Madrid equilibrado con un estado de bienestar amplio, con servicios
públicos de alta calidad comprometidos con la cohesión social, para corregir desigualdades,
y con políticas públicas preocupadas por la dignidad de las personas y la
redistribución de la riqueza de modo más justo. Y ese modelo social conlleva
establecer un sistema fiscal que lo sostenga, basado en la progresividad, donde
no haya espacio para el fraude.
Las
bonificaciones, exenciones, deducciones fiscales, generadas por los sucesivos
gobiernos de su opción política, sobre los impuestos de sucesiones, donaciones,
patrimonio e IRPF dan una cifra que supera los 3.100 millones de euros, y así
es muy difícil lograr una Comunidad de primera magnitud. Con su modelo fiscal
han renunciado también a que Madrid crezca mejor. Según avanza la legislatura,
plantean una ampliación de dos deducciones fiscales en IRPF con alcance muy
limitado, en vez de una revisión profunda de amplia repercusión. Y así
evidencian su voluntad de mantener el actual y desequilibrado estado de cosas.
La
Comunidad necesita una recaudación más adecuada y justa. No se trata de
incrementar los impuestos de forma indiscriminada. Se precisa un estudio
riguroso, aún por hacer, de las necesidades de la región y de la consecuente
actualización de su sistema fiscal con una planificación al menos de medio
plazo, así como de lograr un sistema de financiación autonómica consensuado y equitativo.
La mejor coartada para no abrir ningún diálogo en uno y otro sentido es
presuponer que nuestra única voluntad es subir a toda costa, en toda dirección,
los impuestos. Con ello ustedes se previenen a sí mismos de las buenas razones
para proceder de otro modo.
De
nuevo nos encontramos con la irrealidad en los ingresos. Según la liquidación
de 2016 dejaron de recaudar 1.000 millones de euros previstos. Esta desviación
venía dada por una menor recaudación de impuestos propios, especialmente en el
impuesto de transmisiones patrimoniales y en el impuesto de actos jurídicos.
Comprenderán que pongamos en cuestión sus previsiones.
Es
inquietante comprobar que parten de un gasto insuficiente para garantizar una
prestación de estos servicios públicos de calidad e igualdad de acceso.
Algunos
ejemplos explícitos y bien elocuentes:
El
presupuesto sanitario comienza, otro año más, infrafinanciado respecto
al gasto real. Los presupuestos de 2018 destinan a toda la Sanidad 7.870,5
millones de euros, cuando en 2016 se obligaron 8.126,4, es decir, 195 millones
menos de lo gastado en 2016.
El
presupuesto dedicado a Educación en la Comunidad de Madrid crece un 3%, por
debajo de la media nacional, que lo hace a un ritmo casi del 5%. Madrid dedica
un 12% del presupuesto educativo nacional, cuando tiene el 15% del alumnado.
Encontramos
asimismo insuficiente el gasto en universidades, que ven rebajadas sus
inversiones en un 10% y las nóminas no incorporan la subida salarial. Esto
supone un nuevo recorte a las mismas.
Los
jóvenes de la Comunidad siguen sin ser una prioridad de sus políticas. Destinan
19,7 millones de euros menos al Plan de Empleo Juvenil, a pesar de ser el
colectivo con mayores tasas de paro, lo que resulta decepcionante. Ni rastro de
un parque de vivienda pública de alquiler con precios asequibles para fomentar
su emancipación. La construcción de viviendas por parte de la Comunidad sigue
estancada, con apenas el inicio de tres promociones a lo largo de 2018, las
primeras de un mandato que terminará sin la entrega de ninguna de ellas. No
todo ha de reducirse al Abono Transporte Joven. Por cierto, Abono Transporte
que habría de dar respuesta también a colectivos en situación de pobreza o
exclusión social. Un abono de 10 euros para los parados del programa de
activación, que apenas beneficia a 300 personas, es un verdadero fracaso de
política social.
Podemos
hablar ya de otra legislatura perdida en Justicia. 2018 será un nuevo año en el
que los madrileños vamos a tener que pagar 33 millones de euros en el
arrendamiento de sedes judiciales y fiscales. Tras el escandaloso fracaso del
proyecto de la Ciudad de la Justicia, con más de 130 millones de euros en su
haber, nos preguntábamos qué solución nos presentaría el Gobierno de la
Comunidad en los presupuestos. La respuesta es ninguna, ninguna alternativa.
Los presupuestos para 2018 consolidan un sistema de organización de personal
propia de tiempos pasados; no se da impulso a la nueva Oficina Judicial - ni se
menciona- creada por Ley del año 2009. Tampoco se da solución a las
deficiencias tecnológicas de los juzgados, que requieren nuevas tecnologías
actualizadas para dar una respuesta acorde a los tiempos vigentes. Tampoco se
garantiza la puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y la
nueva Oficina Fiscal.
En
violencia de género hay apenas 23,5 millones presupuestados. Desconocemos en
qué programas y en qué consejerías está el resto, hasta los más de 45 millones
de euros que anuncian para 2018 en aplicación de la Estrategia Madrileña contra
la Violencia de Género. Pero lo más alarmante es que, desde 2016 hasta
septiembre de 2017, este programa ha tenido una dotación total de 66,5
millones, habiéndose dejado sin ejecutar cerca de 25 millones.
La
sostenibilidad debería ser uno de los hilos argumentales de este presupuesto y
no lo es. Solo invierten 1,92 euros de cada 100 en política medioambiental.
Para una correcta transición ecológica de la economía debemos enfocar el
presupuesto en esa dirección. No hablamos solo de medio ambiente, sino de la sostenibilidad
en el más amplio sentido de la palabra. Sostenibilidad económica, con una nueva
fiscalidad verde, con prácticas económicas rentables y ambientalmente
responsables. Sostenibilidad ambiental, con una apuesta clara por contribuir a
la reducción y mitigación de los efectos del cambio climático en nuestra
Comunidad.
Persiste
la infrapresupuestación de los recursos destinados a la Renta Mínima de
Inserción. Partimos ya de un presupuesto de 168,9 millones, claramente
insuficiente. Los centros de mayores experimentan un retroceso. Un pírrico 0,8%
de incremento lo confirma. Parece olvidarse que estos centros representan el
muro de contención en la prevención de la dependencia. Así se ratifica que la
atención a las personas mayores en las residencias, centros de día o pisos
tutelados está marcada por un error en la concepción del modelo. Y esto se
traduce en peor calidad de vida de los residentes y precariedad laboral de los
trabajadores.
Además,
hay que lamentar la falta de respuesta a los cuidadores familiares. El sistema
para la autonomía y atención a la dependencia exige mayor consideración, dado
que, según datos de finales de octubre, hay 31.564 personas con ese derecho a
prestación reconocido, que no la reciben.
La
atención y protección a la familia y al menor queda marginada, con tan solo
636.000 euros de incremento en 2018, lo que se traduce en disminuciones de
recursos residenciales específicos para adolescentes, acogimientos familiares,
plazas para prevención a la infancia y a la adolescencia en dificultad social,
disminución de tratamiento del abuso sexual infantil.
También
hemos de poner de relieve algunas partidas en el presupuesto que podríamos
denominar “partidas fantasma”. Por ejemplo, en Vivienda, con proyectos de
inversiones en conserva que se mantienen inactivos en el presupuesto -algunos
se iniciaron en 1995 y perduran veinte años después. Es el caso de las 76
VIVIENDAS VALDEACEDERAS B-14 con un presupuesto que supera los 7 millones-. Y hay
más, en un largo listado de inversiones que no son tales.
A
su vez, las insuficientes transferencias a las corporaciones locales para las
policías del programa BESCAM se congelan en 2018. A esto hay que sumar el
recorte de casi el 30 % de la partida que se arrastra desde 2011. Está en el
haber de este Gobierno una desatención de asuntos de seguridad pública, lo que
a nuestro juicio es muy grave.
Pero
si hablamos de presupuestos insostenibles, y de la necesidad de políticas
públicas de calidad para garantizar una adecuada redistribución y reequilibrio
y otra concepción de la economía, estos presupuestos no transformarán Madrid
que, lejos de su enorme potencialidad, parece resignarse en sus políticas a
garantizar la comodidad de algunos sectores y ámbitos particulares.
La
sanidad privada suma 978 millones y sigue creciendo (56,5 millones más, un
6,6%) respecto a la de gestión pública (4,2% en hospitales y 2,5% en atención
primaria). Es sintomático el grado privilegiado de compromiso e identificación
que su Gobierno tiene con la sanidad privada: Esos casi 1.000 millones
previstos para ella representan un 12,7% del gasto total del SERMAS. El incremento
desde 2011 ha sido extraordinariamente llamativo, un 90,5% más, es decir 464
millones de euros.
Mientras,
continúa el estado de excepción económico para el personal del SERMAS,
repitiendo por décimo año (desde 2009) el artículo 27 en la Ley de Presupuestos
que niega “excepcionalmente” la carrera profesional y la actualización de
varias retribuciones de los sanitarios madrileños. Y con claras repercusiones
sociales.
Prosigue
una baja dotación para inversión y mantenimiento, lo que conlleva la
descapitalización de edificios, equipos e instalaciones de la sanidad
madrileña. El Gobierno presume de la inversión que proyecta en el presupuesto
inicial, inversión que es virtual, pues deja la mayor parte sin ejecutar.
Por
otro lado, la educación concertada es mejor tratada que la pública. No se
deduzca de esta apreciación que es nuestra voluntad descalificar su labor.
Simplemente se trata de constatar que, por ejemplo, la concertada recibe en
estos presupuestos 378 profesores nuevos, mientras la pública únicamente 600,
aunque la distribución del alumnado es de un tercio en la concertada, y de dos
tercios en la pública, y en los últimos cursos crece más el alumnado de ésta.
Las exigencias han de ser similares, así como las normas de funcionamiento y de
control. Pero, consideramos que el sistema ha de fundamentarse en una educación
pública de calidad.
Resulta
sintomático que la educación compensatoria, para la inclusión y diversidad, es
decir para los estudiantes con más dificultades, pierda peso presupuestario en
profesorado y medios.
En
Formación Profesional, los presupuestos prevén un incremento de un 8% más de
alumnos y de ciclos formativos, con escasamente un 1,6% más, con lo que los
servicios, centros y laboratorios de estos alumnos se verán perjudicados.
En
cuanto a las necesarias nuevas infraestructuras educativas, se presupuestan 11
colegios y 14 Institutos, cuando en toda la
legislatura se han puesto en marcha menos de 20. Estos centros construidos han
necesitado el doble de la cantidad media presupuestada que los nuevos centros
de 2018. No resulta creíble que puedan llevarse a cabo.
Resulta
una auténtica malversación política no convocar todo este potencial del que
disponemos para hacer de Madrid una región puntera en el mundo.
Ustedes
han tenido la oportunidad de modificar, de practicar otra política, y han
consolidado año tras año lo que ya existía, acompañados de quienes pretendiendo
venir a cambiar las cosas, apuntalan, conformándose con supuestas mejoras
parciales, un modelo de Comunidad inapropiado y resignado.
En
el caso de que tras la votación de hoy estos presupuestos sigan adelante,
trabajaremos con toda lealtad institucional y por el bien de los madrileños,
para mejorar en lo posible esta pérdida de oportunidades que han presentado. Aunque
ello les obligue a modificar los datos de la publicidad exhibida recientemente.
Pero
tras un análisis pormenorizado del Proyecto de Ley de Presupuestos 2018,
consideramos que es nuestra responsabilidad presentar esta Enmienda a la
Totalidad. El torpe argumento de que si fuera por nosotros no habría
presupuestos se desbarata con las razones expuestas. Sí habría presupuesto,
pero sería bien diferente. La devolución al Gobierno supondría abrir el espacio
para que trabajáramos conjuntamente para lograrlo.
Réplica de Ángel Gabilondo.
