Intervención de Ángel Gabilondo en el Pleno monográfico sobre atención a menores y protección de la infancia en la Comunidad de Madrid, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Primera intervención.
Gracias, Sra. Presidenta.
La Comunidad de Madrid tiene
competencia exclusiva en materia de protección
y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la
juventud.
En la Comunidad de Madrid
residen un total de 1.214.711 menores de 18 años, según las cifras de población
a 1 de julio de 2017. Lo que representa el 19%. Pero ni siquiera esto es lo más
determinante.
Podríamos plantear este Pleno Monográfico como una suerte de
desafío sobre quién tiene más sensibilidad o compromiso con la infancia y los
menores, o como un mini debate congresual sobre el tema, haciendo un acopio de
información o una ostentación de conocimiento sobre el asunto. Si todos los
grupos hemos asentido en la necesidad de este debate, es porque somos
conscientes de la necesidad que hay de actuar con decisión y eficacia para
afrontar un aspecto clave y delicado en una sociedad de derechos y valores como
la que perseguimos.
Desearíamos buscar acceder concretamente a unas decisiones lo más
consensuadas posibles, lo más comprometidas y concretas, que permitan afrontar
aspectos que son cruciales y sintomáticos de la concepción que tenemos de la
sociedad y, desde luego, de la transformación que al respecto requiere.
Hemos escuchado en esta Asamblea argumentos que muestran la
vulnerabilidad de la infancia y con la percepción de que se precisa actuar más
coordinada y vertebralmente para propiciar una sociedad de más oportunidad e
igualdad. Por tanto, este debate no es solo por y para la infancia, sino que en
él se ponen en juego, en gran parte, las reglas mismas del juego, las bases
sobre las que construir la posibilidad de una vida de plena dignidad de los
ciudadanos y las ciudadanas.
Es incontestable que la pobreza infantil es insostenible
social y políticamente, y desde luego éticamente. Nuestra Comunidad se sustenta
en una desigualdad radical y a partir de las primeras etapas de la vida, se condiciona
la existencia de no pocos.
Bastaría aludir a esta pobreza para reconocer que a nuestra
sociedad le falta salud y que resulta violenta. Solo desde este concepto de
salud plena, integral y social, y desde esta consideración de la violencia como
incapacidad e imposibilidad, como agresión, como desprotección efectiva, como
imprevisión de situaciones que perjudican al desarrollo personal, como riesgo y
desamparo, se hace evidente la necesidad de regular y garantizar el derecho de
los niños y las niñas a la vida y a su integración física y moral para
propiciar su desarrollo en entornos de buen trato.
No bastará con prevenir situaciones, será preciso fomentar la
solidaridad y sensibilidad social. Si algo nos ha de preocupar singularmente es
la protección y promoción de los derechos de los niños y las niñas. Todo ello
no se reduce a atajar el maltrato físico o psíquico o la negligencia a la
atención al menor. Hemos de preguntarnos si hay un verdadero maltrato
institucional.
Proponemos que se incorporen aspectos decisivos que aborden
la actual situación legislativa pero que no se reduzcan a ella y que se ocupen
muy singularmente de quienes han de ser tutelados por la propia Comunidad y de
las condiciones y garantías en que se desarrolla esa labor.
Una vez más, hemos de revisitar las políticas sociales en
sanidad y educación para comprobar hasta qué punto condicionan de modo inquietante
en su desarrollo las condiciones de vida.
Éste ha de ser un pleno sobre la infancia y protección al
menor y, desde luego, no mejoraremos la Comunidad si nos reducimos a
inculparnos y exculparnos, en lugar de a reconocer conjuntamente lo que hemos de
hacer, sin ignorar la singular responsabilidad de aquellos a quienes les
corresponde gobernar. Es incomprensible e insostenible que en una Comunidad
como Madrid podamos convivir, a nuestro juicio con excesiva naturalidad, con
unos índices de pobreza infantil alarmantes que no habrían de encontrar
consuelo en comparación alguna.
En este Pleno hemos de ser capaces de concretar acciones y de
adquirir compromisos compartidos. Y no bastará con decir que se está trabajando
o que disponemos de un Plan ya encuadernado. Lo que tenemos es urgencia y no
simplemente prisa, y la sociedad reclama nuestra acción. No podemos defraudarla
con un debate infecundo o estéril.
Que las legítimas aspiraciones a merecer el
apoyo ciudadano no nos lleve a utilizar la infancia como medio. Hablemos de las
políticas.
Segunda intervención.
Probablemente
nada muestra mejor cuáles son los valores de un Gobierno que el modo de
consideración y trato que tiene para con los niños y niñas, para con los
menores, para con los más vulnerables, para con los mayores. Y esto ha de ser
siempre una prioridad en la agenda política.
Para aplicar
políticas a favor de la infancia y la adolescencia, el marco de referencia
global es la Convención sobre sus derechos de Naciones Unidas de 1.989. Todo ha
de centrarse en el interés superior del niño y la niña, y en la no
discriminación, la supervivencia, el desarrollo y la participación infantil.
La normativa más
reciente aprobada por el Gobierno de España es la Ley 26/2015, de 28 de julio,
de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia,
mientras que en la Comunidad de Madrid es la Ley 6/1995,de 28 de marzo, de Garantías
de sus derechos, que es necesario actualizar para recoger los importantes
cambios que se están produciendo en relación a los menores o a las veinte
observaciones generales dictadas por el Comité de Derechos del Niño, así como
otros tantos instrumentos y documentos posteriores a nuestra normativa
madrileña.
La infancia es
una etapa decisiva, pues las experiencias que se viven en estos años son
fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo social. Es imprescindible que
se garanticen las condiciones básicas de alimentación y de salud de los
menores, el apoyo a las familias para que atiendan las necesidades y la
educación de sus hijos, y la incorporación progresiva en centros educativos que
contribuyan a su maduración y a su aprendizaje. Y lo es no solo por justicia
social sino también porque los programas que promueven las posibilidades de los
menores son la mejor inversión para lograr el progreso en todos los sentidos.
Por desgracia,
aún queda mucho por recorrer. La pobreza, y sobre todo la pobreza extrema,
tienen un efecto devastador en la infancia, con secuelas en la salud de los
niños y niñas, en su desarrollo y en su aprendizaje.
En la Comunidad
de Madrid los menores de 18 años son el grupo que tiene mayor incidencia de
riesgo de pobreza y exclusión, con una tasa en 2016 del 33,9%, muy superior al
21,7% de la media regional, (según la Red Madrileña de Lucha Contra la Pobreza
y la Exclusión Social (EAPN-Madrid). Lo que conocemos como pobreza infantil
afecta, en nuestra Comunidad, a más de 411.000 menores y lo alarmante es que
está aumentado. En 2015 la tasa AROPE
entre los menores se situó en el 28%, con 317.077 personas. Una pobreza que
sufren en mayor medida los niños y niñas que forman parte de familias
monoparentales.
En el periodo
2008-2015, la pobreza severa ha aumentado en 5,2 puntos. En hogares con 3 o más
menores dependientes la Tasa Carencia Material Severa es del 22,4%. Hay 210.000
niños/as y adolescentes que viven en hogares con bajos ingresos.
La infancia es la
principal víctima de los desahucios, de la baja tasa de cobertura por
desempleo, de los empleos precarios, de los recortes en sanidad, educación y
servicios sociales. A mayor desempleo, a mayor desprotección, a mayor número de
trabajadores pobres, mayor aumento de la pobreza infantil. El desempleo de
larga duración en Madrid es mayor entre los sustentadores principales de
hogares con menores de edad: 5,7% frente al 2,6% en hogares sin menores en su
seno.
La incidencia de
la pobreza durante la primera etapa del ciclo vital tiene consecuencias de gran
calado. Repercute de manera significativa en el estado de salud, el nivel
educativo que alcanza y genera menos perspectivas de futuro. De seguir así, el
80% de los niños pobres serán adultos pobres.
El cuidado,
protección y educación de la infancia es una responsabilidad de toda la
sociedad y no solo de los padres o tutores. Es una obligación de los poderes
públicos articular las políticas y los recursos necesarios, en todos los
ámbitos y sentidos. Deben ser recursos sociales que den dignidad y se ofrezcan
con dignidad.
En la Comunidad
de Madrid, la inversión en infancia ha experimentado un retroceso importante
durante los años de crisis. En el 2007 Madrid ya era la Comunidad Autónoma que
menos invertía en políticas de infancia y, según UNICEF en su informe de 2015, una
de las que más redujo su inversión entre 2007 y 2013.
Aunque se ha
desarrollado alguna legislación y ciertas políticas de incidencia directa o
indirecta en la infancia, como la Estrategia de Apoyo a la Familia de la
Comunidad de Madrid (2016-2021) y el Plan de Infancia y Adolescencia
(2017-2021), el diseño de algunas de las ayudas recogidas hace cuestionable que
lleguen precisamente a la infancia más vulnerable.
La vivienda
constituye un elemento fundamental para la integración social de las familias,
especialmente en las que viven menores. Es urgente que el Gobierno de la
Comunidad desarrolle una política activa de vivienda social y pública que
garantice un alquiler social a las familias con menores de edad que presentan
carencia de medios y posibilidades y con dificultades para acceder a este
recurso, o con menores que han perdido su vivienda habitual por una situación
de impago. Y por supuesto, hacer efectiva la reducción de la pobreza
energética.
La Renta Mínima
de Inserción (RMI) no cumple con lo establecido en la Ley 15/2001, por dos
motivos fundamentales: no asegura a toda la población los recursos básicos para
la supervivencia digna, dejando sin dicho medio a muchos madrileños en
situación de pobreza severa, más de medio millón, y fuera a la mayoría de los
1,4 millones de madrileños en riesgo de pobreza o exclusión social (INE 2016).
Y no hace efectivo el derecho a recibir apoyos personalizados para la inserción
laboral y social.
Es necesaria una
inversión en la infancia y las familias que permita la continuidad de las
políticas y la planificación a largo plazo. Evitar que se transmitan las
desventajas entre generaciones es una inversión crucial para el futuro de
nuestra región. La recomendación de la Comisión Europea de febrero 2013
“Invertir en la infancia”, señala tres pilares estratégicos:
1. El acceso de
las familias y los niños y niñas a recursos adecuados: empleo, ayudas
económicas y vivienda.
2. El acceso a
unos servicios de calidad que garanticen igualdad en educación, salud, vivienda,
entornos y protección.
3. El acceso a la
participación, tanto en cultura como en deporte, ocio y toma de decisiones.
Ello requiere una
norma que diseñe un marco general de protección de la infancia y de la
adolescencia.
Resulta
fundamental neutralizar las desigualdades en edad temprana que incluyen, entre
otros factores, el desigual acceso a los recursos materiales o familiares, a
las peores condiciones de vida y del entorno, o la falta de acceso a una
escolarización temprana que impide la detección precoz de problemas de
desarrollo.
Factores como
vivir en un barrio con privación social o en un hogar con bajos ingresos o
renta, el bajo nivel educativo de los padres o su pertenencia a una clase
social ocupacional baja, las fuertes dificultades laborales o el desempleo, la
falta de propiedad de la vivienda y la privación material en el hogar se
asocian con distintos efectos adversos en la salud y el desarrollo infantil.
Las desigualdades
sociales son, en gran medida, transmisibles de una generación a otra. Las
perspectivas vitales vienen determinadas por la interacción no solo del código
genético sino de éste con el llamado código postal, que resume la
posición socioeconómica de la persona. Se reconoce que los 1.000 primeros días
de vida, desde el embarazo a los dos años, es el período más crítico para el
desarrollo neuronal y físico del niño, clave en el desarrollo cognitivo y las
habilidades psicosociales. Por eso la pobreza es la gran exclusión y la gran
soledad. El mejor modo de abordar el problema de la pobreza infantil es
igualando las oportunidades de todos.
La Comunidad de
Madrid tiene una excesiva categorización de los recorridos de su alumnado,
rigidez incompatible con un concepto social de la educación, sostenido por los
baremos para la escolarización y la implantación selectiva del bilingüismo.
Tiene efectos nocivos en el aprendizaje que procede de entornos desfavorecidos
y supone un freno a nuestra economía.
Se precisa una
escuela inclusiva, que no categorice, ni excluya. En la que todos tengan las
mismas oportunidades para educarse.
No podemos
concentrarnos en una visión solo punitiva del acoso. Hemos de apostar por la
labor preventiva, el trabajo en la educación
en valores, la creación de climas adecuados de convivencia en los centros,
la sensibilización y coordinación para las nuevas formas de acoso (ciber-acoso)
y las relaciones y actuaciones fuera del centro (labor conjunta con los
trabajadores sociales, ambulatorios y médicos de familia). Medidas
psico-educativas para corregir conductas y, en general, desarrollar políticas a
medio y largo plazo basadas en la prevención, la sensibilización social, la
colaboración entre instituciones, la investigación, la adecuada formación de profesionales y la
potenciación de la orientación educativa con el objetivo de lograr climas de
convivencia que hagan de la vida escolar un espacio de paz donde educar para
ser ciudadanos y ciudadanas.
A su vez es
necesaria la creación de espacios autónomos de reflexión para el desarrollo de
la participación de la infancia. Los niños son ciudadanos y han de acceder a
sus plenos derechos y responsabilidades, tras haber experimentado antes formas
de participación. No basta con que sean escuchados, hay que habilitar vías para
que niños y niñas, los adolescentes, en la medida de sus posibilidades
participen. A participar solo se aprende participando. Todo ello no excluye la
tutela. Se precisa no solo la intervención en cuestiones relativas al
aprendizaje también en la gestión y propuesta de actividades, en la
intervención en órganos de representación, en las comisiones de resolución de
conflictos, en la mediación, en la propia gestión del centro, éste es un camino
complejo pero necesario.
Hoy ya un
in-fante no es literalmente un no hablante, es un agente protagonista. La
creatividad, la exploración, la intuición, el pensamiento crítico y divergente
y otras cuestiones necesarias para la construcción individual como el
autoconcepto y la autoestima, exigen espacios autónomos de reflexión y de
participación.
No se educa solo
en horario escolar. La protección de los derechos de la infancia y la
protección de los valores está vinculada a la transmisión y difusión de la
información. Valga como ejemplo los casos de las víctimas de violencia de
género, o la emisión de publicidad o de contenidos de entretenimiento, ocio,
cultura o deporte. Por eso la Ley de Comunicación Audiovisual o la Ley de Radio
Televisión Madrid también contemplan explícitamente requerimientos al respecto,
y es imprescindible el estricto cumplimiento del Código de Autorregulación de
Contenidos Televisivos e Infancia por los medios de comunicación audiovisuales.
No faltan acuerdos, lo que se precisa es cumplirlos. Parece razonable que los
medios de comunicación, los públicos en particular, asuman el compromiso de
impulsar acciones destinadas al fomento de programas de alfabetización
mediática y digital especialmente para los menores.
Es necesario
difundir contenidos dirigidos a los jóvenes utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación, como consta en el Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género. Elaborar materiales informativos para madres y padres a
fin de detectar la violencia de género en las que puedan ser víctimas o
agresores sus hijas o hijos adolescentes. Del mismo modo, exigir que el
proyecto educativo de los centros incluya contenidos específicos de prevención
de la violencia de género y que el Consejo Escolar realice su seguimiento.
En Madrid hay más
de 22.000 menores con discapacidad reconocida con un grado superior al 33%,
esto supone casi el 7% del total. Lo que se origina respecto de la discapacidad
es un verdadero agravio comparativo. En la Comunidad la gratuidad está ofrecida
solo en la red de centros, pero en general está sustentada y financiada por copagos
encubiertos, soportados por las propias familias. Por ejemplo, en la
discapacidad visual las principales partidas de gasto adicional se relacionan
con las ayudas técnicas o adaptaciones. En el caso de la discapacidad auditiva,
son estas ayudas técnicas y adaptaciones el principal vector del gasto
adicional, junto con los servicios de interpretación en lenguaje de signos.
Es preciso
resolver las listas de espera de atención temprana, con escasez de recursos, y
la falta, no pocas veces, de coordinación entre administraciones. Se requiere
acabar con estas listas de espera que hay en detección e intervención que
afectan directamente al óptimo desarrollo de niñas y niños. Más de 400 familias
están aún en listas de espera. Desde el tejido asociativo y apoyado por
iniciativas presentadas por nuestro Grupo, se propone crear, por ejemplo, una oficina
única de atención integral a los menores con discapacidad y sus familias.
Sigue siendo
dramática la situación de niñas y niños con parálisis cerebral, cuyas necesidades
no parecen bien atendidas y no hemos de olvidar la situación de aquellos con
trastornos del espectro autista. Ha de darse cumplimiento a la PNL aprobada por
todos los grupos, a excepción del Partido Popular, para el diseño y desarrollo
del Plan Integral de Atención a estas personas, desde su nacimiento hasta la
edad adulta, que contempla entre otros la ampliación de los servicios
sanitarios en más hospitales de Madrid. Y desde luego es necesario regular y
financiar de manera adecuada las diferentes opciones de educación para evitar
que los niños y niñas con discapacidad sean obligados como única opción a la
educación en colegios especiales, y aquí hemos de apoyar a esa veintena de
municipios que exigen una iniciativa legislativa para los ayuntamientos.
Pero donde queda
aún más en evidencia la consideración que les merecen los menores es la
situación de los menores tutelados en la Comunidad de Madrid, cuya vida se
desarrolla muchas veces en contextos muy próximos a trato indebido, bajo formas
más o menos explícitas de alguna violencia, y con cierto desamparo
institucional por parte del Gobierno regional. Baste citar la masificación y
deshumanización de los grandes centros residenciales como la Residencia
Infantil Acacias o la Residencia Infantil Clara Eugenia, con unas ratios de
trabajador/residente que imposibilita cualquier atención especializada que
estos menores requieren, a pesar de la magnífica labor de los profesionales.
Esta misma
sobresaturación se da en las residencias de Primera Acogida de Hortaleza o
Isabel Clara Eugenia, que no deben de superar las 35 plazas y que en algunos
casos sobrepasan los 55 residentes, niñas y niños con toda clase de tipologías
y más de seis meses en el centro, cuando lo recomendable son estancias no
superiores a los dos meses para ser derivados a recursos específicos adecuados
a la situación de cada menor. Sobresaturación debida al recorte de más de 300
plazas.
Además, con
medidas de contención y maltrato institucional denunciadas por el Defensor del
Pueblo, que aún no ha recibido respuesta por parte de la Consejería a pesar de
haberse emitido el 11 de noviembre del 2017 y estar obligados por ley a
contestar en el plazo de un mes.
En dicho informe
se señala que son vulnerados los derechos de los menores residentes en cuanto
al secreto de sus comunicaciones, la sobresaturación del centro, o el abandono
un tanto a su suerte durante el día, la escasez de medidas en cuanto a la
prevención y atención del consumo de sustancias y la desconsideración de hasta
dieciocho recomendaciones que, por lo que sabemos, la Consejería no ha
contestado meses después.
Otra situación
alarmante es el aumento de los delitos de abusos sexuales a menores en la
Comunidad de Madrid. Según datos de la Memoria de la Fiscalía 2016, han
aumentado un 46,81% en la Comunidad.
Cabe añadir que
las listas de espera para la atención en el Centro Especializado de
Intervención en el Abuso Sexual Infantil de la Comunidad de Madrid (CIASI), son
de un promedio de seis meses a un año, para situaciones que no pueden esperar
ni un solo día. Se carece de políticas de prevención para la detección temprana
de estos abusos en los centros de enseñanza.
Se dirá que
debemos estar tranquilos, que ya hay un Plan de la Infancia y la Adolescencia
del Gobierno, pero no encontramos objetivos definidos que propongan ninguna
mejora concreta. La señora presidenta es explícita en el prólogo “lo que se
busca es que la Comunidad sea declarada por UNICEF `región amiga de la
infancia´ ”. ¿Ese es el objetivo? El documento ofrece datos, pero sin análisis
ni reflexión.
Efectivamente se
necesita una herramienta eficaz e imparcial de evaluación de las políticas de
protección de los menores y promoción de sus derechos que permita la rendición
de cuentas ante los representantes de los ciudadanos, que evite
disfuncionalidades en los recursos y aporte los datos e indicadores para
realizar un diagnóstico de la situación de la infancia en nuestra Comunidad y
favorezca las propuestas de mejora de la respuesta institucional. La
experiencia de la figura del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid ha
sido, al respecto, positiva. Se eliminó en 2012 con argumentos de restricción
presupuestaria. Esta interlocución es indispensable para conocer, analizar y
definir acciones con independencia.
Queda ahora por
tanto ser capaces de concretar estas propuestas en acciones consensuadas para
abordar esta delicada situación de la infancia y de la adolescencia en Madrid.
Desde luego, estamos absolutamente dispuestos a ello. De lo contrario, este Pleno
será infecundo.
Enlace a la dúplica de Ángel Gabilondo.
