Discurso de Ángel Gabilondo, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, en el pleno del pasado 29 de abril de 2020.
No nos apropiemos del luto ni del dolor. No pensemos en dos Españas: la de
los dolientes y la de los indiferentes. No hay una España indiferente a este
dolor. Todos lo sentimos.
Con profundo dolor por los fallecidos y con condolencia para sus familias,
con agradecimiento a todos los colectivos que trabajan en la crisis,
especialmente en la sanidad, en los servicios públicos, pero también en todos
los sectores que hacen que nuestra Comunidad y que todo España esté
abastecida y funcionando con los límites decididos. Y, desde luego, con
nuestro reconocimiento al comportamiento cívico de los madrileños.
Agradezco esta imprescindible convocatoria, a petición propia, señora
presidenta, que coincide con nuestra pública solicitud de que lo hiciera.
No vengo a hacer ostentación de las diferencias, a fin de alejar posiciones. No
creo que eso ayude a la Comunidad de Madrid a afrontar y resolver los
problemas de la ciudadanía. Ni voy a concentrarme en el debate sobre quién
lo vio antes. Ni fue tan fácil vislumbrar la que se avecinaba, ni se disponían de
estructuras activas para una adecuada perspectiva. Dejémonos de hacer ahora,
siempre con posterioridad, oraciones condicionales y subjuntivas (“si
hubiéramos”) para alentar discursos quejumbrosos o de denuncia sin remisión.
Pero deseo expresar con claridad mi posición y la de nuestro Grupo
Parlamentario, crítica y constructiva, sobre la actual situación y perspectivas.
Nos encontramos en una tesitura compleja y difícil. En muchos aspectos
dramática y, en todos, preocupante. Nos concierne.
Y este no es un debate sobre el poder ni sobre la legitimidad de su Gobierno.
No queremos cabalgar sobre una coyuntura tremenda para ponernos como
objetivo a ustedes. Nuestro objetivo es otro, lograr lo mejor de todas nuestras
capacidades para abordar y resolver esta situación que nos involucra a todos.
La carta que le remití a usted el pasado 4 de marzo sigue teniendo para nosotros
plena vigencia. Y mantengo la posición.
Decía: “estamos a su disposición para colaborar en cuanto sea preciso, a fin
de dar respuesta a la situación generada por el coronavirus en nuestra
Comunidad.” Y, “desde luego, cuente con nosotros para propiciar las medidas
que estime el Gobierno más adecuadas”.
Pero hay, en primer lugar, dos aspectos que no compartimos de lo sucedido.
Por una parte, que o bien se nos han comunicado en algún caso las decisiones
ya adoptadas, o se nos ha obviado. También se nos ha contestado, pero no
siempre se nos ha atendido o dado respuesta.
Y, en segundo lugar, no compartimos su actitud, en estado permanente de
encontrar que lo que resulta bien obedece a su gestión y lo que no es así es
culpa de otras administraciones o formaciones, por ejemplo, del Gobierno de
España.
Esto nos parece poco autocrítico, injusto, e infecundo desde el punto de vista
de la resolución de los problemas. Ignoro si eso le supone algún otro beneficio,
político o social, pero eso no respondería a lo que a mi juicio es lo primordial. No seguiré, por tanto, ese camino que, como digo, encuentro infecundo para
lo que nos concierne. Es más fructífero que usted no abdique de su
responsabilidad, ni nosotros de la nuestra. Desde ella, con ella, intervengo.
Hoy, 29 de abril, hace 34 años que el Boletín Oficial del Estado publicaba la
Ley 14/1986 General de Sanidad, que creó el Sistema Nacional de Salud. Esta
Ley sentó las bases para uno de los pilares del Estado de Bienestar más
apreciados por la ciudadanía española.
La universalidad de la cobertura, la atención primaria como base del sistema,
la visión integral de la salud y la planificación de los centros y servicios,
orientada a la equidad y cohesión social y territorial, constituyen grandes
logros de la sanidad pública española, que se ha revelado como uno de los
grandes aciertos de nuestra democracia.
La pandemia de COVID-19 ha encontrado dramáticamente a todos los países
del mundo desprevenidos ante una realidad imprevista y ha paralizado
naciones enteras y supondrá un antes y un después en todos los ámbitos de
nuestra sociedad. Ante las características de esta pandemia, los gobiernos se han visto obligados
a movilizar todos los recursos del Estado, incluido el confinamiento riguroso
y prolongado de toda la ciudadanía, afectando la vida social, cultural y
económica. Un confinamiento que en España fue decretado el 14 de marzo por
el Gobierno de la nación, declarando el Estado de Alarma, que hace unos días
ha sido prorrogado por tercera vez por el Congreso de los Diputados, hasta el
próximo 10 de mayo.
La epidemia ha golpeado duramente a España. Ayer contabilizábamos 23.822
fallecidos y 210.000 casos con prueba positiva.
Aunque la epidemia COVID19 ha afectado a toda España, no cabe duda de que la Comunidad de Madrid
ha sido el epicentro de la crisis. La pandemia ha sometido a la sanidad de Madrid a una prueba de estrés
extrema. Ha provocado días de una intensidad terrible, llegando a tener 15.227
pacientes COVID-19 hospitalizados en la Comunidad, cuando el número
normal de camas funcionantes es de poco más de 12.000, y 1.528 pacientes en
Unidades de Cuidados Intensivos, multiplicando por tres las camas de este tipo
disponibles en circunstancias normales. Los servicios de salud pública, de
emergencia, urgencias y atención primaria se han visto saturados, obligados a
trabajar muy por encima de su capacidad y en condiciones muy difíciles.
Madrid ha sido también, tristemente, el epicentro de las muertes de la crisis en
España. Desde su comienzo hasta ayer habían fallecido en hospitales 8.048
personas. Pero, contando también los fallecimientos atribuidos a COVID-19
fuera de los hospitales, el total son 13.704 fallecidos, y de ellos, 5.811 en
centros residencias de mayores. Ante una tragedia así, tenemos la obligación
moral y política de preguntarnos qué ha pasado y sacar consecuencias.
Con los
datos oficiales de que hoy disponemos, la Comunidad de Madrid tiene un
tercio de los fallecidos con test positivo de España.
En esta crisis, el personal sanitario está dando lo mejor de sí mismo,
generosidad y profesionalidad en condiciones muy duras y difíciles. Muchos
profesionales se han infectado, otros han sufrido la forma grave de la
enfermedad, e incluso tenemos que lamentar el fallecimiento de varios
sanitarios. Mi reconocimiento y respeto más profundo para todos ellos, junto
con nuestro compromiso de trabajar para fortalecer la sanidad madrileña.
Es preciso dejar constancia de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid
tiene competencias plenas, tanto de los servicios de salud pública como de los
servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud.
La salud pública es competencia de la Comunidad desde principios de los años
80. Una de sus funciones principales es la vigilancia epidemiológica y el
control de las enfermedades. Y tuvo un desarrollo muy potente, contando
incluso desde 2002 con un Instituto de Salud Pública, pero en 2008 la señora
Aguirre suprimió no solo el Instituto sino también la Dirección General de
Salud Pública, que no fue recuperada hasta la Legislatura pasada, cuando su
Partido perdió la mayoría absoluta en esta Cámara. Es decir, la Comunidad ha
estado siete años sin esa Dirección General, y no se ha recuperado la capacidad
perdida, una capacidad técnica crítica, tanto para alertar a tiempo brotes y
epidemias, como para hacerles frente. Y la crisis COVID-19 es una crisis de
salud pública.
Por su parte, los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud son
responsabilidad de la Comunidad de Madrid desde el 1 de enero de 2002.
Es
obligado recordar que con los Gobiernos de su Partido, presupuesto tras
presupuesto, se ha aprobado la inversión más baja por persona de España.
Indudablemente, esto tiene un reflejo en los recursos y capacidades disponibles
(bajo número de camas por habitante, mayor número de personas por
profesional médico y de enfermería en atención primaria, etc.). En 2005
teníamos 2,04 camas por 1.000 habitantes, cifra que bajó a 1,8 en 2018;
mientras la población creció un 15%, las camas solo un 2%. La sanidad
madrileña estaba ya al límite de su capacidad hospitalaria antes de la crisis.
Es cierto que ningún sistema sanitario del mundo está preparado para hacer
frente a una demanda explosiva de camas hospitalarias de agudos como la que
ha supuesto, y está suponiendo aún, la crisis COVID-19, pero el Servicio
Madrileño de Salud tenía su capacidad hospitalaria afectada y no estaba
especialmente bien preparado.
Señora presidenta, su Gobierno tiene plenas competencias en todo lo que
concierne a la regulación, ordenación, gestión e inspección de los centros
sociosanitarios, residencias de mayores y de personas con discapacidad, de
acuerdo con las condiciones creadas por el Real Decreto 463/2020 que
estableció el Estado de Alarma, que le ha dado nuevos y potentes instrumentos
para hacer frente a la crisis con todos los recursos necesarios públicos y
privados.
La respuesta política incluye el desempeño eficaz de la gestión en todos los
ámbitos de responsabilidad del Gobierno, pero también la exigencia
democrática de rendir cuentas ante la ciudadanía y sus representantes en la
Asamblea de Madrid.
Señora presidenta, su Gobierno no ha respondido adecuadamente a las
exigencias que tiene en cuanto a información pública. Es un hecho que hasta
el pasado día 22 de abril su Gobierno no ha empezado a ofrecer información
diaria sobre la situación de la epidemia en la Comunidad. Tampoco ha
respondido usted, ni el Consejero de Sanidad, a la necesidad de comparecer
regularmente ante los medios de comunicación sometiéndose a sus preguntas,
y no hablo de entrevistas.
No voy a entrar en un análisis detallado de la gestión de la crisis sanitaria por
parte de su Gobierno. Para ello, hemos pedido un Pleno Monográfico, que
confío propicie la mayoría que apoya a su Gobierno en la Mesa de la
Asamblea.
Desde un punto de vista organizativo y gestor, quizá el logro sanitario más
destacable de la crisis es el gran esfuerzo en reconvertir eficazmente, en un
tiempo récord, y en condiciones muy difíciles, todo el sistema hospitalario del
Servicio Madrileño de Salud, adaptándolo a las necesidades de COVID-19,
ampliando significativamente el número de camas de hospitalización y
multiplicando las de UCI. En este logro es de justicia reconocer el mérito de
los directivos de los hospitales, jefes de servicio y de los profesionales de todos
y cada uno de los hospitales madrileños.
Hay, sin embargo, un aspecto del hospital IFEMA que es obligado comentar.
Me refiero a sus `costes de oportunidad´, no a ninguna cantidad económica,
sino a lo que se pierde, deja de hacer o tener. Para poner en marcha este
hospital han cerrado 102 centros de atención primaria y los SUAPs (Servicios
de Urgencia de Atención Primaria). Con ello, han descargado toda la atención
sanitaria de la crisis COVID-19, y de las demás patologías, en las urgencias
hospitalarias. Razón añadida por la que en los días más álgidos de la crisis
llegaron a un grado de saturación insoportable.
Así, algunos hospitales que estaban en momentos muy dramáticos como los
de Alcalá de Henares, Leganés o Alcorcón, entre otros, demoraron, por las
reticencias de la Consejería, la instalación de medios excepcionales, siendo sus
alcaldes quienes movilizaron los recursos junto con Delegación del Gobierno,
la UME y las propias gerencias. Situación de saturación que se produjo,
además, en otros muchos hospitales como, 12 de Octubre, La Paz, etc.
Afortunadamente, hoy podemos decir, con prudencia siempre, que hemos
dejado atrás por ahora lo peor de la crisis sanitaria. El gran descenso habido
en número de casos nuevos, en pacientes hospitalizados y en Unidades de
Cuidados Intensivos, y sobre todo en fallecimientos es (si cupiera hablar así)
muy positivo y permite pensar construir la nueva normalidad de la postepidemia inmediata.
Haber superado la fase álgida de la crisis es un gran logro colectivo. De toda
la sociedad, también de usted y de su Gobierno y, cómo no, del Gobierno de
España. Esperamos, señora presidenta, que evite apropiarse de los logros como
propios y exclusivos y achaque a sus rivales políticos todos los fallos y
problemas. Si lo hace, corre el riesgo de propiciar un debate estéril, y además
socialmente corrosivo, en el que fluyan razones y argumentos sobre si los
avances logrados lo han sido a causa de su Gobierno o, más bien, por el
contrario, a pesar del mismo.
La situación actual sigue siendo compleja y son muchas las dificultades a los
que nos vamos a enfrentar en la sanidad madrileña. En primer lugar, porque la
epidemia ha agravado y agudizado los problemas que el Servicio Madrileño
de Salud venía arrastrando desde hace tiempo. En segundo lugar, porque
retomar la actividad sanitaria normal en la post-epidemia COVID-19 obliga en
las semanas y meses próximos a una muy compleja reorganización de los
hospitales y centros de salud, incluido un refuerzo sin precedentes de los
servicios de salud pública y de atención primaria.
Al respecto, señora presidenta, hay dos propuestas que no admiten dilación:
1ª. Contratar a las nuevas promociones de especialistas que terminan a finales
de mayo su especialidad.
2ª. No precipitarse en prescindir del personal contratado para hacer frente a la
epidemia. Se trata de 8.539 sanitarios con experiencia con los que deberíamos
seguir contando.
Ahora bien, lo más terrible y doloroso es lo sucedido en las residencias de
personas mayores. La situación viene siendo muy polémica. Durante años
hemos señalado la falta de recursos y reclamado una atención de calidad. Las
residencias han sido sancionadas entre 2014 y 2019 más de un centenar de
veces. Tras diversas acciones, en julio de 2019 el Defensor del Pueblo obligó
a abrir una actuación de oficio por el alto número de expedientes sancionadores
y los familiares se han venido organizando ante la falta de respuesta de la
Comunidad Madrid. En 2016, los propios trabajadores de las residencias
denunciaron la situación en la Asamblea. Las palabras de negación y
minimización del problema del entonces consejero constan en las
hemerotecas.
La pandemia ha amplificado lo ya latente y lo ha mostrado con total
contundencia ante la sociedad. La causa de los fallecidos y enfermos en las
residencias de mayores por COVID-19 es la de un virus que afecta gravemente
a personas con diversas enfermedades o enfermedades previas, pero la
responsabilidad de su propagación obedece a un escenario especialmente
frágil, incapaz de hacer frente a algo que se ha demostrado de la forma más
trágica (5.811 fallecidos).
Resulta manifiesto el insuficiente control por parte de los servicios públicos
regionales y en plena crisis, con cambios de estrategia, sin logros claros,
además de la opacidad que existe y ha existido. Aún hoy seguimos sin conocer
datos pormenorizados y la situación en cada residencia. Es imprescindible
saberlo.
Nuestra propuesta es que los derechos de las personas mayores y de las
personas con discapacidad sean un eje fundamental del pacto de
reconstrucción que debemos hacer. Las residencias de mayores, así como
todos los servicios de cuidado han de revisarse. Han de estar bien preparadas.
Es necesaria más presencia y mayor control de las instituciones públicas, con
procedimientos transparentes y evaluaciones constantes. Y debemos hablar del
modelo, conscientes de que se trata de centros que precisan atención
sociosanitaria para personas, en muchas ocasiones, en situación de diversas
formas de dependencia.
Ciertamente, ha faltado material de protección, y ello ha tenido efectos bien
negativos. No es cuestión de no asumir cada quién su responsabilidad.
Podemos entrar en comparación de cifras y hacer cada cual un relato.
Disponemos de variada, y a veces enfrentada información, más que, en
algunos casos, de los procesos de distribución de los recibidos por la
Comunidad. Sabemos lo difícil de su adquisición en un mercado internacional
con colapso por la intensidad de la demanda, complejísimo y con reglas poco
claras o muy discutibles. Pero ¿falló la logística? Nadie impidió a su Gobierno
que comprara. Ni retuvo material. Otras comunidades menos propensas a las
controversias se anticiparon.
No olvidamos la labor de su Gobierno para lograr material y nos alegramos
cada vez que se consigue. Pero no obviemos que por parte del Gobierno de
España solo en mascarillas, por ejemplo, se han entregado en Madrid
14.281.209 unidades.
La crisis sanitaria, la pandemia del COVID-19, ha inaugurado, a la vez, un
escenario de incertidumbre en el ámbito social y económico a nivel regional,
europeo y global. Y las proyecciones macroeconómicas de hace unos meses,
no solo no sirven, sino que las revisiones que vamos conociendo son
inquietantes.
Y el impacto económico está siendo enorme, en las empresas, sobre todo en
las PYMES, en sus trabajadores, en los pequeños comerciantes, en autónomos
y sus familias. Son muchos los sectores afectados, pero es imprescindible
desarrollar una nueva estrategia turística para la región, con medidas concretas
para lo que queda de 2020.
O lo esencial que ha resultado nuestro sector primario. Los madrileños
necesitamos a agricultores y ganaderos. Toda ayuda será poca para un sector
decisivo y que precisa actualizarse.
Es necesario tomar medidas de carácter urgente, que ayuden a contener el
impacto económico negativo y el mantenimiento de empresas y del empleo.
Se deberá, a la vez trabajar por la prevención de los riesgos laborales y
garantizar la protección social de las familias y las personas más vulnerables.
En esta situación ha alcanzado incluso a grandes sectores de la clase media.
Concretamente, los datos iniciales de la Comunidad de Madrid, ofrecidos
desde las consejerías económicas del Gobierno regional, hablan de que el
impacto sobre el PIB será de una caída entre el 5,2 y el 10,2% del mismo, en
el peor de los escenarios. Eso supondría una pérdida de entre 230.000 a
330.000 puestos de trabajo, siendo muy acusada en las PYMES madrileñas, en
no pocos casos hasta su desaparición.
Se trata de evitar ratificar este escenario. No podemos seguir esperando o
parcheando con medidas inconexas, y sin consensos tanto sociales como
políticos.
La región partía en febrero de 2020 de un paro registrado de 352.896 personas.
Es importante recordar que este dato estaba por encima de los de paro
registrado de 2008, año del inicio de la última crisis financiera, cuya media fue
281.045. Lo cual implica que nuestro mercado de trabajo presentaba
debilidades. La posición de partida antes de la crisis del COVID-19 no era la
mejor. Ya en marzo, se incrementa el paro registrado hasta 363.760; y los datos
de abril no serán tampoco positivos. Hay que desplegar propuestas para evitar
el peor de los escenarios indicados anteriormente.
Con el objetivo de ayudar a no destruir tejido productivo y los empleos
asociados, se ha facilitado y promocionado la figura del ERTE. En nuestra
región se han presentado hasta el 23 de abril 72.848 expedientes, que afectan
a 443.361 trabajadores. El 84% de estos ERTEs corresponden a PYMES de
uno a diez trabajadores. Es preciso apoyar tanto a estas empresas y a los
trabajadores para que puedan salir con éxito del ERTE, ya que en no pocos
casos la prestación percibida, que asume el Estado, es inferior al salario que
percibían anteriormente y causa dificultades económicas en sus hogares.
En marzo de 2020 había en nuestra región 404.004 autónomos. Según los
últimos datos, en la Comunidad han solicitado la prestación por cese de
actividad 122.680. De ellos, se habían gestionado ya 112.500, con el esfuerzo
económico correspondiente, quedando exonerados del pago de las cuotas de
seguridad social y con una prestación mínima de 661 euros al mes.
Consideramos que las propuestas que generen apoyo a este colectivo son
prioritarias y bienvenidas. Pero, para ser eficaces no solo deben ser anunciadas,
sino ejecutadas con celeridad.
Otras comunidades han emprendido ya el viaje del acuerdo económico,
político y social y ya han adoptado medidas que están poniéndose en práctica.
Comunidades de distinto signo político, como Castilla y León o la Generalitat
Valenciana.
Esta crisis ha revelado otra realidad inequívoca, la desigualdad educativa, bien
patente en estos días de confinamiento. Ha de situarse en el centro de nuestras
actuaciones políticas si queremos afrontar esta crisis con un horizonte
adecuado.
O a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, como las mujeres
víctimas de violencia de género, a las que este confinamiento se les ha hecho
aún más penoso, y necesitan de la Administración regional más que nunca.
Para eso, lo más importante es, a nuestro juicio, señora presidenta, la actitud
de su Gobierno, la suya propia, y la valoración que hace de esta situación.
Desde luego, lo primordial es tener bien presentes a los fallecidos, a los
infectados, a sus familiares. En Madrid, en un número extraordinariamente
elevado. Pero precisamente por respeto a ellos, es indispensable que centremos
la atención en propiciar puntos de encuentro. Pero no es comprensible que no
corresponda al sentido y al contenido de nuestra colaboración, con una
disposición y un discurso público que lidere los procesos de resolución de los
problemas, más que de permanente conflicto.
Y no solo por las energías y el tiempo que eso requiere, sino porque eso no
incide en que se resuelva problema alguno. Todo queda entonces reducido a
una cuestión de poder.
No dudo de que ustedes han trabajado con intensidad.
Evidentemente no
siempre con acierto. Suele ocurrir. Pero no seré yo quien les eche en cara lo
que sin duda ha sucedido contra su voluntad, contra la voluntad de todos. Pero
sí es su competencia, la de la Comunidad de Madrid, la del Gobierno de
Madrid, analizarlo. Y con una actitud de coordinación y de colaboración con
las otras comunidades y con el Gobierno de España. ¿Por qué tantas veces se
limita a decirnos lo que ha hecho o va a hacer y no cuenta seriamente con los
grupos parlamentarios para buscar conjuntamente cómo proceder? ¿Encuentra
que somos un obstáculo, una molestia con la que ha de convivir?
Estamos aquí por decisión ciudadana, amplia, por cierto, para construir, para
aportar, para analizar y en su caso criticar. Y no simplemente para ratificar.
Necesitamos más participación efectiva. No somos una consultora.
Por todo ello, le reitero que, dada la situación generada, en una Comunidad
singularmente afectada por la crisis, y las secuelas de la misma, desde el
sentido de responsabilidad y con la máxima voluntad de afrontarla, nuestro
Grupo está dispuesto a participar en un proceso de reconstrucción, con otra
ambición, porque es una urgencia, la de un acuerdo político y social.
Necesitamos un diálogo sincero y abierto, con todos los grupos, con los
municipios y con los agentes sociales, en la atenta escucha a una población
que demanda un acuerdo de reconstrucción. Con estrategia y con proyección
presupuestaria.
Debemos pactar también las diferencias y buscar lo que nos une con una
propuesta estructurada en varios ejes:
1. Fortalecer las áreas de competencia autonómica: sanidad, dependencia,
servicios sociales de calidad y educación.
2. Agilizar las respuestas económicas y para el empleo, complementando
todas las medidas del Gobierno central desde lo autonómico.
3. Contar más con los municipios de la región. Es urgente un pacto local y
generar las condiciones para una mejor coordinación y participación de
los ayuntamientos en la resolución de los problemas derivados de esta
pandemia.
4. Comprometernos a las modificaciones legislativas presupuestarias
necesarias para lograr los objetivos derivados del trabajo que se realice.
5. Trabajar por conseguir una masiva implicación de la Unión Europea en
la recuperación económica y social, obteniendo y optimizando al
máximo los recursos comunitarios para afrontar las consecuencias de la
crisis en la región.
Busquemos lo que nos une. Pensamos distinto, desde luego. Pero a partir
de ello se ha de fraguar un acuerdo. La situación es de emergencia. ¿Es que
no está claro? ¿Qué otra alternativa cabe?
