martes, 19 de mayo de 2015

Más TRANSPARENCIA y rendición de cuentas. #votaPSOE

SOLUCIONES JUSTAS





La toma de decisiones públicas debe estar presidida por la objetividad, la transparencia y la eficacia de la Administración. Impulsaremos las reformas normativas precisas para conseguir que estos tres principios guíen la actuación de la Comunidad de Madrid, empezando por su propio Consejo de Gobierno.

  • Todas las y los altos cargos cuyo nombramiento corresponde al Gobierno regional comparecerán, con carácter previo, ante la correspondiente comisión de la Asamblea de Madrid. Del mismo modo lo harán las y los miembros de los órganos ejecutivos unipersonales o colegiados de las entidades instrumentales de la Comunidad de Madrid, incluyendo las sociedades mercantiles y las fundaciones “en mano pública”.
  • En la página web de la Comunidad de Madrid se contendrá el currículum de Los altos cargos de la Comunidad de Madrid y sus entidades dependientes, así como de sus asesores.
  • De igual forma, en la página web de la Comunidad de Madrid se difundirán las agendas de todos los altos cargos y asimilados, con desglose de visitas y reuniones, reflejando expresamente la naturaleza, objetivos e interlocutores de sus reuniones con ciudadanos, asociaciones y representantes de intereses económicos o sociales.
  • Se aprobará un Código Ético y de Buen Gobierno basado, entre otros, en los principios de objetividad, integridad, transparencia, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, confidencialidad, austeridad, ejemplaridad, accesibilidad, eficacia y dedicación al servicio público.
  • Previamente a su toma de posesión, todos los altos cargos firmarán su compromiso con el Código Ético y de Buen Gobierno.
  • Se aprobarán las modificaciones normativas necesarias para reforzar el sistema de incompatibilidades y dificultar la colusión de intereses públicos y privados.
  • Se elaborarán planes de prevención de la corrupción, en los que se señalará las y los funcionarios responsables de cada expediente, los protocolos a seguir cuando el funcionario/a al que se puede exigir responsabilidad por un expediente irregular detecte algún indicio de corrupción y los instrumentos de protección de dichos funcionarios/as frente a posibles represalias.
  • En el sitio web de la Comunidad de Madrid se creará un Portal de Transparencia en el que se publicarán todos los contratos realizados por la Administración -incluida la Institucional– y las sociedades mercantiles con mayoría de capital público, así como los pagos efectuados en cumplimiento de los mismos. La información del Portal deberá incluir el nombre de la persona o entidad jurídica que suscribe el contrato, el número de identificación fiscal, la razón del gasto, la fecha de su realización y la copia de la factura que se emita, así como la disposición legal en la que se ampara, sin perjuicio de la observancia de la legislación sobre protección de datos.
  • Una nueva ley obligará al Gobierno regional a presentar con carácter anual un informe sobre la evolución de los principales indicadores de desigualdad, calidad de vida y desarrollo sostenible, a fin de evaluar las consecuencias de las políticas adoptadas. Este informe se presentará cada año en la Asamblea de Madrid y será sometido a un debate con los grupos parlamentarios.

Reforma de la Administración. Modernización y calidad

La eficacia de la Administración Pública es una exigencia constitucional. Para los socialistas, además, este objetivo está asociado a la protección de los derechos individuales y colectivos que la propia Carta Magna establece. La actividad administrativa debe pues, disponer –siempre de forma racional y planificada– de suficientes medios personales, económicos y materiales. Con esa finalidad:
  • En todos los planes y programas de actuación estarán presentes, de forma transversal, los principios de la igualdad de derechos y oportunidades, así como el respeto a la diversidad. Los informes de impacto de género serán públicos.
  • La igualdad entre mujeres y hombres es un principio constitucional, pero para los socialistas su promoción es, además, una seña de identidad de todas nuestras políticas. Gran parte de los avances en igualdad –también entre hombres y mujeres– en la historia democrática de nuestro país han venido de la mano del socialismo. Consecuentemente, el gobierno que formemos será paritario.
  • La Administración regional contará con estructuras específicas para la coordinación e impulso de las políticas transversales de igualdad entre mujeres y hombres.
  • Impulsaremos la tramitación electrónica todos los expedientes, restringiendo en lo posible el uso del papel. La imposibilidad de acceso a los medios electrónicos será suplida por las oficinas públicas mediante la ayuda necesaria. Se apoyará especialmente a colectivos con especiales dificultades que, por causas diversas (idioma, limitaciones tecnológicas, discapacidad o cualquier otra) vean limitado su acceso a la tramitación electrónica.
  • Revisión de las fórmulas de externalización de funciones públicas, a fin de prestar la actividad de forma directa por las Administraciones públicas.
  • Mejora en los procedimientos de contratación administrativa, a fin de garantizar su publicidad y su eficiencia y para evitar el riesgo de corrupción. En este sentido, se reformulará el Portal de la Contratación pública madrileña en aras de ganar efectividad y conocimiento por parte de los posibles concurrentes en los procedimientos competitivos. 
  • Se racionalizarán, en aras del principio de eficiencia en el gasto público, los procesos de contratación de los entes públicos, promoviendo procesos centralizados para la contratación de bienes y servicios del conjunto de la Administración autonómica, a fin de abaratar los costes.
  • En los pliegos de condiciones para la contratación administrativa se incluirán cláusulas sociales y ambientales, de fomento de la responsabilidad social de las empresas y en defensa de la negociación colectiva, así como relativas al respeto a los derechos humanos.
Función Pública

Necesitamos una administración que, tras los ataques de la derecha a todo lo público, dignifique y proveche la Función Pública regional, valorando la actividad desarrollada por las y los servidores públicos, reservando su profesionalidad e independencia y garantizando su carrera profesional conforme a los principios de mérito y capacidad. Los empleados y empleadas públicos de la Comunidad de Madrid han demostrado sobradamente su profesionalidad, incluso en un contexto de profundos recortes y con un alto nivel de precariedad; los consideramos agentes fundamentales para llevar a cabo las propuestas de este programa y contamos con ellos y ellas para gobernar de otra manera y cambiar la Comunidad de Madrid. En definitiva, es preciso caminar hacia un modelo de Administración que garantice el interés general y sea 
motor e impulsor de empleo. Por ello nos proponemos:
  • Recuperar el diálogo con la representación de los empleados/as públicos y reconstruir el marco de los acuerdos en la Administración de la Comunidad. 
  • Trazar un Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Administración regional que persiga cualquier situación de desigualdad que afecte a la carrera profesional de las empleadas públicas.
  • Implantar programas de conciliación entre la vida laboral y familiar, en el marco de un programa de responsabilidad social corporativa para la Administración.
  • Diseñar un plan contra todo tipo de acoso laboral o menoscabo de la integridad moral o profesional que sufra cualquier empleado/a público.
  • Reducir la precariedad y la temporalidad convocando, conforme a la ley, las pruebas selectivas para el acceso a los cuerpos de funcionarios y a las plazas de personal laboral indefinido. Se propiciará la consolidación de empleo de los puestos de trabajo que se encuentren cubiertos interinamente.
  • Dar cumplimiento efectivo a la incorporación de personas con discapacidad en un 7% de las plantillas de la Administración Autonómica.
  • Fortalecer la carrera administrativa y la independencia de los empleados/as públicos respecto de los responsables políticos. Se limitará la provisión de puestos funcionariales mediante libre designación, con carácter general, a los de nivel 30 y a los puestos de secretaría de alto cargo.


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