Aprobado el INGRESO MÍNIMO VITAL

Ingreso Mínimo Vital, una cuestión de justicia social

Con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital se produce en nuestro país un hecho histórico que responde a la necesidad económica de redistribución de los ingresos y de erradicar la pobreza severa en nuestra sociedad.

Con la reciente aprobación, en Consejo de Ministros extraordinario, del Real Decreto que pone en marcha en nuestro país el Ingreso Mínimo Vital, se produce un hecho histórico que responde a la necesidad económica de redistribución de los ingresos y la obligación ética de erradicar la pobreza severa en nuestra sociedad. Pero, además, es una medida que se muestra imperativa ante las extraordinarias consecuencias que está generando la crisis sanitaria.

Esta disposición beneficiará en nuestro país a unos 820.000 hogares, de los cuales 100.000 son familias que recibirán ya en junio la prestación de oficio por su condición de extrema gravedad. Son colectivos que se encuentran abocados a la exclusión en un escenario de riesgo sanitario asociado a la pandemia. Esta prestación dará cobertura y mejorará la protección a la infancia garantizando una base homogénea de ingreso mínimo.

En la necesidad de fundamentar ese suelo uniforme, la prestación prioriza una actuación estatal sobre un campo que hasta ahora estaba cubierto por las comunidades autónomas en el marco de sus competencias asistenciales. Las ayudas en el conjunto del país son muy diversas y desiguales. En este contexto tan descentralizado como lo es nuestro país el Estado tiene capacidad de actuación en el marco de la Seguridad Social.

La pobreza severa en los Estados desarrollados es una “realidad oculta”. Se esconde y se ignora porque es la vergüenza que no se quiere mostrar. Su existencia sólo se entiende desde el desinterés o el egoísmo patológico de opciones políticas que han impedido abordar el tema con resolución. Son las mismas ideologías que han tachado de “broma”, “paguita”, “regalo”” la medida propuesta por el Gobierno de Sánchez.

Sin embargo, hay sectores conservadores que dan por hecho que el ingreso mínimo vital es una herramienta adecuada de protección a los más vulnerables. Son conscientes de que las transferencias monetarias son instrumentos útiles frente a la pobreza, pero la circunscriben al tiempo necesario para salvar la actual crisis producida por el COVID 19.

La pobreza severa sólo se entiende desde el desinterés o el egoísmo patológico de opciones políticas que han impedido abordar el tema con resolución, las mismas que han tachado de “broma”, “paguita” o “regalo” la medida propuesta por el Gobierno de Sánchez.

 

Pero ésta no puede ser una herramienta coyuntural al contexto de la pandemia. España es uno de los países de la OCDE con mayores tasas de pobreza severa y una peor distribución de la renta. La pobreza y la exclusión social distan mucho de ser fenómenos coyunturales en nuestro país. El Ingreso Mínimo Vital aprobado es un paso decidido en el camino de la justicia social y ha venido para quedarse.

Y es que la medida tiene una poderosa racionalidad económica. Recientemente María Luisa Carcedo, secretaria General de Sanidad y Consumo del partido socialista ha sido clara al escribir en un conocido medio digital que “Todos los recursos que se coloquen en las rentas bajas se vuelcan de hecho en la economía productiva del país, lo que no ocurre con las de rentas con grandes capacidades de ahorro”.

La cuestión es que “las decisiones del gobierno del PP en la gestión de la última crisis llevaron a nuestro país a cotas de desigualdad que lo situaban entre los más desiguales de la UE”. En este sentido los gobiernos de Rajoy no nos dejaron en la mejor situación para afrontar futuras crisis y menos la gigantesca crisis social y económica subsiguiente a la pandemia del coronavirus que ha agudizado de manera dramática esta realidad. Esta “situación compromete a los niveles de justicia social y cohesión del país”.

Vivimos tiempos acelerados por las constantes medidas adoptadas para doblegar el frente de batalla contra el coronavirus. En este contexto cualquier actuación puede parecer precipitada o poco meditada, pero no es el caso. Ya en julio de 2015, el presidente Pedro Sánchez prometió en Mérida crear “un Ingreso Mínimo Vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que proporcione unos ingresos mínimos para las personas en situación de pobreza y que refuerce y extienda las prestaciones por hijos a cargo para eliminar la pobreza infantil en este país.

El futuro gobierno socialista, va a destinar y va a multiplicar por seis los recursos destinados hasta ahora a paliar la pobreza en nuestro país hasta alcanzar los 6.000 millones de euros al año. Como presidente del Gobierno mi compromiso será acabar con la pobreza infantil en cuatro años. Ese será el compromiso del Partido Socialista”.

Lo que se recogió en Programa electoral que el PSOE presentó en la convocatoria a Elecciones Generales del año 2019. En la página 99 puede leerse el compromiso de “Poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital estatal, de carácter no contributivo, que asegure a las personas un nivel básico de ingresos ante posibles contingencias con el fin de evitar que ninguna persona u hogar caiga en situaciones de absoluta desprotección, que dificulten su reincorporación a la vida normalizada”.

El Ingreso Mínimo Vital formaba parte del programa electoral socialista y también del partido político socio del gobierno de coalición. Se incorporó al acuerdo de gobierno y la crisis del COVID 19 ha adelantado su diseño definitivo y su implementación porque la crisis generada está produciendo mucho dolor y sufrimiento. Situaciones críticas entre los más vulnerables. Era necesario reforzar la capacidad redistributiva de las políticas públicas y consolidar esta red de protección social. Nadie se puede quedar atrás, todos somos necesarios.

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